"Desde APPA nos preguntamos de nuevo a qué intereses sirve un Gobierno" que lleva treinta meses legislando contra las energías renovables so pretexto de que encarecen la factura, "cuando, paradójicamente, son las renovables las que, con su entrada en el mercado, reducen de manera significativa el precio de la electricidad". Lo dice la patronal APPA en el comunicado que ha hecho público esta semana. En él, la asociación explica que "el Gobierno comete un tremendo error histórico al aplicarles [a las energías renovables] todo tipo de recortes y hacerlo de modo retroactivo". APPA considera la aprobación del RD 413/2014 como "un paso más en la estrategia de acoso y derribo al sector, algo que el Gobierno del Partido Popular ha venido haciendo desde su llegada al poder" (apenas cuatro semanas después de alcanzada Moncloa, el Gobierno Rajoy estableció la que se ha dado en denominar "moratoria renovable"; léase sobre el particular los Cien primeros días de gobierno del Partido Popular). En realidad, antes incluso de acceder a La Moncloa, el Partido Popular de Mariano Rajoy ya señalaba, en su propio Programa Electoral, sus prioridades en materia de política energética. A saber: para empezar, convertir España en "el mercado de referencia del gas natural en el Mediterráneo" (véase Rajoy.es, página 46). En ese programa, de más de 200 páginas, las "energías renovables" solo son mencionadas en una ocasión.
"El país del mundo con más litigios internacionales"
El caso es que, tras este enésimo varapalo al sector, tras la aprobación del RD 413, APPA ya ha anunciado que piensa recurrir no solo esta última norma sino "toda la normativa del Gobierno ante la Comisión Europea y ante todas las instancias judiciales, tanto nacionales como internacionales". Y es que, según la asociación más representativa del sector renovable español, el nuevo Real Decreto "cambia radicalmente todas las condiciones sobre las que se hicieron las inversiones [en instalaciones de energías renovables] y sumerge al sector en una total inseguridad jurídica, impropia de un país desarrollado, al aplicar medidas retroactivas que han hecho de España el país del mundo con más litigios internacionales". La puntilla que llevará al sector español de las energías renovables a una situación crítica -concluye APPA- será la publicación de la Orden de parámetros retributivos prevista en el nuevo Real Decreto, actualmente en tramitación.
La rentabilidad que dice el gobierno
Grosso modo, lo que hace el RD 413 es sustituir la prima por el concepto de "rentabilidad razonable". Y si ayer las instalaciones cobraban una cantidad determinada por kilovatio hora generado (prima determinada y establecida en una ley recogida en el Boletín Oficial del Estado), a partir de mañana esa ley ya no servirá para nada y las instalaciones renovables cobrarán una "rentabilidad razonable". ¿Problema? Que esa rentabilidad ha sido establecida discrecionalmente por el gobierno en función de una serie de criterios que no atienden a la realidad del sector, según denuncian APPA y otras asociaciones. En teoría, grosso modo, el Ejecutivo debía cuantificar la inversión (cuánto ha invertido un promotor en montar su instalación renovable), debía cuantificar a continuación el coste de la operación y el mantenimiento de esa instalación (OyM) y debía por fin aplicarle su rentabilidad razonable (el Ejecutivo ha considerado "razonable" que la rentabilidad sea del 7,5%).
Recortes de hasta más del 50%
Pues bien, en la práctica -denuncian todas las asociaciones de defensa del sector de las energías renovables-, el Ejecutivo ha hecho mal las cuentas (ha subestimado esas inversiones y el coste de esa OyM) y ha acabado recortándole al sector sus ingresos, en algunos casos, hasta en más de un 50%. Ello, independientemente de que APPA y compañía consideran "impropio de un país desarrollado" el que se rompa con la legalidad (con la seguridad jurídica) de esa manera. A saber: anteriores gobiernos animaron a los promotores a invertir en el sector (eólica, fotovoltaica) prometiendo, en el Boletín Oficial del Estado, el cobro de una prima muy concreta durante un período muy concreto (25 años). El sector decidió entonces invertir en ese marco presuntamente seguro (establecido vía BOE) y ahora se encuentra con que este nuevo gobierno rompe el BOE de antaño y lo reescribe de modo tal que el recorte de los ingresos a los productores supera en algunos casos, como se dijo, el 50%.
