Los ecologistas insisten en pedir que los PGE incluyan la subida del impuesto al diésel

El Ejecutivo -gobierno de coalición PSOE-Podemos- ha propuesto, en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado, elevar el tipo impositivo del diésel en 3,8 céntimos de euro por cada litro, por lo que el gravamen estatal pasaría de los 30,7 céntimos por litro actuales a los 34,5 del nuevo tipo. El Gobierno trata de equiparar así el impuesto al diésel al impuesto a la gasolina (el gravamen que acarrea la gasolina -40,07 céntimos de euro por litro- ha sido siempre mayor que el gravamen del diésel). Las principales organizaciones ambientales de España -Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF- han solicitado al Gobierno la permanencia de la rebaja de la "subvención" de que goza el diésel, y otras organizaciones (IDMA, Fundación Renovables, Transport & Environment y la Fundación Ecodes) se han sumado a esta petición. PNV y Ciudadanos sin embargo están en contra de esa equiparación, aunque quemar un litro de diésel supone emitir dos kilos y medio de CO2; un litro de gasolina, 2,2 kilogramos de dióxido de carbono

La bonificación al diésel -explican los ecologistas- se concedió, en su día, al suponer que este combustible permitía disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, a día de hoy, las oenegés consideran que ya está sobradamente probado que, cuando se tiene en cuenta todo su ciclo de vida, los vehículos diésel emiten incluso más GEI que los vehículos movidos con gasolina. Más aún -añaden las oenegés-, los vehículos diésel son la principal fuente de contaminación atmosférica en la mayoría de las ciudades: según la Comisión Europea, los vehículos diésel son responsables del 80% de los óxidos de nitrógeno procedentes del tráfico rodado. La contaminación atmosférica, solo en España, causa más de 30.000 muertes prematuras, además de un coste sanitario (en España) que la Alianza Europea por la Salud Pública ha cifrado en 3.000 millones de euros anuales.

Las organizaciones ambientales mencionadas consideran que la fiscalidad debe ser una de las herramientas que el Gobierno utilice para atajar la emergencia climática a la que nos encontramos: calentamiento global, pérdida de biodiversidad, aumento de residuos y de contaminación química. Y, en ese sentido, proponen una reforma fiscal "que traslade los costes ambientales de determinadas actividades económicas impactantes, o del uso de productos contaminantes, a sus responsables". En el otro plato de la balanza, proponen que se bonifique la realización de aquellas buenas prácticas "que conlleven externalidades positivas para el conjunto de la sociedad y ayuden a reducir desequilibrios sociales".

Una pequeña reforma
El proyecto de Ley de los PGE incluye lo que los ecologistas califican como "una pequeña reforma en este sentido": la primera rebaja de la bonificación al diésel. "Es un primer paso necesario que solo afecta al gasóleo de uso no profesional y que implica una subida no muy notable", sostienen.

El propio Ejecutivo calcula que la aplicación de esa medida supondrá un gasto adicional para el consumidor final medio de 3,45 euros por mes, e insiste en todo caso que la tributación del gasóleo profesional y bonificado no sufre en todo caso variación. El Gobierno recaudaría así 500 millones de euros adicionales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió, durante el acto de presentación del proyecto de PGE, que la medida no tiene afán recaudatorio, y puso como ejemplo que, en un depósito de 50 litros, el incremento va a suponer solo 2,3 euros, IVA incluido, o 3,45 euros al mes por 15.000 kilómetros al año.

De cualquier manera, las organizaciones ambientales proponen que la recaudación obtenida se destine "íntegramente" a facilitar la transición ecológica de forma socialmente justa y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta: "esto haría -arguyen- que los beneficios se multiplicaran y fueran mejor comprendidos por la sociedad".

Por último, las cinco oenegés recuerdan que "Europa ha pedido en repetidas ocasiones al Estado español que aumente los impuestos ambientales y se acerque a las de los países de nuestro entorno para poder orientar el comportamiento de los agentes económicos y contribuir a la protección del medio ambiente y a la mejora de la justicia social". En términos de porcentaje del PIB -señalan en ese sentido-, el Estado español ocupa el puesto 24 en el escalafón de la fiscalidad ambiental sobre un total de 27 países (los 27 de la UE-27).

Por todos esos motivos, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclaman al Gobierno central que no retire la propuesta de reducir la bonificación del gasóleo. Asimismo demandan a PNV y Ciudadanos que no condicionen su apoyo a los PGE a la retirada de esta medida.