La interrumpibilidad (véase abajo* la definición técnica que da de ella Red Eléctrica de España) consiste grosso modo en lo siguiente: si hay mucha demanda porque todos enchufamos el horno a la vez y resulta que en ese momento no hay generación suficiente porque no sopla el viento, no hay agua en los pantanos, no brilla el sol, las nucleares se encuentran en parada por recarga, se acabó el carbón en las térmicas y no hay gas que quemar en las centrales de ciclo combinado... pues entonces el operador del sistema eléctrico nacional -Red Eléctrica de España- manda parar máquinas a las "interrumpibles" -que son grandes fábricas que consumen mucha energía- para que "liberen" esa electricidad (interrumpan su consumo) y podamos todos los demás enchufar esos hornos sin que se vayan los plomos. El acuerdo sería así, grosso modo: yo te pago por adelantado una cierta cantidad a ti, gran consumidor-gran multinacional (una siderúrgica, por ejemplo) para que tú pares tus máquinas en un caso excepcional como ese (el pago se efectúa, año tras año, aunque al final del ejercicio resulte que no hubo necesidad de parar las máquinas).
¿Y qué hay de malo en esa "garantía" (garantía de suministro)? Pues que el mix eléctrico nacional está tan diversificado que parece poco probable que, simultáneamente, se apague el sol, se calme el viento, se desconecten las nucleares, se acabe el carbón, no haya agua en los pantanos y estén ese día de vacaciones todos los 25.000 megavatios de centrales de ciclo combinado que en España son. El propio operador del sistema, REE, lo explica así: "a veces en el sistema eléctrico hay situaciones en las que no hay suficiente generación para abastecer toda la demanda, aunque no es algo habitual".
No, no lo es
De hecho, son muchos los autores que sostienen que no hace falta la interrumpibilidad -no hace falta pedirle a nadie que interrumpa nada- dadas las formidables dimensiones de nuestro parque de generación eléctrica (más de 100.000 megavatios de potencia instalada), y dado el hecho de que la potencia máxima instantánea peninsular demandada no ha alcanzado nunca siquiera los 46.000 megavatios (la marca histórica registrada data de antes de la crisis: 17 de diciembre de 2007, a las 18.53 horas, 45.450 megavatios; ese fue el momento -el instante preciso de toda la historia de este país- en el que más electricidad demandamos a la vez los españoles, el instante en el que más aparatos enchufamos simultáneamente). El año pasado, por ejemplo, la demanda instantánea máxima quedó en 40.489 megavatios, registrada el 6 de septiembre a las 13.32 horas.
Cierto es que un sistema eléctrico no puede tener 46.000 megavatios dispuestos a generar electricidad cuando la demanda ronda los 45.000
Y por eso hay márgenes de seguridad, márgenes que todos los sistemas establecen. En España, es Red Eléctrica, el operador del sistema, el encargado de ello, y el margen considerado de seguridad es del 10%, pero es que ahora mismo, el margen nacional es del 43%, según señalaba hace unos meses la propia Comisión Europea en su informe Interim Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms. En ese informe, la Comisión denuncia "que en España se han seguido pagando pagos por capacidad aun cuando se había superado el límite de margen de seguridad"
El Gobierno, que hizo y hace caso omiso a ese margen, estableció en el año 2015, cuando ya había en España más de 100.000 megavatios de potencia instalada, un sistema de subastas para asignar el servicio de interrumpibilidad (organizó entonces esas subastas aunque los seis años previos nunca hubo que echar mano de la interrumpibilidad, según revela el mismo informe de la Comisión, es decir, que los estableció aunque no parecían -utilicemos un eufemismo- particularmente necesarios). Las tres subastas habidas desde entonces (2015, 2016 y 2017) se han saldado en más de 1.500 millones de euros, cantidad que ha ido a parar a las interrumpibles y que probablemente se podrían haber ahorrado los consumidores.
¿Y qué ha ocurrido ahora?
