La Comisión de Evaluación de candidaturas a las Instituciones Financieras Internacionales del Gobierno de España ha seleccionado a los candidatos para cubrir los puestos que corresponden a nuestro país en el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). Según La Moncloa, "se trata de organismos de alta importancia en la esfera internacional, que requieren una elevada cualificación para ejercer la representación de los países y que se rigen por los acuerdos de rotación". Para la selección de los candidatos -José Manuel Soria (BM), Fernando Jiménez Latorre (FMI) y Pablo Gasós y Casao (BERD), el Gobierno -informa La Moncloa- ha utilizado "el criterio de idoneidad y el historial de servicio público, así como la experiencia en las materias que corresponden".
Director ejecutivo
El puesto a cubrir en el Banco Mundial es el de Director Ejecutivo para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de octubre de 2018. España comienza ahora su turno en la silla que comparte con México, Venezuela y cinco países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). El candidato propuesto por el Ejecutivo Rajoy -Gobierno que está en funciones desde diciembre del año pasado- es José Manuel Soria (Las Palmas de Gran Canaria, 1958). Soria estudió Economía, pero lleva varias décadas dedicado a la política. Su primer gran éxito electoral lo obtuvo en 1995, cuando se convirtió en alcalde de su ciudad; desde entonces no ha abandonado esa carrera, que le condujo a la vicepresidencia del Gobierno canario a mediados de la década pasada y al ministerio de Industria, Energía y Turismo a principios de esta.
Panamá
Su trayectoria como ministro, cargo que alcanzó en diciembre de 2011, finalizó abruptamente el pasado mes de abril, cuando se vio obligado a dimitir como consecuencia del escándalo de los Papeles de Panamá, un vasto trabajo informativo que ha llevado a cabo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que ha sacado a la luz una larga lista de políticos y empresarios de todo el mundo que tienen o han tenido cuentas bancarias en paraísos fiscales, entre ellos, el exministro de Economía Rodrigo Rato, el primer ministro de Islandia, o Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del comisario europeo y exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete. El nombre de José Manuel Soria, ahora candidato a director ejecutivo del Banco Mundial, apareció vinculado a varias sociedades domiciliadas en los paraísos fiscales de Bahamas (Caribe) y Jersey (Reino Unido).
Elusión
Según el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cruzado, "la ciudadanía española tiene que pagar entre 800 y 1.000 euros al año en impuestos por el coste del fraude fiscal". La evasión, la elusión y el fraude fiscales hurtan decenas de miles de millones de euros todos los años a la Hacienda pública, que dispone así de menos recursos para atender necesidades sociales. Un informe firmado en marzo de 2015 por el propio Ministerio de Hacienda señalaba que, entre 2009 y 2013 (último dato disponible), el presupuesto para Sanidad ha caído un 14%: 10.000 millones de euros. Según todos los expertos, la elusión fiscal (a través de paraísos fiscales) supone un claro menoscabo del principio de ejemplaridad al que está obligada la administración, y menoscaba también la competencia justa entre empresas.
Candidato
Pues bien, a pesar de lo poco edificante que fue la salida de Soria del Gobierno, el Ejecutivo Rajoy ha decidido proponerle ahora candidato a director ejecutivo del Banco Mundial. Más aún: según La Moncloa, el exministro es un aspirante idóneo por, entre otras cosas, su "historial de servicio público". Por lo demás, y en lo que se refiere a su balance como ministro de Industria, Energía y Turismo, tres son las claves que definen su trayectoria. Uno: cuando Soria llegó al ministerio, en diciembre de 2011, la deuda del sistema eléctrico ascendía a 23.328 millones de euros (Informe 39/11 de la Comisión Nacional de la Energía); al final de su legislatura, a 31 de diciembre de 2015, la deuda del sistema eléctrico ascendía a 25.056,5 millones de euros (dato extraído del informe INF/DE/017/16 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
Dos: el precio
A pesar del mantra mil veces repetido por el propio ministro de que el precio de la electricidad ha bajado a lo largo de los últimos cuatro años, todos los informes revelan que ha sucedido exactamente lo contrario: ha subido. Lo dicen los consumidores, lo señalan think tanks como Economics for Energy (poco sospechosos de bolivarianismo) y, por fin, lo dice la mismísima CNMC, que publicó en diciembre pasado un informe sobre la evolución del precio de la electricidad durante el quinquenio 2011-2015. Según ese documento, mientras que en 2011 el consumidor pagó 21,9 céntimos de euro (impuestos incluidos) por cada kilovatio hora que consumió, en 2015 estamos pagando 24,1 c€ por kilovatio hora (impuestos incluidos), "lo que significa -dice literalmente la CNMC- que el precio con impuestos se ha encarecido más de un 10% desde 2011".
Y tres: la destrucción de un sector que fue buque insignia de la Marca España
El empleo en el sector de las energías renovables ha experimentado una brutal caída en esta última legislatura. Diversas estimaciones sitúan hoy en torno a los 75.000 los puestos de trabajo que sostiene el sector en España, "aproximadamente la mitad del empleo que existía en el país en el año 2008", según la organización ecologista WWF (las mismas cifras las maneja la patronal, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA). En el resto del mundo, sin embargo, el sector no solo no ha perdido empleo sino que, antes al contrario, no ha cesado de incrementar sus números. Según el último informe que sobre el particular ha publicado la Agencia Internacional de las Energías Renovables, el empleo creció en el sector un 5% en 2015. Los países con mejores cifras son China, Brasil, Estados Unidos, India, Japón y Alemania.
