Energías Renovables ha tenido acceso al documento en el que Industria justificaba la contratación de Boston, consultora fichada en noviembre de 2013 por el Gobierno para que valorase y estableciese "los estándares de costes de inversión y operación" de las instalaciones de generación de energías renovables. Pues bien, en ese documento, el Ministerio que dirige José Manuel Soria destaca "la alta calidad y adecuación de los medios ofertados" por la consultora para llevar a cabo su trabajo y justifica la contratación de Boston porque esta firma "presenta un buen organigrama, un equipo con sólido CV, alta experiencia en estudios de costes de energías renovables y gran número de trabajos similares en los últimos años por todo el mundo". Pues bien, catorce meses (y una reforma energética) después, Industria va y despide a Boston por "reiterados incumplimientos de contrato". ¿Qué ha pasado en catorce meses? ¿Va a demandar Industria a Boston por incumplimiento de contrato? ¿Va a demandar la consultora al Ministerio por "despido improcedente"? ¿Han firmado un pacto de silencio? (Al fin y al cabo la Administración va a seguir ofertando jugosos contratos a los que seguramente va a seguir concurriendo la consultora). Energías Renovables se puso en contacto con Boston y la consultora no quiere hacer declaraciones. Así que repasamos la enésima historia oscura del Ministerio de las puertas giratorias.
Año 2013
El 28 de noviembre de 2013, el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Arturo Fernández Rodríguez, adjudica un contrato a las consultoras Boston Consulting Group y Roland Berger. Las firmas contratadas deben valorar y establecer "los estándares de costes de inversión y operación" de las instalaciones de generación de energías renovables (parques eólicos, huertas solares...). O sea, que, grosso modo, lo que quiere saber el IDAE (que es un organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo) es cuánto dinero invirtieron los promotores de esas instalaciones en ponerlas en marcha y cuánto se gastan en operación y mantenimiento. El objetivo último de todo ello es, presuntamente, aplicar a cada instalación, a partir de esos costes, un tipo del 7,5% de rentabilidad (lo que el Ministerio llama "rentabilidad razonable").
Lo que vende Industria
Industria vende a los medios de comunicación (y a la opinión pública) la siguiente idea: contratamos a dos consultoras externas expertas en el sector de las energías renovables, les pedimos nos hagan esos estudios y, a partir de ellos, aprobamos una nueva normativa -real decreto, orden ministerial- que sustituya a las famosas primas de las energías renovables por esa "rentabilidad razonable". En el fondo de la apuesta ministerial radica la mil veces repetida frase de que las primas son demasiado elevadas y de que, por su culpa, está disparándose un déficit de tarifa que es cada vez más insostenible. El día de la aprobación de la norma -esa que mata definitivamente a la prima para alumbrar la "rentabilidad razonable"-, el titular de Industria, José Manuel Soria, lo deja muy claro en el Consejo de Ministros (6 de junio de 2014): con la prima -dice literalmente Soria- "hubiésemos ido directos a una quiebra del sistema".
Junio de 2014
O sea, que, por una parte, el gobierno aprueba la norma de la “rentabilidad razonable” el seis de junio -Real Decreto 413/2014 (diez días después aprueba la Orden Ministerial que desarrolla ese RD)- y, por otra, y entre tanto, todo el mundo supone que lo ha hecho a la luz de los números aportados por las dos consultoras. El cambio –de prima a rentabilidad razonable (7,5)- le supone un recorte brutal a los ingresos que perciben los propietarios de las instalaciones de energías renovables, que aseguran que, con los números que ha hecho el ministerio, ese 7,5% de rentabilidad no sale ni de lejos (sobre el particular, léase "¿Intento de estafa o prevaricación?"). Así las cosas, las empresas del sector piden ver esos estudios. ¿Respuesta? El Ministerio de Industria dice que no, que no los va a enseñar. Las patronales denuncian el oscurantismo gubernativo, el caso llega a los tribunales –al más alto tribunal, el Supremo- y el viernes pasado estalla el escándalo.
¿Por qué?
Pues porque resulta que, al parecer, el Ministerio de Industria de José Manuel Soria, Alberto Nadal y Arturo Fernández Rodríguez ha aprobado la norma sin haber visto ni uno solo de esos dos informes. Vayamos por partes: el ministro solo ha soltado prenda -solo ha mostrado la documentación- una vez se ha visto obligado por el Tribunal Supremo, que le ha requerido esos informes a instancias del despacho de abogados Holtrop, que defiende los intereses de un montón de afectados por los recortes y que durante semanas requirió "una y otra vez" esa documentación. El caso es que, cuando, finalmente, Industria remite esos informes al Supremo y el alto tribunal a Holtrop (lo hizo el jueves pasado), resulta que el despacho de abogados se encuentra con que el director general del IDAE, Arturo Fernández Rodríguez, dice ahora que uno de ellos, el de Boston, no lo tiene. Es más, el IDAE de Fernández Rodríguez envía un documento en el que certfica que ha rescindido su relación con Boston “por los reiterados incumplimientos del contrato en que ha incurrido” esa consultora.