Pues que el Ministerio envió el 3 de octubre su propuesta de modificación de ese sistema de subastas (el Ejecutivo sigue haciendo caso omiso a los informes sobre la seguridad de la Comisión Europea); el Ministerio aprobó luego la modificación (sin esperar a que la CNMC publicara su informe) y hoy, la Comisión ha publicado ese informe, que denuncia numerosos aspectos muy controvertidos en esa propuesta. Junto al informe, la CNMC ha publicado también un comunicado en el que señala su "disconformidad" con el modus operandi del Ministerio que dirige el popular Álvaro Nadal, ministerio que ya ha publicado, antes de que la CNMC enviara su Informe, la Resolución de 11 de octubre de 2017, "por la que se aprueba el calendario y las características de las subastas del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad". Así, aprobando una resolución sin haber visto antes el informe correspondiente -continúa la Comisión-, el Ministerio "condiciona, y por ello mismo menoscaba, la función como órgano consultivo de esta Comisión recogida, con carácter general, en el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia".
Y llegamos a lo que dice el informe
La CNMC señala en su informe que "la revisión del mecanismo de interrumpibilidad y de capacidad propuesta por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) debería haberse abordado con la suficiente antelación". Si el Ejecutivo lo hubiese hecho así, la próxima subasta de interrumpibilidad "habría cubierto todo el año -señala el informe de la CNMC- frente a los 5 meses que, de hecho, ya ha aprobado el Minetad mediante una disposición adicional" (ese recorte temporal puede tener además consecuencias onerosas para el sistema, pues, según la propia CNMC, organizar estas subastas está resultando muy caro; luego veremos cuánto).
El Ministerio se justifica
Y asegura que ha incluido en su Orden una Disposición Adicional que limita la subasta a cinco meses (frente al periodo de un año vigente) "para adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la Unión Europea y, en particular, a la futura aprobación del paquete legislativo de la Comisión Europea Clean Energy for All Europeans". En realidad, ese paquete -de largo recorrido legislativo- aún no ha sido aprobado (es más, su aprobación no se producirá hasta que en el Europarlamento se conforme la mayoría suficiente, algo que no parece ni mucho menos inminente).
Las claves del informe
•1. Para empezar, la premisa principal: la CNMC propone al Gobierno en su informe que justifique la necesidad de estos mecanismos, habida cuenta del parque generador de España, que, como ya hemos visto, está extraordinariamente sobredimensionado. La proposición cae lógicamente en saco roto, pues la Resolución ya ha sido aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado.
•2. La CNMC denuncia además que los costes de estas subastas (entre 504.000 y 660.00 €) triplican los de las subastas del gas y la electricidad (entre 75.000 € y 205.000 €). Además, la Comisión critica también la "complejidad" de la subasta en sí, que ha derivado -denuncian desde la CNMC- en que "su duración en ocaciones se haya prolongado durante cinco días en horario de 09.00 a 20.00 horas".
•3. Según el informe de la CNMC, algunos de los productos subastados (los bloques de noventa megavatios, 90 MW) favorecen a las grandes industrias. En ese sentido, la Comisión denuncia "poca presión competitiva" como consecuencia "del escaso número de empresas que pujan en ellas". La CNMC recomienda explícitamente así "acumular las ofertas en los bloques de 5 MW para permitir una mayor desagregación". La recomendación, que favorecería la competencia, y abarataría consecuentemente el proceso todo, también cae lógicamente en saco roto.
•4. La CNMC le recuerda por otro lado al Gobierno que la Comisión Europea está investigando a varios países, entre ellos España, por los sistemas de pagos por capacidad a determinadas compañías energéticas nacionales. Según la CE, dichos mecanismos no pueden suplir la reforma que requieren los mercados eléctricos y podrían incurrir en ayudas de estado no autorizadas. [Sobre los pagos por capacidad véase].
En resumen, la Comisión considera que "no está justificado el cálculo de las necesidades de potencia interrumpible, tanto para garantizar la cobertura de la punta de demanda como para aportar respuesta rápida en situaciones de emergencia (seguridad zonal), tal y como ha demostrado el reducido uso de este servicio". La Resolución aprobada por el Ejecutivo -aprobada antes de ser publicado este informe- eleva a casi 3.000 megavatios la potencia a subasta. La CNMC deja claros en su informe dos apuntes clave (página 13): "el elevado coste del servicio de interrumpibilidad y el reducido uso efectivo que en los últimos años ha venido haciéndose del mismo".
*Red Eléctrica de España (REE) define interrumpibilidad como "herramienta de gestión de la demanda que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio -continúa REE- se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por el operador del sistema [REE] a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria".
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