Terrorismo regulatorio, terrorismo de BOEstado
Además, e independientemente de lo discutible que puede ser una "rentabilidad razonable" del 7,5% (¿y por qué no el 7,9% ó el 7,2?), el RD ahora aprobado incluye un par de párrafos que instituyen, durante el próximo quinquenio, la discrecionalidad más absoluta y que están sembrando el terror entre los inversores. Porque resulta que el RD ahora aprobado establece "periodos regulatorios de seis años de duración" que a su vez se dividen en dos "semiperíodos regulatorios de tres años". Y el RD dice luego que "los parámetros retributivos podrán ser revisados al finalizar cada semiperiodo o periodo regulatorio". O sea, que, si a la vuelta de tres años (en el año 2016), el Ejecutivo decide volver a echar cuentas, y las echa como ahora, el sector podría volver a sufrir nuevos recortes. La patronal de la solar termoeléctrica lo contaba hace unas semanas así: hemos comprobado -decía Protermosolar- que "los costes de inversión y los costes de OyM que ha utilizado el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para calcular los valores aplicables a las retribuciones han sido claramente subestimados y no se corresponden con los costes reales". Y el RD 413, el de los períodos y los semiperíodos, parece estar enviando un mensaje para navegantes, o indicándole a los inversores que se anden con mucho cuidadito, que mañana el Ejecutivo volverá a hacer "sus" cuentas.
Dentro de tres años... toca revisión
En fin, que, si ha sucedido ahora, según denuncian todos los actores del sector, ¿quién le dice a un inversor que no sucederá al final del primer semiperíodo? ¿Quién le asegura a un inversor que en 2016 el legislador NO le va a recortar otra vez las retribuciones? ¿Quién se atreve a decirle eso a un promotor si en el propio texto del RD en cuestión el legislador se reserva el derecho a revisar los "parámetros retributivos"? APPA tiene clara la lectura del RD ahora aprobado: el RD 413 -dice la asociación- introduce "más inestabilidad regulatoria, pues contempla la posibilidad de modificar cada tres años los parámetros retributivos de las mismas [instalaciones renovables] de forma arbitraria". Esta normativa -añade APPA- "ahuyenta cualquier posibilidad de inversión, española o extranjera, en el sector de las renovables en nuestro país y compromete seriamente los objetivos europeos asumidos por el propio Gobierno español". Exactamente lo mismo opina el director general de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso: "el RD aprobado por el Consejo de Ministros penaliza no sólo el pasado, sino también el futuro. Con la inseguridad jurídica que se ha creado para nuestro país, será muy difícil en el futuro convencer a los inversores de que acudan a este sector, o solo lo harán con una prima de riesgo que perjudicará la competitividad de la tecnología”.
En pos de la... ineficiencia
De la misma manera -denuncia APPA-, la nueva normativa "prima la ineficiencia técnica y económica, al remunerar a las instalaciones en función de las inversiones realizadas y de su potencia, en lugar de primar la generación eléctrica, lo que dificultará la operación del sistema y su competitividad en el corto, medio y largo plazo". ¿Por qué dice APPA que la nueva normativa prima la ineficiencia? Pues porque, antes, si un generador podía sacarle un kilovatio más a su máquina (porque le pagaban el kilovatio a tanto y cuantos más kilovatios produjera uno... pues más dinero que cobraba), ahora, como el criterio retributivo se refiere a la potencia instalada... pues siempre te van a pagar lo mismo, así produzcas tanto o cuanto. La pregunta es: ¿y quién va a apostar entonces por mejorar sus máquinas para que produzcan más si la "rentabilidad razonable" ahora establecida por el Gobierno no atiende a la producción, sino a la potencia instalada.
Rentabilidad razonable: para unos... sí; para otros... no
En otro lugar del comunicado, la asociación denuncia asimismo el hecho de que, dados los números que ha hecho el ministerio, "a partir de ahora, con la nueva reglamentación aprobada, y la que está en tramitación, habrá instalaciones renovables -principalmente eólicas y minihidráulicas- que, con apenas diez años de vida, cobren menos por la energía que generen que instalaciones nucleares con más de cuarenta años de existencia". En ese mismo sentido, APPA ha denunciado en más de una ocasión el grave agravio comparativo que supone el hecho de que el Ejecutivo haya decidido establecer por decreto una "rentabilidad razonable" para las instalaciones renovables, mientras que a la par se niega a establecer esa misma medida -una "rentabilidad razonable"- para las instalaciones más sucias, las centrales nucleares de residuos milenarios, instalaciones que están ya completamente amortizadas, algunas de las cuales llevan más de 40 años operando.
