No es la primera vez que se plantea esa participación estatal. Es más, hay muchas naciones en todo el mundo en las que el estado es dueño de una compañía eléctrica, o gasística, o petrolera, porque son muchos los estados que consideran que estas compañías, que nos proveen de suministros esenciales para atender necesidades básicas, son “estratégicas” para la nación. Más aún, en España ya hay participación estatal en la propiedad de las instalaciones renovables. Lo que ocurre es que los que participan aquí son otros estados: la empresa estatal noruega Statkraft, por ejemplo, está desarrollando ahora mismo en territorio español centenares de megavatios fotovoltaicos; la estatal italiana Enel está haciendo lo propio con centenares de megavatios eólicos, que tiene repartidos en proyectos que está impulsando por media España; el fondo soberano de Catar es el principal accionista de Iberdrola, compañía que no está participada por el estado español (pero sí por el catarí, a través de ese fondo) y que también está impulsando la instalación de muchos megavatios renovables aquí. O sea, que plantear que “el sector público debería participar más en la propiedad de las instalaciones renovables” no es algo nuevo.
Como igualmente evidente son (1) que el desarrollo desde lo público de una infraestructura determinada (un parque solar, por ejemplo) va a atender necesariamente más al interés público (de servicio público y de conservación del patrimonio natural, que es de todos) y (2) que el desarrollo de una infraestructura privada atenderá preferentemente en primer lugar (como es lógico) a los intereses privados del consejo de administración y/o de los accionistas de esa empresa privada, que no tienen por qué coincidir con el interés público.
Sea como fuere, esa es en todo caso una de las muchas propuestas que abre a debate el informe «Reducir el impacto ambiental de las instalaciones renovables», obra de Comisiones Obreras (CCOO). Estas son algunas de las soluciones que propone.
• Comisiones considera que es preciso plantear “la conveniencia de que, desde el Gobierno, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), o desde entidades locales o agencias de la energía, se promuevan instalaciones renovables, o que se rescaten concesiones hidroeléctricas próximas a caducar. El sector público –concluye– debería participar más en la propiedad de las instalaciones renovables”.
• El sindicato recuerda en su informe que la planificación urbanística, de competencia municipal, determina los usos del suelo a través de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o de Normas Subsidiarias (NNSS) y puede permitir o no –recalca– la instalación de plantas renovables a partir de esa normativa.
Así empieza «Reducir el impacto ambiental de las instalaciones renovables», de Comisiones Obreras
«El acelerado desarrollo que se está produciendo en España de las energías renovables está produciendo un acalorado debate social, especialmente en las zonas rurales donde se proyectan las grandes instalaciones solares y eólicas. Al calor de ese debate han surgido numerosas plataformas territoriales y algunos manifiestos, entre ellos el de científicos especializados en biología. En cualquier caso el sindicato tiene que abordar esta cuestión para tener capacidad de respuesta a esta polémica social. Para centrar este debate conviene empezar afirmando que las afecciones medioambientales de las grandes instalaciones renovables son reales y que hay que abordarlas»
• Comisiones pide seriedad en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). El sindicato denuncia que “estos procedimientos administrativos no se realizan en ocasiones con rigor” y alerta sobre otro problema: el que los promotores de grandes instalaciones a veces presentan los proyectos fraccionados de manera que al no superar cada uno de ellos los cincuenta megavatios (50 MW) se tramitan a través de las Consejerías de Medio Ambiente, “que suelen ser más permisivas –advierte Comisiones– que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.
El sindicato propone “descartar, o plantear la reducción, de los megaproyectos fotovoltaicos (por ejemplo superiores a 200 hectáreas) que se encuentren en zonas agrícolas o próximas a poblaciones o a espacios con cierto valor patrimonial”.
• “Sería muy importante –dice el informe de Comisiones– que las comunidades autónomas establezcan una planificación que determine qué zonas de su territorio deberían estar excluidas por su impacto en la biodiversidad o por afectar gravemente a otros usos recreativos o agrícolas prioritarios, con independencia de que ya existen zonas excluidas por las normas relativas a espacios naturales protegidos”. El Ministerio para la Transición Ecológica ha creado un geoportal con una zonificación a nivel nacional de la sensibilidad medioambiental, pero es “meramente indicativa” –destaca Comisiones– para los promotores y entidades que lo quieran utilizar.
• El sindicato propone por otro lado que en el mecanismo de subasta para nueva potencia renovable se reserve un porcentaje importante en las mismas para proyectos inferiores a diez megavatios (10 MW), “ya que son los proyectos más grandes, sobre todo en fotovoltaica, los que generan más problemas territoriales”. Las subastas deberían además establecer criterios de condicionalidad priorizando proyectos en zonas de baja sensibilidad, de repotenciación o de hibridación.
• Comisiones reclama en todo caso potenciar mucho más el autoconsumo urbano e industrial y la generación distribuida con la figura de las Comunidades Energéticas Locales, así como proyectos que ocupen espacios en embalses de agua o en infraestructuras existentes o que se integren con otras actividades como la agrovoltaica, piscifactorías, etc.
• “Las evaluaciones de impacto ambiental y la planificación autonómica que reclamamos –señala CCOO– deberían considerar una graduación de la aptitud medioambiental del suelo
de cara a posibles proyectos de plantas renovables ya sean eólicas o solares”. En ese sentido –sostiene CCOO–, se deberían priorizar suelos urbanizables o suelos rústicos o no urbanizables sin valores ambientales relevantes, terrenos degradados por otras actividades (mineras, vertederos...) o agrícolas de secano e improductivos o de escasa productividad.
Informe «Reducir el impacto ambiental de las instalaciones renovables»
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