Según recoge un comunicado conjunto de las cinco organizaciones, los ecologistas demandan un aumento del peso de los criterios ambientales hasta el 50 % y los sociales al 25 %, y solicitarán formalmente al Gobierno modificar en este sentido la Ley del Sector Eléctrico. Además, solicitan que la apertura escalonada de las Zonas de Alto Potencial para el desarrollo de la Energía Eólica marina (ZAPER) y la definición de criterios para la adjudicación de subastas estén expresamente definidos en el Real Decreto.
Para vigilar de cerca el cumplimiento de estas demandas, los ecologistas también han solicitado a la vicepresidenta tercera y ministra, Teresa Ribera, tener un lugar en la nueva mesa de trabajo en la que se negociará con todos los sectores interesados la implantación de la eólica marina en España y, en especial, las localizaciones de los parques. Además piden que el diálogo público-privado sea "obligatorio", y que la estructura y formato de dicha negociación quede ya definidos en el Real Decreto.
Observaciones al proyecto de Real Decreto
Previa publicación del borrador de Real Decreto, las organizaciones ecologistas ya presentaron al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico una propuesta pionera para asegurar un marco normativo de la eólica marina, cuyo desarrollo fuera compatible con la naturaleza y beneficioso para las personas. Las organizaciones lamentan que el borrador de Real Decreto siga dando "muy poco peso" a los criterios ambientales y sociales en la valoración general de proyectos en las subastas (30%).
Los conservacionistas recuerdan que España cuenta con una plataforma continental marina "excepcionalmente rica en biodiversidad", por lo que consideran especialmente importante asegurar tanto las mejores ubicaciones como los mejores proyectos para evitar potenciales impactos que, de producirse, "podrían hacer fracasar el despliegue de renovables en el mar".
Las renovables, esenciales para la neutralidad climática
Lejos de oponerse al desarrollo renovable, las organizaciones destacan la urgente necesidad de lograr la neutralidad climática en la UE y en España no más tarde del año 2040, así como de cumplir con el compromiso de proteger al menos el 30 % del espacio marino para el año 2030. Pero, para que esto pueda ocurrir, es "imprescindible" que el despliegue de las energías renovables, tanto en el mar como en tierra, ocurra de forma "ordenada y respetuosa" con las personas y la biodiversidad.
Observaciones al proyecto de Real Decreto
Por todo ello, el enfoque estratégico propuesto por las organizaciones ecologistas tiene la intención de equilibrar el necesario avance de la transición energética con las salvaguardas necesarias que puedan garantizar, por un lado, la protección de la biodiversidad y, por otro, un proceso de gobernanza inclusivo y participativo que resulte en el desarrollo justo y sostenible y suficientemente ágil de la energía eólica marina en España.
En este sentido, y en línea con su propuesta de marco normativo enviado y publicado el pasado 13 de febrero de 2024, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han presentado de manera prioritaria las siguientes observaciones al proyecto de Real Decreto, en las que destacan y exponen los aspectos clave que no pueden quedar fuera de esta regulación:
Validación de los polígonos Zonas de Alto Potencial para el desarrollo de la Energía Eólica marina (ZAPER) delimitados
Las organizaciones ecologistas consideran fundamental limitar el despliegue de la eólica marina a las ZAPER, así como su apertura de forma escalonada, priorizando aquellas que representen un menor grado de impacto ambiental. Asimismo, proponen la realización de una Evaluación Ambiental previa llevada a cabo por la Administración para cada ZAPER, a fin de poder establecer un número máximo de aerogeneradores que podrían desarrollarse en el área y su ubicación óptima dentro de la misma. En todo caso, deberá excluirse cualquier proyecto que pudiera colindar o solapar con Zonas de Uso Prioritario para la Biodiversidad.
Adjudicación de derechos en base a criterios sociales y ambientales
Las organizaciones ambientales lamentan que el borrador de Real Decreto no establezca una obligatoriedad en la aplicación de criterios ambientales y sociales para los procesos de concurrencia competitiva, y que la puntuación de estos se haya visto limitada a un máximo del 30%. Las organizaciones insisten en aumentar el peso de los criterios ambientales hasta el 50% y los sociales al 25%. En este sentido, solicitarán formalmente al gobierno modificar la Ley del Sector Eléctrico, para hacerlo posible.
Desarrollo y resolución del proceso de concurrencia competitiva
El borrador de Real Decreto prevé que el procedimiento de concurrencia competitiva quedará concretado y regulado a través de una posterior Orden Ministerial; hecho que limita significativamente la participación pública durante el resto del proceso. En este sentido, las organizaciones ecologistas consideran necesario desarrollar y fijar las condiciones de concurrencia competitiva en el presente texto y, en todo caso, previo a la redacción de la Orden Ministerial que dé apertura al procedimiento de concurrencia competitiva, que se lleve a cabo un informe por parte de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación para valorar y ordenar las ZAPER según su nivel de impacto sobre la naturaleza.
Definición del diálogo público-privado
Si bien las organizaciones ambientales valoran positivamente la propuesta de crear un diálogo público-privado con el fin de mejorar los procedimientos de concurrencia competitiva, se lamenta que la iniciativa no haya quedado establecida como un elemento estructural del proceso al no ser obligatorio y que, en su propuesta, haya excluido de dicho diálogo a otros sectores afectados. En ese sentido, las organizaciones proponen que la estructura y formato del diálogo deba quedar previamente definido y que, en todo caso, cuente con la participación de las comunidades locales y las asociaciones de defensa del medio ambiente, además de con los sectores y administraciones públicas afectados.
Creación de un Fondo Público para el Apoyo Socioeconómico y Medioambiental
Las organizaciones ecologistas insisten en la necesidad de crear un fondo público para el apoyo socioeconómico y medioambiental en cada ZAPER, alimentado por un canon a la generación de cada proyecto destinado a la financiación de proyectos y actividades que fomenten el desarrollo socioeconómico sostenible y la protección ambiental de la zona y las comunidades locales afectadas.
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