Escrapalia es la empresa designada por los administradores concursales para gestionar la liquidación del antaño mayor fabricante de paneles solares de España, cuyo centro de producción se encuentra en el Parque Tecnológico Andaluz, Málaga.
La solución que ha buscado esta compañía especializada en subastas industriales es ofertar paquetes por las diferentes líneas de fabricación o por las naves, con el siguiente calendario de pujas, que se realizan online, para el mes de diciembre:
• Día 16: 100-120 MW Reis Línea de producción de módulos solares Reis.
• Día 17: material de laboratorio y equipos de prueba.
• Día 18: 100 MW Linea semi automática de ensamblaje de módulos solares.
Los responsables de Escrapalia aseguran que “todo el equipamiento que se subasta está en perfecto estado de funcionamiento, por lo que se trata de una oportunidad única para adquirir la mejor maquinaria y robots industriales a precio de ganga”.
Escrapalia, que ya subastó con éxito la fábrica de T-Solar –otro gigante solar español caído–, confía que este proceso de cierre y liquidación permita a los acreedores, entre los que se encuentran los extrabajadores, cobrar, al menos, parte de la deuda acumulada por Isofotón. Se reclaman 34 millones en ayudas públicas a sus últimos gestores, el grupo Afirma de los hermanos Serrano. Unas ayudas que han “desaparecido”.
Peor, difícil
La Junta de Andalucía emitía un comunicado hace unos días en el que afirmaba que Isofotón entró en concurso de acreedores "a raíz de las desacertadas decisiones tomadas por el Gobierno de Rajoy", que crearon un escenario de "inseguridad jurídica y falta de rentabilidad" para este sector.
La mayoría de los extrabajadores de la firma malagueña opinan, sin embargo, que el desastre sufrido por Isofotón tiene mucho más que ver con la gestión, que califican de “pésima”, de los hermanos Serrano, a los que hace un año la jueza que lleva el caso les impuso un embargo preventivo de de 50,8 millones de euros, repartido entre los máximos accionistas, Ángel Luis y Diego Serrano, y uno de sus principales directivos, Carlos Zambudio. La jueza tomó esta decisión tras estimar que hay “indicios de responsabilidad” que pueden “dar lugar a una eventual sentencia de calificación que establezca la existencia de dolo o culpa grave”.
La Junta de Andalucía, que ha estado apoyando activamente a Isofotón en la búsqueda de inversores y a través de incentivos financieros, tampoco queda libre de culpa. El gobierno andaluz le ha otorgado en los últimos años casi 40 millones de euros a través de dos fuentes: la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que le concedió avales por valor de 29 millones de euros, y la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), que le otorgó un préstamo del Fondo al Desarrollo Empresarial por valor de 8,39 millones.
La Junta ha explicado que prestó este apoyo a la compañía andaluza con el objetivo de que pudiera mantener la actividad y el empleo. Y gracias a él, "se pudo mantener durante cuatro años una actividad considerada estratégica para la economía andaluza y los puestos de trabajo de 700 empleados”, subraya.
Sin embargo, la policía, que investiga las ayudas públicas concedidas a Isofotón entre 2010 y 2012 a instancias del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, dice que se ha encontrado con “una importante omisión de información por parte de la Consejería de Hacienda” cuando se le solicitaron datos sobre las asistencias financieras prestadas al fabricante solar una vez se detectaron indicios de otras ayudas en el mismo periodo investigado (2010-2012) y por importes superiores a esos casi 40 millones de euros.
Menos de un 10% de dinero recuperado
IDEA inició en junio de 2014 el proceso de reintegro de tres avales concedidos a Isofotón durante 2010 y 2011, ya que, de acuerdo con la agencia, la empresa falseó las condiciones requeridas para ello. Y afirma de que ya ha recuperado tres millones de los incentivos dados a la empresa. Soprea también ha iniciado las actuaciones necesarias para recuperar el préstamo que le concedió.
Los investigadores creen, no obstante –y así lo indican en sus conclusiones– que el dinero concedido por IDEA y Soprea se ha perdido en un 90,5%; es decir, 34 millones de euros cuyo paradero se desconoce, según informa Europa Press. En su informe recuerdan, además, que en el año 2010 la situación económica de Isofotón ya era deficiente, propia de una empresa en crisis. Y apuntan a una coincidencia de intereses entre IDEA y el notario ante el que se realizaban las operaciones de elevación de acuerdos a documento público.
En sus peticiones de información, el Ministerio Público también preguntaba por un tercer aspecto: si hubo ilícito penal en la entrada del Grupo Affirma en Isofotón. Las conclusiones policiales no entran al fondo de este asunto, lo aplazan a un informe ampliatorio debido a su complejidad. Perodejan claro que la compraventa de Isofotón por Affirma fue una operación “compleja” y se produjo por una cantidad simbólica a cambio de asumir la deuda y continuar con el negocio. Previamente se produjo la refinanciación de la deuda bancaria (más de 933 millones de euros).
Demasiadas sospechas
Los representantes sindicales de Isofotón –que en sus momentos de mayor producción llegó a tener casi un millar de empleados– han declarado en repetidas ocasiones que a ellos nadie les explicó nunca adónde iban los millones concedidos por la Junta. Sobre todo en su última época, cuando se iniciaron los ertes y los despidos masivos y ninguna ayuda pública era capaz de poner coto a los recortes. Isofotón, que ha llegado a acumular 320 millones de euros de deuda, entró en concurso de acreedores en 2013 y en 2014 se encaminó a su liquidación.
En un amplio informe remitido al juzgado 6 de Sevilla, que posteriormente se derivó a Anticorrupción y luego al juzgado número 3, los trabajadores denunciaban que nunca supieron por cuánto dinero se produjo la venta de la empresa a Affirma. También denunciaban su sospecha de que las empresas circundantes a Isofotón y relacionadas con Affirma se habían beneficiado de esas ayudas y que Isofotón había transferido tecnología, pagada con dinero público, a sus plantas situadas en Napoleón (Ohio, EEUU) y Golmud (China).
Sin embargo, según una extensa investigación del periódico de Ohio The Blade, los hermanos Serrano tampoco han dejado muy buena imagen en este Estado, cuyo gobierno intenta ahora recuperar 15 millones de euros que concedió a Isofotón para apoyarla en la puesta en marcha de la fábrica, que iba a proporcionar cientos de puestos de trabajo y que está totalmente parada.
Mientras tanto, los 700 extrabajadores de la factoría malagueña permanecen muy atentos a la marcha de la subasta de los bienes de su antigua empresa, ya que hasta que los bienes no estén liquidados los ex empleados no podrán cobrar lo que se les debe: el Fogasa les pagó parte de sus nóminas y de las indemnizaciones por despido, pero tienen otra parte pendiente de cobro. En cuanto a los propietarios de Affirma, si finalmente son declarados culpables tendrán que cubrir con su patrimonio el agujero de Isofotón, y quedarán inhabilitados para manejar empresas.
Más información sobre la subasta: Escrapalia
Información adicional:
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