El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el vicepresidente Pablo Iglesias; y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, presentaron ayer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021, que será enviado a las Cortes. Entre las nuevas medidas fiscales, y dentro del paquete denominado Fiscalidad Verde, el Gobierno propone en sus PGE 2021 la supresión de la bonificación fiscal del diésel, de forma que el tipo estatal general del gasóleo pasará de los 30,7 céntimos por litro actuales a 34,5. El Ejecutivo calcula que eso supondrá un gasto adicional para el consumidor final medio de 3,45 euros por mes. La tributación del gasóleo profesional y bonificado, no obstante, no sufrirá en ningún caso variación. Montero defendió ayer que la medida no tiene afán recaudatorio, y, durante su comparecencia, puso como ejemplo que, en un depósito de 50 litros, el incremento va a suponer solo 2,3 euros, IVA incluido, ó 3,45 euros al mes por 15.000 kilómetros al año. La medida ha sido celebrada (por su condición fiscal "verde") por la Fundación Renovables, que la considera no obstante insuficiente.
España -dice la FR- es uno de los países europeos que menos grava el consumo de diésel, y en todo caso grava menos ese combustible que la gasolina (el tipo estatal aplicado a la gasolina es de 40,07 céntimos por litro). Y esa ventaja comparativa la Fundación Renovables la considera "injustificable", habida cuenta de "la emergencia climática que estamos viviendo", y del impacto que causa la contaminación por la utilización de diésel en la calidad del aire y, por ende, en la salud de la ciudadanía. La FR recuerda en ese sentido que, según la propia Agencia Europea de Medio Ambiente, el diésel causó más de 34.000 muertes prematuras en 2016 en España, "principalmente por la concentración de óxidos de nitrógeno (NO₂) y de partículas de menos de 2,5 micras, propiciadas por un parque de automóviles con más de 13,5 millones de turismos diésel". También la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) ha publicado informes -señalan desde la Fundación- que sugieren que el aumento de la exposición al NO₂ puede causar accidentes cerebrovasculares, coágulos de sangre, diabetes y presión arterial elevada.
Sea como fuere, la propuesta (que ya ha sido criticada por Ciudadanos y PNV, entre otros), se traduciría, de ser finalmente aprobada, en unos 450 millones de euros (M€) en 2021 y 50 M€ en 2022, según señaló ayer el Gobierno. "Esta asimetría en la recaudación -matizan desde la Fundación- nos plantea una serie de interrogantes y nos extraña, porque entendemos que debería ser similar en ambos años". En ese sentido, la Fundación se manifiesta preocupada ante la posibilidad de que el Ejecutivo esté considerando esta subida del impuesto como "transitoria", cuando, desde su punto de vista, "debería ser progresiva e ir aumentando año tras año hasta que disminuya el parque de automóviles diésel".
De acuerdo con los datos de venta de litros de diésel en 2019, y teniendo en cuenta la recuperación del consumo prevista para 2021 y la medida propuesta por el Gobierno, la Fundación calcula una recaudación anual que superaría los 1.409 M€, cifra muy lejana a los 450 M€ que el Gobierno prevé recaudar en 2021. La diferencia entre una y otra cifra se explica porque el Ejecutivo ha decidido no aplicar su nueva medida al diésel de uso profesional, que, según la Fundación, suma el 68% de todo el diésel.
Fiscalidad
Más allá del caso concreto del diésel, la Fundación Renovables vuelve a insistir, en su valoración de los PGE, en "la necesidad de una política fiscal activa y de una Ley de política fiscal verde en materia energética que debe ser finalista en cuanto al gravamen de prácticas no deseables y al fomento de las que sí lo son". La FR considera la fiscalidad "una herramienta indispensable para la transición energética y para mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades". La política fiscal activa -apuntan desde la Fundación- constituye "una herramienta clave en la transición energética, que debería reflejarse como objetivo de la futura de Ley de Cambio Climático y Transición Energética".
La propuesta de la Fundación: «La configuración de los precios finales de los combustibles fósiles debería establecerse a través de un suelo fijo definido con respecto a un precio del petróleo Brent de, por ejemplo, 60 $/bbl, de manera que si los precios son inferiores a este valor no se trasladen al consumidor y, en todo caso, si se superara este suelo, incluir en el Impuesto especial de hidrocarburos un incremento de 5 céntimos de € por litro en gasóleos y gasolinas y de 1 € por MWh en el caso del gas natural. Conjuntamente -concluye la Fundación-, todo ello se contempla en nuestra iniciativa de incluir la eliminación progresiva de los nuevos vehículos de gasolina y diésel, algo que debería ocurrir en 2025 para el diésel y en 2040 para todos los vehículos de combustión»
Por fin, la Fundación señala también "la necesidad de definir su derivación [la derivación del impuesto al diésel] a financiar proyectos que aceleren la transición energética".
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