La interrumpibilidad consiste grosso modo en lo siguiente: si hay mucha demanda porque todos enchufamos el aire acondicionado a la vez y resulta que en ese momento no hay generación suficiente porque no sopla el viento, no hay agua en los pantanos, no brilla el sol, las nucleares se encuentran en parada por recarga, se acabó el carbón en las térmicas y no hay gas que quemar en las centrales de ciclo combinado... pues entonces el operador del sistema eléctrico nacional -Red Eléctrica de España- manda parar máquinas a las "interrumpibles", que son grandes fábricas que consumen mucha energía.
REE envía orden de parada a esas fábricas para que "liberen" esa electricidad (interrumpan su consumo) y podamos todos los demás enchufar esos aparatos de aire acondicionado sin que a nadie se le vayan los plomos. El acuerdo quedaría establecido así, grosso modo: yo te pago una cierta cantidad a ti, gran consumidor-gran multinacional (una siderúrgica, por ejemplo) para que tú pares tus máquinas en un caso excepcional como ese (el pago se efectúa, año tras año, aunque al final del ejercicio resulte que no hubo en ningún momento necesidad de parar las máquinas).
Pues bien, el Gobierno de Mariano Rajoy estableció en el año 2015 un sistema de subastas para asignar el servicio de interrumpibilidad. Las cuatro subastas habidas desde entonces se han saldado en casi 1.600 millones de euros, cantidad que ha ido a parar a las "interrumpibles". Pues bien, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicó ayer un informe sobre el modelo de subasta que ha diseñado el Ejecutivo Rajoy, un informe (IPN/CNMC/006/18) que vapulea sin piedad ese modelo, al que critica por su complejidad y, así mismo, por lo caro que nos sale a todos. La CNMC dice así en la página 8 del informe:
«La realización de las subastas de asignación del producto interrumpible con el modelo actual (presencial de varios días) presenta un coste de organización elevado (entre 504.000 y 660.000 euros)».
Coste elevado que, además, no es la primera vez que denuncia la Comisión. Antes al contrario:
«la CNMC -dice literalmente en este ultimo informe- ya ha venido reiterando en sucesivos informes la conveniencia de revisar el diseño actual de las subastas, dada la complejidad del procedimiento y dado que su coste es muy superior al de otras subastas eléctricas y gasistas celebradas en España».
La Comisión habla concretamente de "costes situados entre 75.000 y 205.000 euros".
¿Conclusión?
«Se vuelve a recomendar, por tanto, la utilización de un mecanismo más sencillo, previsible y cuyo coste de organización sea más económico (...). Esta consideración resulta más relevante si cabe, en esta ocasión -insiste la CNMC-, dado que se van a celebrar dos subastas en la misma temporada eléctrica».
Efectivamente, en 2018, el Gobierno ha decidido convocar no una sino dos subastas: una para el período comprendido entre los días 1 de enero y 31 de mayo y otra para el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre (la que nos ocupa).
La Comisión, en su informe sobre la primera de estas dos subastas, ya fue muy crítica con el Ministerio. Y no sólo por cómo subastó la potencia interrumpible; también fue muy crítica con la necesidad misma de la interrumpibilidad.
«Esta Sala -dice en su informe la Comisión- ya se ha manifestado en los informes de años anteriores relativos a las propuestas de interrumpibilidad sobre la necesidad de revisar el diseño de este mecanismo, tal y como se aplica en la actualidad».
Aviso a Red Eléctrica de España
Más aún: en el informe que acaba de publicar, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dice, para empezar, que no considera justificado el pago por interrumpibilidad.
«Sobre la adecuación del requerimiento de consumo interrumpible a las necesidades del sistema eléctrico, se considera que no está justificado el cálculo de las necesidades de potencia interrumpible, tanto para garantizar la cobertura de la punta de demanda como para aportar respuesta rápida en situaciones de emergencia (seguridad zonal)».
Lo que viene a decir la CNMC es que Red Eléctrica de España no ha justificado el por qué subasta la potencia que subasta.
