El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, se reúne hoy con sus homólogos de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Galicia, Alberto Núñez Feijóo; y Aragón, Javier Lambán, "para acordar criterios sobre la transición energética, el futuro de la minería, la financiación autonómica y la caída de población". En un comunicado que publicó ayer, el Ejecutivo asturiano "alerta sobre las graves consecuencias que conllevaría el cierre de las centrales térmicas y reclama medidas que permitan sobrevivir a las explotaciones mineras". En ese sentido, el presidente del Principado -informa el Gobierno regional- va a promover "la colaboración entre autonomías para defender un país industrialmente fuerte, solidario en su financiación y capaz de hacer frente al declive demográfico".
El comunicado difundido por el Ejecutivo asturiano explica que el encuentro que mantendrán hoy los cuatro presidentes autonómicos "servirá, entre otros objetivos, para expresar el rechazo conjunto al cierre de las centrales térmicas y reclamar una transición energética responsable". Este planteamiento -informa el Gobierno regional- será trasladado tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea: "el Ejecutivo del Principado -dice el comunicado- recuerda que 2018 es clave para definir el modelo de transición energética y pelear por la supervivencia de las explotaciones mineras, dos asuntos sobre los que siempre ha mantenido una posición nítida y firme".
Cuestión de precio
El Ejecutivo que preside el socialista Fernández comparte plenamente el planteamiento que sobre el carbón mantiene el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha asegurado en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas que el cierre de las centrales térmicas de carbón incrementaría hasta un 26% el precio de la electricidad. "La clausura de las centrales -explica en su comunicado el Gobierno regional- implicaría un aumento del precio de la electricidad, lo que restaría competitividad a la industria española, en especial, a las empresas que más energía consumen (electrointensivas)".
Según la Decisión 787, aprobada en el año 2010 por el Consejo Europeo, el 31 de diciembre del año 2018 deberán estar cerradas todas las explotaciones deficitarias. Además, Bruselas impone otra condición: las empresas rentables -las que obtienen beneficios de la quema de carbón para generar electricidad- están obligadas a devolver las ayudas que hayan recibido. Frente a esas obligaciones, los gobiernos de Asturias, Aragón y Castilla y León solicitan ahora "más flexibilidad a las autoridades comunitarias para el reintegro de estos fondos".
Frente al discurso del carbón
En las antípodas del discurso del Gobierno de Asturias, la Fundación Renovables -que lidera un grupo independiente de expertos en materia de energía- pide "un plan de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón en España validado por la Organización Internacional del Trabajo". En esa línea también trabaja la organización ecologista WWF, que denuncia que el Gobierno está impidiendo que se haga una verdadera transición justa en las comarcas mineras, y Greenpeace, que asegura que "un sistema eléctrico prácticamente 100% renovable, eficiente, inteligente y en manos de la gente abarataría las facturas energéticas de los hogares españoles hasta un 34%".
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