Ana Oramas (Coalición Canaria) le dio el sí a Mariano Rajoy en su fallida sesión de investidura (para facilitar la gobernabilidad, dijo) y Pedro Quevedo (Nueva Canarias) es objeto frecuente de deseo (y frecuentemente aludido) cada vez que algún analista político iluminado hace cuentas para devolverle las funciones al popular Rajoy. Hasta hace poco el cuento era que si le sumamos los cinco diputados del PNV al acuerdo PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, pues ya solo quedaría uno para lograr la mayoría absoluta, ergo la investidura. ¿Cuál? El de Nueva Canarias, o sea, el de Quevedo, que llegó al Parlamento en el barco del PSOE (compartió coalición con los socialistas en la circunscripción de Las Palmas), pero pertenece al Grupo Parlamentario Mixto. ¿Qué ocurre, sin embargo? Pues que el deseado Quevedo se ha resistido hasta ahora a los encantos de Mariano Rajoy.
Escenarios
La crisis socialista reabre tantos escenarios como los que cierra. Y, en mitad de ella, vuelve a elevarse la figura de Alberto Nadal, el secretario de Estado de Energía, que ayer le prometió por lo visto al consejero Ortega -eso dice la nota de prensa del Gobierno canario- una subasta específica de energía eólica y fotovoltaica. En fin, hermosa deferencia para el socio insular -zanahoria en el horizonte- que contrasta con la cruda realidad: el Real Decreto de Autoconsumo que aprobó el propio Nadal hace ahora un año sigue tal cual estaba, es decir, que no ha cambiado una sola coma desde entonces. Y ello, a pesar de los lamentos, protestas y cartas a Nadal del Gobierno canario, que reprochó en su momento que la exención del impuesto al sol que el RD establecía para las instalaciones de autoconsumo solar del archipiélago era solo provisional y revisable a tres años vista, lo que no animaba al inversor.
Con el eólico, aún peor
Con el autoconsumo eólico el problema es idéntico. O peor. El Ejecutivo canario ya solicitó en su momento que las instalaciones de desalación de agua con energía renovable que hay en el archipiélago "queden excluidas de los nuevos parámetros que se quieren aplicar para el autoconsumo de energía eólica". Lo que establece ese RD es, grosso modo, que las desaladoras que emplean energía eólica para desalar deben contratar más potencia a Endesa, o sea, que van a tener que incrementar sus costes. ¿Por qué? Pues porque así lo establece, en genérico, el RD, que no tiene en cuenta la excepcionalidad de estas instalaciones. El Gobierno canario protestó en su momento y solicitó la excepción para "garantizar la viabilidad de las siete instalaciones de desalación de agua alimentadas con energía eólica que hay en las islas y evitar sobrecostes a las producciones agrícolas que dependen de ellas para su riego". Solicitud hecha... y hasta hoy.
Baleares
El caso balear es parecido. Allí, el RD de Autoconsumo afecta del mismo modo: exención -provisional- del pago del impuesto al sol, o sea, que parece que el legislador está avisando de que mañana puede imponer -discrecional- esa tasa, lo cual está retrayendo lógicamente (en una cierta medida) la inversión. Pero volvamos a las subastas. A saber: resulta que las subastas están contempladas, desde agosto de 2014, en la orden IET/1459/2014, "por la que se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares". O sea, que desde agosto de 2014, el Ejecutivo central puede dar luz verde a una subasta en cualquiera de los dos archipiélagos. Pues bien, dos años y medio después de aprobada aquella norma, el secretario Nadal no sabe/no contesta con respecto a Baleares, que ha demandado por activa y por pasiva esas subastas.
¿Gobierno en funciones o dejación de funciones?
El Ejecutivo en fin (el central) no ha dicho esta boca es mía en Baleares y ahora acaba de anunciar -según el Gobierno canario- que sí, que va a convocar una subasta eólica y fotovoltaica en las islas afortunadas. Los hechos, a día de hoy, son los arriba expuestos. No se ha instalado un solo megavatio eólico en Baleares ni en Canarias en los últimos años, no ha habido subastas y la amenaza de revisión de la excepción del pago del impuesto al sol sigue escrita, negro sobre blanco, en el papel. Cierto es que en España nadie está pagando esa tasa, pues el Ejecutivo Central no se ha atrevido a desarrollar la normativa que haría posible su cobro, pero no menos cierto es que su sola existencia sobre el papel sigue siendo en cierta medida disuasoria. Porque... ¿y si mañana empiezan a cobrarlo? Todos los analistas coinciden en lo mismo: ese impuesto nunca se cobrará, pero el miedo es libre.
