El comunicado llega al hilo de la nacionalización de la que ha sido objeto Iberdrola en Bolivia, país en el que el gobierno de Evo Morales acaba de expropiar cuatro empresas a la multinacional española: dos distribuidoras de electricidad (Electropaz y Elfeo), una empresa de servicios (Edeser) y una gestora de inversiones. Pues bien, frente a esa medida de Morales, el ejecutivo que dirige Mariano Rajoy se ha apresurado a emitir un comunicado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que señala que "España recuerda [al gobierno boliviano] que la seguridad jurídica es una exigencia insoslayable", paradójica afirmación -viene a decir Anpier- a la luz de los varios quebrantos de la seguridad jurídica que ha protagonizado el propio ejecutivo español en materia de legislación fotovoltaica a lo largo de los últimos años (léanse RDL 1565/2010 y RDL 14/2010). A esas violaciones de la seguridad jurídica –ejecutadas por el ministro Miguel Sebastián– habría que añadir ahora por cierto, y según la patronal termosolar española, la perpetrada por su sucesor en el cargo, José Manuel Soria, a través de la asimismo retroactiva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.
De la retroactividad... o España marcha atrás
En fin, que, si bien es cierto que los dos primeros RDLs fueron aprobados por el último Gobierno Zapatero, no lo es menos el hecho de que... no han sido suspendidos por el ejecutivo de Mariano Rajoy, que gobierna España desde hace más de un año. Antes al contrario, el gobierno actual ha ahondado, según denunciara hace apenas una semana Protermosolar, en la vía de la retroactividad. Según esta patronal, la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética que acaba de entrar en vigor es una ley "retroactiva y discriminatoria contra el sector termosolar" (esa ley le recorta las primas casi un 15% a ese sector), lo cual ha dejado a las instalaciones existentes –dice Protermosolar– en "una situación económica muy comprometida". Así, esa asociación emitía la semana pasada un comunicado en el que calificaba esa ley de "absolutamente inadmisible en un Estado de derecho que pertenece a la Unión Europea".
A la espera de sentencia
Pues bien, en la misma línea va ahora el comunicado difundido por Anpier, que señala además que la exigencia del restablecimiento de la seguridad jurídica "no sólo parte de los productores españoles de energía solar fotovoltaica, sino también de los más importantes fondos de inversión del mundo, que han llevado a España a los tribunales internacionales de arbitraje por esta cuestión". Más aún: según Anpier, las sentencias que emitirán esos tribunales, sentencias que se conocerán a mediados de 2013, "podrían suponer que los fondos fuesen indemnizados por el daño causado por el gobierno español al cambiar las reglas del juego". Paradójicamente, sin embargo, y "aunque serviría para demostrar la grave situación de injusticia que padece este colectivo, el laudo arbitral –lamenta la asociación– no sería de aplicación a los inversores fotovoltaicos españoles, sólo a los extranjeros".
Fondos internacionales y gobiernos
Pero los problemas para los inversores FV españoles no acaban ahí. Y es que, según Anpier, los fondos internacionales que invirtieron en renovables en España lo hicieron "sobre la base de una retribución fijada en el BOE y en un marco regulatorio que se suponía no iba a cambiar, con una confianza basada en el hecho de que España es un país de la Unión Europea". Pues bien –denuncia la asociación–, "ahora, estos fondos han descartado seguir invirtiendo en negocios regulados en España, como renovables (...), debido a la desconfianza y a la falta de seguridad observadas". La asociación de inversores concluye que "esta anómala situación ha conducido a que los propios representantes diplomáticos de los países más afectados por las inversiones realizadas por sus conciudadanos, como ha sido el caso de los Estados Unidos, hayan tomado cartas en el asunto, exponiendo sus quejas ante el gobierno español".
Y Bruselas también
Desde la Unión Europea, el propio Comisario Oettinger, en un reciente escrito dirigido al presidente de Anpier, afirmaba haber reiterado al Ministro de Industria, "tanto públicamente como en privado", su desacuerdo con las medidas retroactivas que padece el sector de las renovables. Ese desacuerdo ya fue expresado por la Comisión Europea en la Comunicación COM/2012/271, texto en el que, en clara alusión a España -dice Anpier-, se puede leer lo siguiente: "en algunos estados miembros, los cambios registrados en los regímenes de ayuda han sido poco transparentes, se han introducido bruscamente y, en ocasiones, se han impuesto incluso con carácter retroactivo. En el caso de nuevas tecnologías e inversiones, que siguen siendo dependientes de las ayudas, tales prácticas socavan la confianza de los inversores del sector".
Los señores del gas
Sobre las contradicciones del gobierno de España en materia de seguridad jurídica (que exige allende las fronteras, mientras quebranta puertas adentro), el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha señalado que “es un problema muy extendido entre nuestros gobernantes el ver la paja en el ojo ajeno y no percibir la viga en el propio”. Según Martínez-Aroca, “la reacción del ministro de Industria, José Manuel Soria, en defensa de Iberdrola contrasta con la actitud pasiva frente a las consecuencias que padecen más de 55.000 familias españolas a causa de nuestras propias normas retroactivas, lo que da una idea de cuáles son los intereses que defiende con mayor diligencia”. El principal accionista de Iberdrola es el fondo soberano de Catar (Catar es uno de los más importantes vendedores de gas a España). Ya en su programa electoral (página 46), el Partido Popular señalaba explícitamente que quiere convertir España en "un mercado de referencia del gas natural en el Mediterráneo". En ese programa, de 214 páginas, mencionaba a las "energías renovables" en una sola ocasión.
Artículos relacionados
El sector fotovoltaico llevará al gobierno ante el Supremo, el Constitucional y la Comisión Europea
Defensa Solar: si quieres, puedes