«El operador del sistema -dice la página 6 del informe- debería desarrollar una metodología de necesidades de cobertura (generation adequacy methodology), en lugar de introducir la consideración del volumen de interrumpibilidad como un dato de partida en el análisis de cobertura y no como una variable resultante del cálculo efectuado. Esta metodología debería, entre otras consideraciones, dar un valor a la contribución de la interconexión a la cobertura de la demanda, que en el escenario actual tiene un valor cero, o evaluar la existencia de posibles alternativas, especialmente en el caso de emergencias zonales».
O sea, que la CNMC vendría a decirle a Red Eléctrica que no haga trampas
Y que tenga en cuenta las interconexiones a la hora de analizar la cobertura. Que las tenga en cuenta y que evalúe, además, "la existencia de posibles alternativas". Porque la interrumpibilidad cuesta muchos millones de euros: más de 500 costó el año pasado, un dineral que, según muchos autores, podríamos ahorrarnos. ¿Y por qué? Pues porque -según muchos expertos- no hace falta pedirle a nadie que interrumpa nada, dadas las formidables dimensiones de nuestro parque de generación eléctrica (más de 100.000 megavatios de potencia instalada), y dado el hecho de que la potencia máxima instantánea peninsular demandada no ha alcanzado nunca siquiera los 46.000 megavatios (la marca histórica registrada data de antes de la crisis: 17 de diciembre de 2007, a las 18.53 horas, 45.450 megavatios; ese fue el momento -el instante preciso de toda la historia de este país- en el que más electricidad demandamos a la vez los españoles, el instante en el que más aparatos enchufamos simultáneamente).
El Gobierno, que hizo y hace caso omiso a esos datos, estableció en el año 2015, cuando ya había en España más de 100.000 megavatios de potencia instalada, un sistema de subastas para asignar el servicio de interrumpibilidad (organizó entonces esas subastas aunque los seis años previos nunca hubo que echar mano de la interrumpibilidad, según revela la Comisión Europea en su informe Interim Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms). En fin, que los estableció aunque no eran necesarios. Las subastas habidas desde entonces se han saldado como se dijo en más de 1.600 millones de euros, cantidad que ha ido a parar a las interrumpibles y que probablemente se podrían haber ahorrado los consumidores.
Otras trampas
En su último informe, la Comisión también alerta sobre otra "trampa" del organizador de las subastas. El Ministerio subasta bloques de noventa y de cinco megavatios (5 MW). Y los primeros parecen diseñados para beneficiar solo a unas pocas empresas, grandes, que sí pueden parar 90 megas, porque tienen contratados más de 90. El informe de la CNMC también es explícito en este sentido:
«La CNMC ha señalado en numerosas ocasiones que las subastas del producto de 90 MW son particularmente susceptibles de presentar problemas de competencia, ya que el número de proveedores y su presión competitiva han sido reducidos en las subastas desarrolladas hasta la fecha. En este sentido, la CE también se ha pronunciado indicando que el definir un determinado umbral para poder proveer un servicio puede suponer una barrera a la entrada para pequeños proveedores, más cuando no se permite la agregación como es el caso de España».
En la subasta que tuvo lugar a finales del año pasado el umbral eran 90 megas. En la próxima, el Gobierno lo ha bajado a 40, pero el problema sigue existiendo. Y lo cierto es que son muchas las voces que vuelven a señalar lo ya señalado: el bloque de 40 parece hecho a medida de ciertas empresas, muy pocas, muy grandes. El consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, lo decía muy claro hace unos días: "solo pueden acceder [a la puja por esos 40 megas] cinco o seis empresas". La CNMC no se anda por las ramas.
«No se aportan datos en la documentación que acompaña a la propuesta sobre el potencial aumento de los puntos de suministro que pueden ofrecer el producto de 40 MW».
En fin, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia denuncia en su último informe que (1) "no está justificado el cálculo de las necesidades de potencia interrumpible" (Red Eléctrica de España subasta ahora 2.600 megavatios, pero, según la CNMC, no dice por qué subasta esa cantidad de potencia y no cualquier otra) y (2) la CNMC denuncia además que el coste de la subasta que ha ideado REE es "muy superior al de otras subastas eléctricas y gasistas celebradas en España", coste que la Comisión sitúa entre 75.000 y 205.000 euros, es decir, que estaríamos hablando de un sobrecoste (desde los 75.000 a los 660.000) de hasta un 880%.
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