Hasta 182 diputados, por encima de la mayoría absoluta (que está en 176) han dicho sí al decreto en cuestión, frente 152 noes, los de los diputados del Partido Popular (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), Unión del Pueblo Navarro (2) y Foro Asturias (1). El PNV (6) y Junts (4) y el PDeCAT (4) se han abstenido. Durante su defensa del decreto ley, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recalcado el carácter temporal de la mayoría de medidas incluidas (el recorte a la sobrerretribución es hasta el 31 de marzo), pero ha asegurado que trabaja para no aplicarlo a los suministros de energía a las industrias que presenten "precios razonables". Concretamente, ha afirmado que el objetivo es no aplicar este recorte a "quienes garanticen 'exnovo' precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas".
Más tarde, la vicepresidenta -informa Europa Press- ha aclarado que negocia con la industria y con las eléctricas las condiciones de suministro a las plantas para favorecer contratos a medio y largo plazo a precios estables, anteriores a la actual escalada de precios. A estas alturas, asegura que "las previsiones de septiembre (cuando se aprobó este decreto ley) han quedado desfasadas", algo que "obliga a revisar medidas adoptadas ya" y a "adaptarlas".
"Los costes reales no se corresponden con los precios"
Esa es la idea fuerza que ha esgrimido la ministra durante la defensa en la Cámara Baja del decreto ley, cuya principal medida es el recorte a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, que han recibido retribuciones muy por encima de sus costes de generación gracias a un sistema de conformación de precios obsoleto que no es capaz de ajustar los beneficios de manera razonable. (hay tecnologías por ejemplo que están produciendo a diez euros y menos el megavatio hora (como la gran hidráulica) y cobrándolo a 200.
La vicepresidenta ha explicado las causas que han provocado un encarecimiento del gas en los mercados internacionales y ha esgrimido que este efecto (el encarecimiento de una materia prima concreta, el gas natural) "no puede traducirse en un incremento de toda la electricidad", por lo que cree que mantener el actual mercado marginalista "no es viable" ante una situación de este tipo que se prolongue en el tiempo.
"Sobre todo cuando los costes reales de generación no se corresponden con el incremento de precios medios del sistema", ha abundado Ribera. Las estimaciones del Gobierno es que cada encarecimiento en un euro el megavatio hora en el precio del gas supone en los mercados mayoristas 2 euros/MWh más, y todo ello independientemente de "cuánta energía barata" hubiera en el pool.
PP y Vox
Tras la ministra, el PP, que ha pedido utilizar el turno en contra para explicitar su frontal oposición al decreto, ha acusado a Ribera de propiciar esta situación al no acometer inversiones "necesarias" en el suministro de gas, acabar con el carbón y plantear además un cierre acelerado de la nuclear.
Asimismo, el diputado popular Guillermo Mariscal ha acusado, a la vicepresidenta y al resto de diputados que no rechacen el decreto, de ser "corresponsables" de las dificultades de la industria. Respecto a la intervención en los beneficios, ha encuadrado la evolución en los precios de la electricidad en una reacción de las compañías. "¿Cuándo aprenderán que cuando aplican un impuesto se traslada al consumidor?", se ha preguntado.
José María Figaredo, de Vox, también ha encuadrado el recorte de beneficios como si de un impuesto se tratara, pero en este caso para recortar el coste del gas que estas tecnologías no emplean. Y es que, efectivamente, el recorte busca compensar los sobreprecios provocados por el gas en tecnologías que no lo usan y, por tanto, se benefician de un precio más elevado sin tener que sufrir los mayores costes.
"¿Por qué chantajean? Chantajean porque pueden"
En el debate parlamentario, la izquierda parlamentaria ha aplaudido las medidas, si bien ha lamentado que tengan carácter temporal y que no vayan más allá. Esquerra Republicana le ha recordado que aún tiene pendiente una "reforma integral, valiente" del mercado eléctrico, a la que obliga por ley la nueva Ley de Cambio Climático, mientras que Bildu ha recordado las palabras del portavoz del PNV, Aitor Esteban, al presidente Pedro Sánchez sobre el futuro de su Gobierno.
"Lo que puede hacer caer al Gobierno es que se siga dejando a las eléctricas ganar todo el dinero a costa de las clases populares. Fueron las clases populares las que pusieron a este Gobierno y no las eléctricas", ha reivindicado Oskar Matute, asumiendo una "situación de secuestro" y "chantaje" por parte de las grandes compañías.
"¿Por qué chantajean? Porque pueden, porque le regalaron el balón, el árbitro y hasta el campo. Y ahora creen que pueden decidir cómo jugar el partido", ha espetado Inés Sabanés (Más País-Equo), considerando como "traición" la oposición al decreto.
Que no puedan jugar con sus centrales según les convenga
Por parte de Unidas Podemos ha intervenido su portavoz, Pablo Echenique, para agradecer a Ribera un decreto "valiente" y pedirle "que no ceda a las presiones": "a nosotros solamente nos da órdenes la gente mediante el voto", ha subrayado, diciendo que, con su grupo, "nunca más un decreto va a volver a llevar el logotipo del oligopolio". Antes, había recordado cómo a un Consejo de Ministros con Adolfo Suárez llegó un plan energético con el membrete de la propia patronal eléctrica.
Aun concediendo que el sistema marginalista debe ser revisado y que hay que evitar que las eléctricas con diferentes centrales "jueguen con ellas", activándolas y paralizándolas "para lograr más beneficio" o incluso "modificar los precios", el PNV ha asegurado que el decreto "si no se modula o se corrige", acabará consiguiendo "el efecto contrario" al perseguido.
"No se trata de ceder, sino de modular para no perjudicar al precio fijo", ha dicho su portavoz económica, Idoia Sagastizabal, en referencia a los contratos bilaterales de la industria a precios estables y de larga duración.
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