El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija un objetivo 2030 fotovoltaico (FV) muy concreto: España debe tener instalados en esa fecha 39 gigavatios de potencia FV. Ahora mismo hay unos 12 gigas instalados. Según la patronal del sector, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), de los 27 gigas que faltarían por instalar, alrededor de 10 llegarán en forma de autoconsumos (casi siempre instalaciones sobre cubiertas, azoteas y tejados cuya producción será autoconsumida in situ), pero 17 tendrán que ser instalados sobre suelo. 17... Ahora mismo hay 102 gigavatios FV (102.000 megavatios fotovoltaicos) que ya tienen permiso de acceso concedido y que solo necesitan pues un punto en la red por donde sea posible efectivamente acceder. El Gobierno va a sacar a concurso concretamente 175 puntos de acceso en los que ha aflorado una capacidad superior a cien megavatios (o sea, un mínimo de 17.500 MW), y acaba de aprobar además una norma según la cual esos concursos “podrán” atender, aparte de los correspondientes criterios técnicos, ciertos “criterios socioeconómicos y ambientales” relativos a las zonas donde se ubiquen las instalaciones.
“Podrán”: ese es el quid de la cuestión
“Podrán” atender ciertos criterios. ¿Por qué el legislador no escribió “estarán obligados a” atender esos criterios socioeconómicos y ambientales? El formidable aluvión de proyectos renovables (más de 100 gigas hoy ya sobre la mesa, cuando el Gobierno plantea un total de 39... a diez años vista) está causando un hondo impacto en la sociedad civil, que ha comenzado a articular sus preocupaciones en forma de movimientos y plataformas –rurales y ciudadanas– que observan con preocupación los proyectos que vienen por el camino.
Porque muchos son los que no quieren ver cómo se les llena el suelo de aparatos y el cielo de cables, y/o porque son también muchos los que no quieren ver cómo se arriesga o se hipoteca su rica biodiversidad (que da soporte a la agricultura, la ganadería o el turismo), para que otros extraigan de sus territorios vernáculos la luz que venderán a precio de oro en la capital.
Ese es grosso modo el escenario: el de, por una parte, la llegada de poderosas multinacionales y fondos de inversión a la llamada España vaciada (desembarco en pos de solares –suelo barato– y Sol); y el de, por la otra, la España que en realidad no está vacía, y que teme que los anuncios de empleo y riqueza sean humo, y que sospecha que el impacto ambiental que van a propiciar esas infraestructuras será mayor (y más caro) que los futuribles beneficios socioeconómicos que prometen los promotores.
UNEF estima que solo sería preciso el 0,15% de la superficie agraria útil de España para instalar los 17 gigavatios de marras. Es decir, que solo el 0,15% de esa superficie dejaría de producir patatas, cebada o sandías para generar kilovatios hora. Los promotores prefieren esas superficies (agrarias) porque suelen ser llanas, suelen tener ya disponibles los accesos necesarios y suelen presentar otras ventajas que no ofrecen otros espacios más alejados o rústicos. Prefieren ese suelo y están pagando, porque pueden, buenas sumas por él.
Según Pilar Galindo, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), “están multiplicando por ocho, por diez o por no sé sabe cuánto, la renta agraria, de modo que están tentando mucho a los propietarios, que a lo mejor ni viven en el pueblo, y dejando fuera a los no propietarios”. El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, coincide: “están ofreciendo al propietario hasta ocho veces la renta agraria que tendría el arrendador” (hasta 2.000 euros por hectárea). Y el propietario sale bien parado; y el agricultor local que alquilaba hasta ahora al terrateniente ese suelo para cultivar (las patatas, la cebada o las sandías) se queda sin suelo.
En fin, impactos socioeconómicos no deseados (pérdida de soberanía alimentaria, destrucción de empleo local tradicional, concentración aún mayor de rentas, ensanchamiento de brechas socioeconómicas); e impactos ambientales, futuribles, cuando menos preocupantes.
UNEF ya se lo veía venir. Hace dos años. Cuando aún eran muy escasas las voces de alerta. La patronal publicó entonces (hace dos veranos) un interesantísimo documento –«Recomendaciones de mejores prácticas para la sostenibilidad ambiental de las instalaciones fotovoltaicas»– en el que ya adelantaba sus cauciones, y sus propuestas.
Entre ellas: vallados permeables para evitar la fragmentación de los hábitats; creación de islas arbustivas para paliar/minimizar/evitar el impacto visual; utilización de plantas que favorezcan a los insectos polinizadores; extensión de los estudios de seguimiento de avifauna; contratación de personal local; apuesta por la compra a proveedores autóctonos. El director general de UNEF, José Donoso, repasaba esas propuestas y enunciaba otras más ambiciosas el pasado 28 de junio en una jornada virtual organizada por Equo y en la que también participaba la antes citada Galindo.
