Alcoa ha publicado en su página corporativa un comunicado en el que anuncia su intención de iniciar un "periodo formal de consultas en el marco de un procedimiento de despido colectivo que afectará a todos los empleados de sus plantas de Avilés y de La Coruña, que son las menos productivas del grupo, debido a problemas estructurales intrínsecos". Conforme a la legislación vigente -dice la empresa-, ese periodo de consultas con los representantes de los trabajadores tendrá una duración máxima de 30 días naturales. Los trabajadores afectados son los de las fábricas de Avilés (317) y La Coruña (369). La compañía explica en la nota que ha publicado que se compromete "a trabajar para reducir el impacto de este proceso en los empleados y negociará un Plan Social con los representantes de los trabajadores; consciente de la repercusión humana y social de este anuncio, trabajará para alcanzar el mejor acuerdo para ambas partes".
Según la empresa, las fábricas de Avilés (con una capacidad de producción de aluminio primario de 93.000 toneladas métricas año) y La Coruña (87.000) se encuentran afectadas "por problemas estructurales productivos y tecnológicos, como su menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos", problemas que se suman, según Alcoa, a factores externos de mercado, "como la sobrecapacidad de producción de China, el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía". Todo ello ha generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos dos años, "pérdidas que previsiblemente continuarán", según Alcoa. La dirección de la empresa asegura que ha hecho "importantes esfuerzos en los últimos años para reducir costes en las plantas de Avilés y La Coruña y mantener el empleo; sin embargo, debido a su tecnología más antigua y menos eficiente, economía de escala y otros factores, estas plantas continúan sin ser competitivas".
En su comunicado, Alcoa insinúa que el cierre de Avilés y A Coruña puede ser positivo para el mantenimiento de la producción en San Ciprián, su tercera fábrica: "los análisis realizados sobre la situación productiva de las operaciones de Alcoa en España concluyen que se podrían conseguir mejoras organizativas con el cese de la producción en Avilés y La Coruña, manteniendo la producción en una sola planta, la de San Ciprián, que produce tanto aluminio como alúmina".
Nota
Según definición de Red Eléctrica de España, "la interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda para dar una respuesta rápida y eficiente a las necesidades del sistema eléctrico en situaciones de emergencia". Grosso modo, consiste en que empresas con gran consumo de energía (siderúrgicas, cementeras, etcétera) se comprometen por contrato a parar sus máquinas para que la electricidad que consumen pueda ser usada por el resto de los consumidores "en situaciones de emergencia".
Por ese servicio, esas empresas reciben una retribución
La cantidad que reciben es fijada por el Gobierno. La mayoría de los autores considera esos pagos una subvención encubierta, pues el sistema eléctrico nacional dipone de potencia más que suficiente como para que no sea preciso interrumpir nada. De hecho, el pico histórico de demanda sigue (foto fija) anclado en los 45.450 megavatios, registrados antes de la crisis (el 17 de diciembre de 2007, a las 18.53 horas), mientras que el parque de generación nacional excede los... 100.000 megavatios de potencia.
El caso es que el Gobierno lleva años pagando ese servicio y son empresas como Alcoa los que lo cobran. Solo en los tres últimos años (2015, 16 y 17), la interrumpibilidad nos ha costado a los consumidores 1.500 millones de euros, que han engordado las cuentas de unas muy-muy pocas empresas localizadas aquí, entre ellas, Alcoa. Sobre el particular, léase El Gobierno cede al chantaje de las interrumpibles (te pago ese servicio -aunque tú y yo sabemos que esa es una subvención encubierta- y tú no te deslocalizas). Pero Alcoa... 1.500 millones de euros después... se deslocalizó.
Artículos relacionados
• Un nuevo disparate de la errática política energética, en 2012
• De los interrumpibles que nunca se interrumpen y de otros pagos que engordan la factura, en 2013
• El gobierno cede al chantaje de las interrumpibles, en 2015
• La interrumpibilidad, en 2016
• El Ministerio de Energía ahonda en el fraude de la interrumpibilidad, en 2017
• Un millón de euros cada día para las interrumpibles, diciembre de 2017
• El Gobierno encarece la subasta de interrumpibilidad hasta un 880%, abril de 2018