De la rentabilidad "razonable"
Entre las Medidas Soria más criticadas por el sector, la sustitución de la prima por la denominada "rentabilidad razonable" es quizá la que más polémica ha suscitado. La tesis gubernamental era la siguiente: las primas de las energías renovables son muy elevadas y, por eso, hay déficit de tarifa (y crece la deuda eléctrica). ¿Solución? Vamos a cambiar la prima por una "rentabilidad razonable". El Ejecutivo Rajoy se dispuso a cuantificar lo que habían invertido los empresarios del sector en montar sus instalaciones, decidió cuantificar asimismo lo que les costaba a esos empresarios operar y mantener esas instalaciones y, por fin, propuso aplicarle una rentabilidad razonable a esos costes. Y el Gobierno consideró que lo razonable era un 7,5%. Para valorar los costes, el Ministerio contrató a dos consultoras, que debían concretar esos números (precisarlos en cada tecnología renovable) para, a partir de ellos, aplicar esa rentabilidad.
Por oposición
Cuando el Ejecutivo establece por fin (Real Decreto 413 de junio de 2014) la retribución concreta al kilovatio hora renovable (retribución-rentabilidad razonable, por oposición a la prima desorbitada... que ese era su discurso), todas las asociaciones del sector protestan. ¿Por qué? Pues porque todas aseguran que los números en los que se ha basado el Gobierno son erróneos. Todas sostienen que el Gobierno ha subestimado esos costes y que, a partir de costes subestimados, subestima la rentabilidad razonable. La patronal pide los informes al Gobierno, este se los niega y, finalmente, el escándalo estalla cuando se descubre que el Gobierno ha establecida esa rentabilidad sin haber visto antes los informes. Es más: una de las consultoras ha sido despedida en mitad del proceso “por los reiterados incumplimientos del contrato en que ha incurrido”. Vamos, que ni siquiera había elaborado el informe susodicho. En el fondo de todo, el déficit de tarifa: le recortamos la retribución a las renovables para que no haya déficit. (Sobre el particular, léase El enésimo caso oscuro del Ministerio de las puertas giratorias).
¿Y la nuclear?
La medicina que Soria le aplica a las renovables -esa rentabilidad razonable que supone recortes en las retribuciones de hasta un 50%- no es aplicada sin embargo ni a la energía nuclear, ni a la hidráulica, que generan hasta el 40% de los kilovatios hora que cada año consume este país y que, según todos los expertos, están retribuidas en exceso (son tecnologías, además, completamente amortizadas, pues estamos hablando de instalaciones que tienen veinte, treinta, cuarenta y más años). El caso es que las consecuencias del final de las primas son dos, fundamentalmente. La primera es que los empresarios que habían montado las instalaciones y que esperaban una retribución concreta se ven obligados a refinanciar sus inversiones, lo cual no es siempre fácil (bancos y fondos buitre comienzan a sobrevolar el sector).
Y la segunda atañe a la seguridad jurídica (y a la imagen de España)
Ambas quedan fuertemente lesionadas. Y quedan maltrechas porque el Gobierno se había comprometido a pagar primas durante 20 ó 25 años (compromiso firmado en el Boletín Oficial del Estado) y apenas tres años después de suscrito ese compromiso, cambia las normas. De hecho, los inversores habían hecho su apuesta habida cuenta de ese compromiso. Invierto tanto; mi instalación renovable genera tantos kilovatios hora (kWh); el gobierno avala vía BOE que el precio que yo recibiré por cada kWh que produzca será tanto (gracias a ese aval, por cierto, he obtenido un préstamo del banco, que me ha dicho que se fía de los boletines oficiales del Estado); y, dado lo dado, puedo devolver mi crédito en tales plazos (se manejan entonces lapsos de en torno a los 10 años); amortizo mi inversión en tales otros; y, finalmente, obtengo la rentabilidad que persigo.
¿Cuál era el marco entonces?
El mundo aprueba el Protocolo de Kioto en 2007. España adquiere -Kioto mediante- una serie de compromisos de limitación de emisiones contaminantes a la atmósfera. El sector eléctrico es el principal contribuyente, el principal emisor, de todos los sectores industriales españoles. Porque las centrales térmicas españolas que queman carbón o gas natural para generar electricidad emiten mucho CO2. El Ejecutivo no se encuentra en condiciones de abordar grandes inversiones. Así que aprueba un marco regulatorio que propicia la inversión privada, un marco mediante el que asegura (vía Boletín Oficial del Estado) que si usted invierte en una instalación renovable, la red estará obligada a comprarle los kilovatios hora que produzca (kWh) y obligada a pagárselos a un precio determinado durante un período determinado.
Historia pronto truncada
Animados por la garantía que implica el hecho de que todos los compromisos figuren negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado, son muchos los que apuestan por el sector. La historia se trunca pronto y la seguridad jurídica queda hecha unos zorros. España es actualmente el país con más contenciosos abiertos en tribunales internacionales, porque han sido muchas las multinacionales y los fondos de inversión que, atraídos por ese marco, invirtieron aquí y que también se han visto afectados por esos recortes inesperados. Las denuncias están en trámite y habrá que ver cómo se sustancian. De todos modos, el daño está hecho. Y, ahora, atraer inversores es más difícil, pues el riesgo país es mayor y las garantías que los bancos exigen son, asimismo, mayores. "¿Quieres invertir en España? Pues necesito un aval+riesgo país".
Este es, grosso modo, el legado de Soria, ese hombre al que el Gobierno Rajoy, en funciones, considera idóneo por su historial de servicio público para representar a España en el Banco Mundial.
«Beneficios fiscales para quién. Los paraísos fiscales como principal amenaza para una fiscalidad justa». Oxfam-Intermón (mayo de 2016).
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