“Proponemos a nuestras empresas –apuntaba en esa jornada Donoso– que utilicen el hincado en vez de hormigón” (el hincado de las infraestructuras que soportan las placas es una técnica en la que el sector solar fotovoltaico español ha sido por cierto pionero a escala mundial y que evita el uso de hormigón, mucho más impactante); “decimos desde luego no a los productos fitosanitarios -añadía Donoso-; si hay que hacer desbroces que sean con ganado ovino”. Por supuesto UNEF está de acuerdo con que se prohíba instalar en áreas protegidas “o en zonas en proceso de ser protegidas”, concretaba su director general. “No queremos que se utilicen las expropiaciones (...). Si el territorio no está de acuerdo, no se debe desarrollar esa planta (...). No queremos dinero de los fondos de recuperación para las plantas en suelo. No lo necesitan. Los 900 millones de euros de los fondos de recuperación que van a ir promover el autoconsumo... es ahí donde tienen que ir. Eso es lo correcto”. Más aún: Donoso (UNEF) está de acuerdo en que haya participación local en las plantas: “una alternativa es que se emitan bonos garantizados para la población local. Y que solo pueda acceder a esa emisión la población local, donde se encuentre la planta o por donde pase la línea, garantizándoles un interés mínimo del entorno del 5%”.
Y más todavía: “estamos en contra –ha dicho explícitamente Donoso– de esas concentraciones tan grandes [de instalaciones solares] que hay en determinados municipios. Es un error tremendo. Estamos a favor de que se haga el estudio de impacto ambiental acumulativo y que solo se autorice lo que se tenga que autorizar. Hay mucho territorio, y hay territorio para hacer las cosas bien. Pero atacando genéricamente a las plantas en suelo lo único que conseguimos es cometer un error histórico. Otra cosa es que hay que hacer las cosas bien. Claro. Y hay plantas que no se tienen que construir. Pero no se puede pedir una moratoria global. Porque estaremos perdiendo una ventana histórica; nos estamos jugando mucho, muchísimo, todo el proceso de transición ecológica. Por lo que hay que luchar es por ejemplo –apunta Donoso– porque las comunidades autónomas en las que están las instalaciones tengan un precio de la electricidad más barato que Madrid o Barcelona, que son los centros consumidores. Para favorecer sus desarrollos industriales y su crecimiento económico”.
Según UNEF, la solar FV deja en el territorio desde el minuto cero una media de 10.000 euros por megavatio y año durante los diez primeros años.
Sobre el papel parece pues que hay soluciones. Y parecen viables, habida cuenta de que es la misma patronal la que las postula (desde el verano de 2019 muchas de ellas). Lo que ocurre es que también hay problemas. Porque una cosa son las declaraciones de intenciones, y otra, la realidad. El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, señala el caso de Murcia: “en Murcia, en estos momentos, entre los proyectos que ya están funcionando (que son 3.265 megavatios) y los proyectos que están presentados, nos encontramos con que ya estamos en un 4% del territorio de superficie agraria útil, o un 5,4% si hablamos de secano, porcentajes que ya son mayores que la superficie de invernaderos que tiene toda la provincia”.
La Fundación que preside Ferrandotambién ha publicado recientemente un informe sobre el particular: «Territorio y renovables. El desarrollo de las grandes plantas bajo criterios de inclusión territorial». En ese texto plantea propuestas concretas para un despliegue renovable sensato, presididas todas ellas, en todo caso, por la idea-fuerza que titula este reportaje: pla-ni-fi-ca-ción. “El problema –sostiene Ferrando– es que no hay ninguna legislación que fije límites, ni en tamaño, ni en usos...”.
Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables: “pedimos una limitación clara de la utilización de la superficie agraria útil. Que las iniciativas no puedan tener más de un 30% de superficie agraria útil (...). El autolímite de la ambición es una quimera. Aquí lo que necesitamos es ordenamiento, necesitamos zonificación socioeconómica vinculante, necesitamos una ordenación del territorio provincia a provincia, zona a zona. No conozco a ningún promotor que si puede hacer una instalación de 250 se limite a hacer 50”
“Hace falta una planificación vinculante con participación ciudadana”, coincidía Luis Bolonio, portavoz de la plataforma Alianza Energía y Territorio, Aliente, en la misma jornada virtual. “Porque sin planificación el daño es irreversible, o muy profundo. Desde el Ministerio no se está haciendo esa planificación. Por eso pedimos una moratoria temporal, porque es necesaria. O, ¿qué hacemos mientras? Con planificación, exclusión de espacios donde instalar y participación ciudadana, no hace falta moratoria”.
“La planificación es una necesidad imperiosa”, coincide Ana Carricondo, coordinadora de Programas de Conservación de la asociación ornitológica SEO/BirdLife.
En realidad, probablemente ninguna plataforma ciudadana, ninguna organización ecologista, desea moratoria. Pero hace falta pla–ni–fi–ca–ción. Todas la reclaman. Y objetivos vinculantes. Nada de… “podrán”. Los concursos "deben" estar "obligados" a incluir criterios socioeconómicos y ambientales inequívocamente “vinculantes” a la hora de hacer ganadora una propuesta de parque u otra.
Planificación. Vinculante. Dos palabras clave.
No, en el fondo nadie quiere moratoria.
“Le planteo a la administración un ejercicio de responsabilidad y de creatividad para que, sin parar la bicicleta, nos plantee una planificación que devuelva la confianza a la ciudadanía”.
Hermosa frase para acabar, de Pilar Galindo, SEAE. Sin parar la bicicleta.
Porque el cambio climático... ese... ese no se va a parar.
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