El Gobierno Rajoy abrió el año 2012 con un Real Decreto Ley en el que señalaba explícitamente un medio –la supresión de las ayudas a las energías renovables– y un fin: acabar con "el incremento continuo del déficit de tarifa". Meses después de aprobado aquel RDL, la mayoría absoluta del Partido Popular aprobaba en el Congreso de los Diputados la segunda medida clave de la política energética del Gobierno Rajoy, la ley 15/2012, de 27 de diciembre, denominada "de medidas fiscales para la sostenibilidad energética". ¿La justificación? La misma: según el Ejecutivo, la nueva ley "trata de hacer frente al problema más importante que tiene actualmente el sector eléctrico en España: lo que se conoce como déficit tarifario, que, a diciembre de 2011, alcanzaba los 24.000 millones de euros". La ley 15/2012 imputa una tasa del 7% a todo kilovatio generado, es decir, que van a tener que satisfacerla –esa tasa– tanto las centrales térmicas que operan multinacionales como Iberdrola y Endesa, que queman gas procedente de Argelia o Catar, como las 55.000 familias españolas que un buen día decidieron invertir parte de sus ahorros en cinco kilovatios de un huerto solar comunitario. Eso sí, las emisiones de CO2 derivadas de la quema de gas las pagará España como país, no Catar.
Un agujero de más de 3.000 millones de euros
Pero estábamos hablando del déficit de tarifa y de las dos medidas estrella que ha aprobado el gobierno en 2012. ¿Resultado de un año de legislación? Pues que el déficit de tarifa no solo ha vuelto a crecer en los once primeros meses de 2012 extraordinariamente, sino que ha crecido más todavía que en todo el año 2011. En concreto, y según la Comisión Nacional de Energía (CNE), el déficit creció en España entre enero y noviembre del año pasado 4.072 millones de euros. Así las cosas, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) publicó ayer un comunicado en el que señala que ese incremento no puede ser explicado por la subida de los costes de las primas, que en 2012 han supuesto para el sistema 974 millones de euros más que en el año anterior (desde enero, las instalaciones renovables que van apareciendo ya no tienen derecho a prima, pero las ya montadas siguen percibiéndola). Al caso: si el déficit de tarifa ha crecido este año 4.072 millones de euros y las primas a la generación eléctrica renovable solo han crecido en 974 millones de euros... caben dos preguntas: ¿mintió el gobierno cuando señaló como primer culpable del déficit -corría el mes de enero- a las renovables? Y dos: si no van a las renovables, ¿a dónde van a parar los otros 3.100 millones?
Las distribuidoras que reciben más por menos
Pues bien, según APPA para encontrar las causas del déficit tarifario [o adonde van esos 3.100 millones de euros] hay que buscar en "todos los costes del sistema (distribución, transporte, interrumpibilidad, extrapeninsulares…)". Para empezar, según el informe publicado el viernes pasado por la CNE, las distribuidoras de electricidad (Iberdrola, Endesa, E.ON, Gas Natural y EDP) cobraron en 2012 en concepto de distribución y gestión comercial más de 5.000 millones de euros, es decir (véase informe CNE de 10 de enero, página 8), un 14,6% más que en 2008. ¿Y que por qué comparamos 2012 con ese año? Pues por un motivo muy sencillo: en 2008, las mismas distribuidoras de electricidad distribuyeron más kilovatios que los que han distribuido en 2012 (y es que en 2008 España tocó techo en cuanto a demanda de electricidad). Según Red Eléctrica de España (REE), en 2008 la demanda anual peninsular de energía eléctrica se situó en 263.530 GWh; mientras que, según la misma REE, esa demanda se ha situado en 252.191 GWh en 2012. La pregunta es: si las distribuidoras distribuyen ahora una cantidad de electricidad un 5% menor que entonces, ¿porque el gobierno les reconoce un coste un 14,6% mayor?
Los interrumpibles que nunca se interrumpen
Pasa lo mismo con la interrumpibilidad, por citar solo otro de los factores que APPA señala en el déficit tarifario. Según definición de REE, "la interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda para dar una respuesta rápida y eficiente a las necesidades del sistema eléctrico en situaciones de emergencia". Grosso modo, consiste en que empresas con gran consumo de energía (siderúrgicas, cementeras, etcétera) se comprometen por contrato a parar sus máquinas para que la electricidad que consumen pueda ser usada por el resto de los consumidores "en situaciones de emergencia". Pongamos un ejemplo: se paran simultáneamente cuatro centrales nucleares, son las 20.00 horas de un día laborable (hora punta), ya no brilla el sol y no sopla todo el viento que podría soplar. Bueno, pues si el operador del sistema, REE, cree que puede haber un apagón, ordena a los interrumpibles que apaguen sus máquinas. ¿Qué ocurre? Pues que en España ha habido cuatro centrales nucleares simultáneamente paradas, han sonado las ocho y las nueve y las diez de la noche, no ha soplado todo el viento que podría soplar y, a pesar de todo, no ha habido que echar mano de la interrumpibilidad en este último trienio.