Febrero de 2015
La resolución del contrato -la rescisión- tiene lugar el día 11 de febrero, ocho meses después de aprobadas las normas del recorte (RD y Orden Ministerial), y apenas unos días antes de que Industria se haya visto obligada a entregar esos documentos. Además, el otro informe, y según consta en la documentación que al fin obra en poder del alto tribunal, tiene fecha de 31 de octubre de 2014, o sea, fecha asimismo muy posterior a la aprobación de las normas. ¿Aprobó Industria su reforma sin ver ni uno solo de los dos informes contratados? ¿Para qué los contrataba, entonces? ¿De dónde salen pues las 1.700 páginas de números que incluye la orden ministerial que establece los recortes, números a partir de los cuales se justificarían esos recortes? ¿Salen de los técnicos del IDAE? Si salen del IDAE, ¿por qué contrataron pues a Boston y Roland Berger por casi 600.000 euros? El contrato que firmaron IDAE y Boston establece "la responsabilidad y obligación" para el adjudicatario "de indemnizar al IDAE todos los daños y perjuicios que se causen al IDAE". ¿Va a pedirle daños y perjuicios el IDAE a Boston?
Más preguntas
El expediente de contratación es planteado por el IDAE -el 23 de julio de 2013- "mediante el procedimiento negociado sin publicidad (...) por concurrir causa de imperiosa urgencia en la contratación". ¿Era urgente la contratación el 23 de julio de 2013 (motivo por el cual justifica su no publicidad el IDAE) y luego resulta que el propio IDAE espera hasta febrero de 2015 para denunciar "reiterados incumplimientos de contrato", denuncia que llega además justo dos minutos antes de verse obligado por el Tribunal Supremo a entregar la documentación al despacho Holtrop? El despacho acaba de hacer un informe sobre más de 1.200 instalaciones fotovoltaicas -de clientes suyos- en el que demuestra que la "rentabilidad razonable" que le ha asignado el Gobierno a la fotovoltaica es tan baja que los popietarios de esas instalaciones no están ingresando siquiera lo suficiente como para pagar los créditos que solicitaron para montar sus huertas solares, y ya ha anunciado que va a revisar exhaustivamente el informe Roland (único proporcionado por Industria) para, a partir de la metodología allí encontrada, confirmar si es razonable aprobar una legislación como la aprobada a la luz de lo que cuenta ese informe.
El IDAE lo tuvo claro desde el principio
Sí, parece que el Instituto de Fernández Rodríguez lo tuvo claro desde el minuto uno: le damos el contrato a Boston "mediante el procedimiento negociado sin publicidad (...) por concurrir causa de imperiosa urgencia en la contratación". Y se lo damos porque la oferta de Boston es la mejor, "destacando la alta calidad y adecuación de los medios ofertados en todos los apartados objeto de valoración". El rosario de beneplácitos hacia Boston -en la resolución mediante la cual el IDAE le adjudica el contrato- no tiene desperdicio: Boston "presenta -explica literalmente el IDAE- un buen organigrama, un equipo con sólido CV, alta experiencia en estudios de costes de energías renovables, gran número de trabajos similares en los últimos años por todo el mundo y muy buena calidad de los medios materiales propuestos para la ejecución de los trabajos". Según la documentación a la que ha tenido acceso Energías Renovables, Boston consigue en ese criterio -"Calidad y adecuación de los medios"- 29,5 puntos sobre un total de 30. En los demás criterios la puntuación también es elevada o muy elevada. En definitiva, Boston obtiene una nota de 65 sobre 80 y se hace con el contrato (65 es por cierto una puntuación bastante mayor que la obtenida por la oferta de Roland Berger, que asciende a 51 puntos).
¿Conclusión?
Era urgente en julio de 2013 la contratación y parece ser que también era urgente la rescisión de contrato días antes de presentar los papeles ante el Tribunal Supremo. Energías Renovables ha preguntado a Boston si va a tomar medidas contra la rescisión de contrato. Una portavoz de Boston ha dicho que la consultora no va a hacer declaraciones. Energías Renovables ha preguntado a Boston si al menos puede decirnos si ha hecho el informe o no, o si ha presentado una parte del informe o no. Boston ha insistido en que la consultora no va a hacer declaraciones. Volvemos al principio: ¿va a demandar Industria a Boston por incumplimiento de contrato? No parece. ¿Va a demandar la consultora al Ministerio por "despido improcedente"? No parece. ¿Han firmado un pacto de silencio el IDAE y Boston? (Al fin y al cabo la Administración va a seguir ofertando jugosos contratos a los que seguramente va a seguir concurriendo la consultora). Energías Renovables va a seguir repasando las historias oscuras del Ministerio de las puertas giratorias, ese que lleva tres años -trienio negro- haciendo política... de catacumbas, tribunales y oscura.