Encarecimiento brutal del término de potencia
APPA también critica al Gobierno Rajoy porque no incentiva el ahorro y la eficiencia entre los consumidores. Y no lo hace porque "penaliza la contratación del término de potencia y no el consumo de kilovatios hora de electricidad". El Gobierno, por ejemplo, ha incrementado en más de un 60% el precio del término de potencia de los consumidores que tienen contratados menos de diez kilovatios (en otros tramos de contratación el incremento ha sido muy superior incluso). A la par, el mismo Gobierno ha rebajado ligeramente el precio del kilovatio hora consumido (como si pretendiera compensar lo uno con lo otro). ¿Cuál es el problema? Pues que el consumidor sí puede intervenir activamente en lo que a su consumo de kilovatios hora se refiere: uno puede ahorrar (hasta un límite, hasta el límite de la pobreza energética). Lo que resulta mucho más complicado es modificar la potencia contratada (el fijo que pagamos por el grosor del cable por el que entra la electricidad, por decirlo coloquialmente).
Pobreza energética
Un pequeño negocio, una pequeña industria, una pyme, necesita un potencia determinada porque tiene una cierta cantidad de máquinas que van a tener que estar trabajando. Y no puede dejar de contratar esa potencia porque si las máquinas demandan 10 kW y el empresario contrata solo nueve... pues saltarán los plomos... o no podrá enchufar todas las máquinas a la vez. En fin, que, una vez optimizada la potencia, una vez ajustada finamente a nuestras necesidades (necesito 10 kW y solo contrato 10), pues ya no cabe ahorro alguno para el consumidor en ese término: el de potencia. Donde sí cabría es en el de consumo de kilovatios hora. Al emitir una señal como la que ha emitido -rebajamos el precio del kilovatio hora-, el Ministerio estaría desincentivando el ahorro, según APPA, a la par que, según algunas otras asociaciones de consumidores, estaría arrojando a las cunetas de la pobreza energética a miles de hogares que ya no pueden ahorrar más porque están al límite.
De la demagogia, el engaño, los mensajes sesgados y la falta de rigor
APPA concluye su comunicado acusando de demagogo al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que ha vuelto a señalar a las primas a las renovables como únicas causantes del déficit de tarifa, sin mencionar otros costes que sí que habrían evitado la generación del déficit de tarifa o lo habrían reducido significativamente, "costes como los extrapeninsulares, la interrumpibilidad, los pagos por capacidad o el bono social". Además -añade la asociación-, el Ministerio "utiliza de forma engañosa, sin rigor y con mensajes sesgados el dato del impacto económico de lo que cuestan las primas a las renovables durante toda la vida útil de las instalaciones -200.000 millones, según el Ministerio- para justificar el tremendo recorte que aplica a las diferentes tecnologías renovables, sin mencionar los ahorros que generan –más de 214.000 millones de euros- y sin tener en cuenta los beneficios que aportan al sector eléctrico y a la economía española".
Según APPA
El coste de las primas a las energías renovables (el agua, el viento, el sol, la biomasa) es sencillamente insignificante, si lo comparamos con lo que le cuesta a la economía nacional, cada año, la energía que compra a potencias extranjeras (el gas natural de Catar, el petróleo de Arabia). Solo en los doce meses de 2013, España ha pagado, en concepto de productos energéticos, 57.162 millones de euros, casi 20.000 millones más de lo que le han costado a los españoles todas las primas de todas las instalaciones renovables de todos los tiempos. En fin, que nos han salido más caros doce meses de petróleo y gas que diecisiete años de energías limpias (limpias y autóctonas... en sentido lato, pues se da la circunstancia de que buena parte de esos pagos, esas primas, van a parar a familias o empresas españolas; solo en el caso de la solar fotovoltaica, y según datos de Anpier, habría más de 50.000 pequeños inversores que pusieron sus ahorros en placas solares y que han percibido por ello esas primas durante los últimos cinco o seis años). Si extrapolamos esos 57.000 millones de euros a los próximos diez años, estaríamos hablando de más de 500.000 millones de euros (rumbo a Catar o Arabia), o mucho más del doble de lo que costarían las primas.
