El Consejo de Administración de Nuclenor decidió el pasado viernes desconectar la central nuclear de Garoña de la red eléctrica, desconexión llevada a cabo efectivamente a las 23.00 horas de ayer, domingo, dieciséis de diciembre de 2012. La central comenzó su operación comercial el dos de marzo de 1971, por lo que ha estado funcionando más de cuarenta años. Nuclenor, empresa que explota la central de Santa María de Garoña, es propiedad compartida al 50% por Endesa e Iberdrola. El motivo que han esgrimido los propietarios para justificar su decisión es que, "en caso de aprobarse el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética con su redacción actual, Garoña debería hacer frente a impuestos adicionales en 2013 valorados en 153 millones de euros".
El precio de la seguridad
Nuclenor, en fin, no quiere pagar al fisco 153 millones de euros, cuantía que saldría, según la empresa, de la suma de dos impuestos incluidos en esa ley de medidas fiscales: el impuesto sobre la producción eléctrica (7% al kilovatio generado) y el impuesto sobre la "producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear": 2.190 euros por kilogramo de metal pesado. Según Endesa e Iberdrola, la satisfacción de esos impuestos en 2013 "incrementaría las actuales pérdidas económicas [sic] hasta el punto de llevar a Nuclenor a entrar en causa de disolución y en situación concursal". Hasta el momento, sin embargo, ninguna otra central nuclear española ha anunciado su cierre ante la previsiblemente inminente entrada en vigor de esa norma.
Fukushima
Sea como fuere, según Ecologistas en Acción, tras la maniobra de Nuclenor lo que subyace es "el estado de seguridad degradada de la central". En ese sentido, esta ONG asegura que esa situación de degradación –que exigiría inversiones para neutralizar los riesgos– ya fue "determinante" hace unos meses, cuando los propietarios de la central decidieron no solicitar una prórroga de funcionamiento (la autorización actual expira en junio). En concreto, y según los ecologistas, "la inseguridad técnica de Nuclenor ante las más que probables averías de Garoña fue determinante para no aceptar la continuidad más allá de julio de 2013, dado que los gastos para cumplir los requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que incluyen las reformas post-Fukushima, ascienden a 150 millones de euros". La propia Nuclenor, efectivamente, reconocía en febrero que "mantener la operación de Santa María de Garoña diez años supone unas inversiones adicionales de unos 150 millones de euros".
Una docena de condiciones
Pero no es cierto ni mucho menos que los problemas de seguridad hayan llegado a Garoña de la mano del incremento de exigencias en esta materia derivado del Efecto Fukushima. De hecho, los problemas de Nuclenor en materia de seguridad aparecen claramente recogidos ya en el dictamen que, con respecto a la primera petición de prórroga de Garoña publicara en junio de 2009 el CSN. En esa fecha, el Consejo emitió un "informe favorable a la renovación de la autorización de explotación" de esa central nuclear por un periodo de diez años, o sea, hasta 2019, "siempre que la explotación se ajuste a los límites que se recogen en el Anexo". Pues bien, el Anexo de aquel informe del CSN (de 5 de junio de 2009) establecía más de una docena de "límites y condiciones sobre seguridad nuclear" que el CSN justificó en la necesidad de "una modernización y mejora significativas de las condiciones de seguridad de la instalación". Sí, "modernización y mejoras significativas", decía literalmente (véase).
La más vieja del lugar
Y es que la central de Santa María de Garoña (Burgos), cuya potencia asciende a 466 MW, es la más vieja del parque nuclear español. Curiosamente, por otro lado, se da la circunstancia de que la unidad 1 de Fukushima Daiichi tiene el mismo diseño que Garoña e incluso se puso en funcionamiento en el mismo mes y año, "por lo que se la considera una planta hermana", según terminología de la propia Nuclenor. Según los ecologistas, "una posible avería seria de la central daría lugar a una larga parada que impediría a Nuclenor amortizar estas inversiones [en materia de seguridad], si es que no provoca un accidente con fuga radiactiva". En efecto –concluyen los ecologistas–, "las condiciones de seguridad de la central hacen muy probable que aparezcan nuevos problemas que den lugar a largas y costosas reparaciones".
Nuevo modelo energético
La desconexión de la central, en todo caso, ha sido llevada a cabo sin que el sistema eléctrico nacional se haya visto perjudicado. Por lo demás, la organización ecologista ha solicitado una reforma energética presidida por la transparencia y la participación pública. En ese sentido, Greenpeace solicita, concretamente, "que se separe la generación, distribución y comercialización eléctrica; que las tarifas cubran todos los costes, incluidos los ambientales, para dejar de seguir incrementando el déficit de tarifa; que se impidan las compensaciones a las compañías eléctricas; y que el modelo energético que se persiga sea un modelo inteligente, eficiente y 100% renovable".
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