La industria española del automóvil perderá el tren postCovid si el Gobierno decide rescatarla con subvenciones a la adquisición de vehículos de motor de combustión (diésel, de gasolina o de gas natural). Es el mensaje que lanzan las organizaciones no gubernamentales arriba reseñadas en un comunicado conjunto en el que señalan que las principales marcas europeas del sector del automóvil ya están volcándose en el desarrollo proimplantación del vehículo eléctrico en el Viejo Continente. Por muchos motivos, entre otros, porque (1) las restricciones al uso del vehículo de motor de combustión son cada vez mayores en cada vez más ciudades, porque (2) la reglamentación europea es cada vez más exigente en materia de emisiones y porque (3) la sensibilidad ambiental de la ciudadanía -ambiental y en materia de salud- es así mismo cada vez mayor. Por todo ello, probablemente, en el año 2019 -explican las asociaciones-, Europa ha recibido 19 veces más inversiones en movilidad eléctrica que durante el bienio 2017/2018 y 3,5 veces más que China en el mismo año. "Con 60.000 millones de euros invertidos en la producción de vehículos eléctricos en Europa, 2020 y 2021 serán un punto de inflexión", aventuran las oenegés firmantes.
Todos los indicios parecen apuntar en esa dirección
Bruselas, con una reglamentación (en materia de emisiones) cada vez más exigente, está impulsando la transición Motor de Combustión-Motor Eléctrico en los principales fabricantes europeos de automóviles. Además, a escala local, y según las asociaciones firmantes, a los vehículos de combustión interna les va a resultar cada vez más difícil el poder circular por las ciudades, a medida que estas vayan implantando (ya está sucediendo) Zonas de Bajas Emisiones y aprobando otras ordenanzas locales restrictivas, restricciones que llegan de la mano de la preocupación ciudadana creciente por la calidad del aire en las ciudades. La propia Agencia Europea del Medio Ambiente estima que cada año mueren prematuramente 400.000 personas en la Unión como consecuencia de la contaminación atmosférica.
Así, las oenegés firmantes se preguntan "¿por qué debería el Gobierno de España poner dinero público en una línea [subvencionar la compra de vehículos de motor de combustión] que va (1) en contra de las propias inversiones de los fabricantes y (2) en contra de todo objetivo climático?".
Los firmantes recuerdan por otro lado que la mismísima Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado un manifiesto para una recuperación saludable y verde de la pandemia de Covid-19 en el que urge a los países "a dejar de usar el dinero de los contribuyentes para financiar la polución creada por los combustibles fósiles, los cuales aún reciben subsidios directos por valor de 400.000 millones de dólares cada año a nivel mundial".
Las organizaciones firmantes coinciden en que hay que asegurar los puestos de trabajo del sector de la automoción, un sector que tiene un peso considerable en términos de PIB nacional, pero advierten que "ello sólo va a ser verdaderamente posible si se adoptan medidas de apoyo a las tecnologías que realmente tienen futuro, en el marco de la legislación europea actual".
Los fabricantes de automóviles -insisten los firmantes- deben recordar que han de cumplir obligatoriamente ya en 2020-2021 con la normativa europea sobre emisiones de CO2 de los vehículos (el 95% de los turismos vendidos en 2020 por cada marca tiene que emitir menos de 95 g de CO2/km, lo que implica que van a tener que producir muchos vehículos eléctricos)*.
Pues bien, en este contexto, y "ante las noticias surgidas sobre la solicitud del sector del automóvil de un importante paquete de estímulo económico (denominado como Plan Renove) mediante el cual se destinarían importantes sumas de dinero público a la compra de vehículos de combustión fósil", las organizaciones firmantes consideran que "ese enfoque sería desastroso para nuestro futuro, además de que iría en contra de la coherencia entre políticas públicas nacionales y europeas".
Según las oenegés, el Gobierno "no puede actuar irresponsablemente promoviendo con el dinero de la ciudadanía planes y programas de ayuda que pongan en riesgo el logro de esos objetivos jurídicamente vinculantes (...). Si damos prioridad a salvar los coches de combustión interna -añaden los firmantes-, perderemos los empleos en el sector". Frente a ello, las oenegés apuestan por que España gane posiciones "en el mercado que está llegando”.