Hasta aquí, los hechos (o el palo); a partir de aquí, la nota de prensa del Gobierno canario (o la zanahoria)
«El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, anunció hoy [por ayer] que el Estado va a realizar lo antes posible -eso dice literalmente la nota- una nueva subasta específica para Canarias tanto de energía eólica como fotovoltaica (...). Además, el Ministerio de Industria y Energía en funciones se ha comprometido con Pedro Ortega a realizar las gestiones necesarias para garantizar la puesta en marcha de los parques eólicos a los que se ha asignado cupo en las islas».
«Estos son -continúa literalmente la nota- dos de los acuerdos más importantes alcanzados hoy [por ayer] entre Pedro Ortega y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, durante el encuentro mantenido en Madrid para tratar de desbloquear algunos asuntos relacionados con el impulso de las energías renovables en las islas y que, según el propio consejero, "suponen grandes noticias para Canarias". A la reunión también acudió el viceconsejero de Industria, Comercio y Conocimiento, Adrián Mendoza».
«En cuanto a la puesta en marcha de una nueva subasta de energía renovable para Canarias -explica la nota de prensa-, el consejero de Economía explicó que en estos momentos se está calculando cuánta energía renovable admite el sistema eléctrico de Canarias para poder elaborar las condiciones técnicas de la subasta. En cualquier caso, explicó que su desarrollo no está condicionado con la existencia de un Gobierno en funciones».
«Por otra parte, Ortega recordó que ya el pasado mes de julio envió carta al ministro de Industria en funciones, Luis de Guindos, solicitando que se modifique la normativa actual (la Orden IET 1459/2014) para ampliar y establecer un único plazo para todos los parques, estableciendo el 31 de diciembre de 2018 como fecha límite común a todos. A raíz de esta petición, el secretario de Estado de Energía se ha comprometido a estudiar uno a uno todos los casos de parques eólicos con potencia asignada que tienen dificultades para cumplir con el plazo de 24 meses que la normativa les da para finalizar la obra, con el fin de concederles una prorroga que garantice su puesta en marcha, teniendo en cuenta que el 31 de diciembre de 2018 ya tienen que estar en marcha».
Eso dice la nota de prensa. A continuación, datos para el contexto
Los 49 parques eólicos a los que se ha asignado retribución económica -los que están inscritos en el registro específico canario y tienen derecho a una retribución excepcional- disponen de 24 meses para finalizar su instalación. 24 meses que empiezan a contar a partir de la fecha en la que cada uno de ellos recibió la notificación de su inscripción en el registro retributivo específico. Ese registro se ha ido haciendo de forma escalonada e individual con cada uno de los promotores durante los meses comprendidos entre enero y junio de este año.
Por otro lado, se da la circunstancia de que muchos de los parques a los que se ha asignado potencia comparten infraestructuras comunes, infraestructuras cuya ejecución depende de Red Eléctrica España, que -según asegura el Gobierno de Canarias- "no podrá comenzar las obras, hasta no disponer de todas las solicitudes presentadas por los parques afectados por las mismas".
Según los datos difundidos por la consejería canaria de Industria, la puesta en marcha de los 49 parques, a los que se ha asignado una potencia de 436,3 megavatios, permitirá que la penetración de energías renovables en las Islas aumente del 9,9 al 21% del total de la demanda energética. A día de hoy, 27 de los 49 proyectos eólicos que tienen cupo asignado han obtenido ya la autorización administrativa de la Consejería, que ha ido avanzando en cada uno de los expedientes a medida que los promotores han presentado la documentación requerida. Éste es el último paso administrativo que los promotores deben completar antes de iniciar las obras de instalación. Según la información manejada por Industria, muchos de los proyectos eólicos comenzarán en octubre con su instalación.