Cuatro años cuesta abajo
¿Que por qué? Pues por un motivo muy sencillo: porque en España hay más de 100.000 MW instalados y la demanda máxima de electricidad registrada en este país –la máxima de todos los tiempos– está en 45.450 MW (18.53 horas del 17 de diciembre del año 2007). Pues bien, a pesar de todo lo susodicho, el regulador –el gobierno– no ha cesado de contratar interrumpibles en todos estos años. Es más, en 2012, entre los costes regulados, el de interrumpibilidad supone nada más y nada menos que 503 millones de euros, según informe de diez de enero de 2013 de la CNE. La pregunta es: a la luz de toda la información de que dispone el gobierno, ¿es realmente necesario ese gasto, que costeamos todos los consumidores en beneficio de un puñado de multinacionales, las interrumpibles? Es más: la pregunta tiene aún más sentido en estas fechas, pues se da la circunstancia coyuntural añadida de que, debido a la crisis, la demanda estimada es mucho menor que en 2008. De hecho, llevamos cuatro años metidos en esa coyuntura y, lamentablemente, todos los indicios señalan que 2013 no va a ser el año en el que salgamos del túnel. Pues bien, pese a todo: 500 millones de euros en interrumpibilidad.
Índice de cobertura que supera en mucho la garantía razonable de suministro
Otro coste del sistema que "no tiene sentido", según APPA, es el pago por capacidad, que el legislador define como "servicio de medio plazo para completar los servicios de ajuste del sistema destinados a asegurar la disponibilidad de potencia a corto plazo". En castellano: el sistema le paga a ciertas instalaciones (centrales que queman carbón, gas, fuel) una cierta cantidad para que esas instalaciones tengan potencia disponible por si hay necesidad de ella en un momento dado (propósito, pues, similar al del servicio de interrumpibilidad). La pregunta vuelve a ser la misma: ¿son realmente necesarios, o son redundantes. esos pagos? Una pista sobre el particular: según la CNE (informe de 5 de diciembre de 2012), "el operador del sistema [REE] considera que un escenario donde se asegure la garantía de suministro debe contar con un índice de cobertura no inferior a 1,1, o lo que es lo mismo, que presente más de un 10% de reserva de capacidad de cobertura de la punta de demanda prevista". Y eso sucede en el sistema eléctrico nacional desde el año 2008, según la CNE. Es más, esa entidad pública señalaba hace apenas unos meses que ese índice había alcanzado el 1,6 en el año 2010 (véase página 14).
Los pagos por capacidad y las primas del gas
Por eso, APPA decía ayer en su comunicado que este coste "no tiene sentido en un sistema con exceso de potencia instalada". Es más: la asociación le pone números al sinsentido: entre enero y noviembre de 2012, las subvenciones en concepto de pagos por capacidad –pagos a centrales que queman combustibles fósiles– habían superado los 1.368 millones de euros. La prima directa del gas es otro de los sumandos del coste del sistema. Según APPA, en 2012, el gas se ha levantado 503 millones de euros en primas, cantidad que han percibido instalaciones no renovables (centrales de cogeneración, residuos y tratamiento de residuos) pero que sí están incluidas en el régimen especial (el que reconoce –reconocía– una prima a cada tecnología). Según APPA, "una de las tecnologías que más aumentaron sus primas ha sido precisamente la cogeneración (35,2%)". El aumento de las primas a la cogeneración y al tratamiento de residuos –concluye APPA– "guarda estrecha relación con el incremento del precio de los combustibles fósiles, tal y como reconoce la propia CNE" (prácticamente el 100% de las centrales de cogeneraciones y de tratamiento de residuos funcionan con gas).
Una estafa
Visto lo visto (y aunque no hemos entrado en algunos otros costes también multimillonarios, como los extrapeninsulares o los residuos nucleares, que generan cuatro empresas y pagamos entre todos)... pues, visto lo visto, la Asociación de Productores de Energías Renovables difundió ayer un comunicado en el que señala que, "en función de los datos publicados por la Comisión Nacional de Energía (CNE) se puede inferir que más del 76% del déficit tarifario generado entre enero y noviembre de 2012 no guarda relación con las primas satisfechas a las energías renovables". En fin, que a las renovables han vuelto a estafarles 3.000 millones de euros. Y digo estafa por un motivo muy concreto: todo el mundo (y el país) está insinuando que esos 3.000 millones de euros se los han levantado ellas y que por eso hay déficit de tarifa y, sin embargo, no solo no lo han hecho, sino que, muy al contrario, se los han embolsado precisamente las empresas y las tecnologías que se encuentran... en la otra orilla. Sí, una estafa de 3.000 millones de euros que se suma, por cierto, a otras cuantas que ya empiezan a ser difícilmente cuantificables. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (vigésima segunda edición), estafa es "cosa que el ladrón da al rufián".