En las antípodas de la subvención al vehículo de motor de combustión están Francia y Alemania
Francia -explican en su comunicado los firmantes- está dando los pasos para posicionarse "como el número uno europeo en la producción de vehículo eléctrico". El pasado 4 de junio, el Gobierno alemán acordó un paquete de recuperación económica de 130.000 millones de euros, con 40.000 millones de euros para la acción climática y sin incentivos de compra para automóviles de gasolina y diésel.
Solo se concederán incentivos -explican las oenegés- para la compra de vehículos eléctricos, duplicando la ayuda que ya existía. "Esto significa que habrá una ayuda estatal de 6.000 euros para la compra de vehículos eléctricos a la que se sumarán otros 3.000 que aportará el fabricante, lo que eleva la suma a 9.000 euros".
La medida se aplicará a automóviles con un valor de hasta 40.000 euros. Además, entre otras medidas, el impuesto a los vehículos de motor también se reformará para que los propietarios de vehículos con grandes consumos de combustible, como los SUV, paguen impuestos más altos.
A partir de enero de 2021, los propietarios de automóviles con emisiones de más de 95 gramos de CO2 pagarán gradualmente más impuestos.
La Alianza Europea para la Salud Pública (EPHA, en sus siglas en inglés, plataforma que reúne a más de 70 entidades del sector de todo el continente) recuerda por fin que la contaminación del aire es, según la mismísima Agencia Europea del Medio Ambiente, el mayor factor ambiental de riesgo para la salud en Europa, especialmente en las ciudades. Las partículas (PM), el dióxido de nitrógeno (NO₂) y el ozono a nivel del suelo (O₃) son los elementos más dañinos. La contaminación urbana por NO₂ proviene principalmente del tráfico, especialmente de los vehículos diésel, que también son una fuente importante de PM. Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, la EPHA ha advertido que quienes viven en ciudades contaminadas están más expuestos a Covid-19.
Según un informe de EPHA, España se ahorraría entre 477 y 731 millones de euros al año en costes derivados de la contaminación del aire provocada por el transporte en carretera, si prescindiera de los vehículos más viejos y lograra un alto grado de penetración de los coches eléctricos (un 21%) en el 2030.
"En resumen, el único apoyo público aceptable -sostienen los firmantes- es acelerar la adopción de soluciones tecnológicas limpias, de cero emisiones de CO2, en todos los sectores de la movilidad; en el caso del transporte por carretera, no hay que pensar sólo en turismos y motos, sino también en el transporte de mercancías y pasajeros: furgonetas, camiones, autobuses".
Las oenegés señalan además que, "paralelamente, hay que asegurar que se destina la suficiente inversión pública y privada a la infraestructura de carga eléctrica en edificios privados y públicos, en centros de carga rápida para taxis, vehículos de transporte de pasajeros y furgonetas, y en toda la red de carreteras de la Unión Europea".
Como medidas complementarias a las reseñadas, añaden también el fomento del teletrabajo, "para hacer los menos desplazamientos posibles", de la movilidad compartida y un fuerte impulso al gasto en transporte público cero emisiones: autobuses, tranvías y trenes.
Así, urgen al Gobierno, "así como a todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, que, en el marco de la recuperación económica post-Covid-19, se haga un uso eficaz y responsable del dinero de los ciudadanos destinándolo exclusivamente a desarrollar una política industrial inteligente en el sector de la automoción que se centre fundamentalmente en potenciar la electromovilidad".
*Nota
Esta normativa sobre las emisiones de CO2 del automóvil es la principal herramienta legal de la UE para reducir el impacto climático creciente de éstos, que representan el 14% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero de la UE y el 70% de las emisiones de transporte por carretera de la UE. El primer objetivo significativo, después de años de crecimiento continuado de las emisiones de CO2 y la falta de modelos de automóviles eléctricos en el mercado, entró en vigor el 1 de enero de 2020 y es que el 95% de todas las ventas de automóviles nuevos de pasajeros en toda la UE tienen que estar en o por debajo de los objetivos promedio de 95 g de CO2 por km. El objetivo se aplica al 100% de ventas en 2021.