El 27 de enero, el gobierno del popular Mariano Rajoy establecía el primero de los hitos clave de su política energética. A saber, suspendía "de forma temporal" los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovable, o sea, que acababa con las primas. La muerte de las ayudas al sector era generalizada, es decir, que el gobierno no atendía –no atiende– a distinción alguna. Y, así, el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la supresión de las primas, atañe, en efecto, a todas las primas, es decir, tanto a la eólica como a la fotovoltaica, tanto a la termosolar como a la del biogás o a la de la biomasa. Finiquita pues todas las primas, como si todas las tecnologías fuesen exactamente iguales. ¿Conclusión? Por obra y gracia del vigente ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, todas las tecnologías renovables son, a partir de ahora, como una sola. En definitiva, el legislador trata como iguales a los desiguales, lo que, desde un punto de vista estrictamente aristotélico, es una injusticia objetiva. Soria, en todo caso, ha apelado a la "temporalidad" de la medida, si bien no son pocos los que sospechan que la muerte "temporal" de las primas acabará convertida en "indefinida".
Camino del cementerio
Temporal es también el almacén centralizado de residuos nucleares que el gobierno de Rajoy se ha apresurado a financiar. Lo hizo, concretamente, en el segundo Consejo de Ministros, cuando dio el sí-quiero a Villar de Cañas, un municipio de la provincia de Cuenca al que llegarán 700 millones de euros de la mano del gobierno que acaba de ajustar el presupuesto en nada menos que 27.300 millones de euros (en ese Almacén Temporal Centralizado, ATC, serán confinados los residuos nucleares de alta actividad durante unos 60 años). La decisión de ubicar en el municipio conquense esa multimillonaria instalación es una decisión estrictamente política, que obvia el dictamen que el propio Ministerio de Industria encargara en 2010 a un comité de expertos que debía determinar qué ubicación era la más apropiada para acoger esos residuos. Aquel equipo de expertos evaluó ocho candidaturas y presentó su informe al Consejo de Ministros el 17 de septiembre de 2010. Pues bien, ese informe asignaba una puntuación a cada municipio en función de su mayor o menor idoneidad como sede del futuro ATC y Zarra, en Valencia, fue la localización mejor puntuada (304 puntos), a continuación Ascó, en Tarragona, que obtuvo 300, en tercer lugar Yebra, Guadalajara, 290, y, finalmente, el susodicho Villar de Cañas, 272.
Lo que queda de Garoña
El dictamen que sí parece interesar al gobierno de Mariano Rajoy –y muy mucho– es el que publicó en junio de 2009 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con respecto a la prórroga de Garoña. En esa fecha, el CSN emitió un "informe favorable a la renovación de la autorización de explotación" de esa central nuclear por un periodo de diez años (o sea, hasta 2019), siempre que la explotación se ajuste a una quincena de "límites y condiciones sobre seguridad nuclear" que se recogen en el Anexo del informe en cuestión. Así pues, el gobierno que ha enterrado las primas aprobará en breve, previsiblemente, la prórroga de la vida operativa de Garoña. Por cierto, Garoña –cuyo reactor es idéntico al de Fukushima– sufrió un incidente a las 10.18 minutos de la mañana del pasado 26 de marzo, cuando hubo de parar su reactor –"parada no programada de la instalación"– como consecuencia de un fallo en "las válvulas de aislamiento de vapor principal". La noticia ha pasado totalmente inadvertida –entre la huelga, los presupuestos generales del estado y los cien días de gobierno del Partido Popular (PP)–, pero lo cierto es que la central se ha visto obligada a permanecer tres días desacoplada de la red y no ha podido alcanzar de nuevo el 100% de su potencia hasta el día 30, a las cuatro y media de la tarde, es decir, cuatro días y medio después. El suministro de electricidad, por cierto, no se ha visto afectado en la zona.
España como mercado de referencia del gas
Pero más allá de la apuesta nuclear, dos son las líneas maestras del discurso energético del gobierno. Y las dos tienen a los combustibles fósiles por protagonistas. La primera aparece redactada en el propio programa electoral del Partido Popular, un documento de 214 páginas que solo menciona las energías renovables en una ocasión y en el que el PP, ahora ya en el gobierno, señala explícitamente que quiere convertir España en "el mercado de referencia del gas natural en el Mediterráneo". Curiosamente ha sido sin embargo más bien cerca del Cantábrico, concretamente en Euskadi, donde la apuesta popular por el gas se ha materializado más pronto y con más claridad. Allí, el gobierno del País Vasco, ejecutivo fruto de un pacto PSOE-PP, anunció hace unas semanas que invertirá nada menos que cien millones de euros en sondear el subsuelo de Álava porque ha detectado allí "indicios de existencia de gas natural". Se trata de la apuesta económica más ambiciosa de las cuatro prioritarias que impulsa el gobierno vasco: vehículo eléctrico (ocho millones de euros); energía marina (53 millones); redes inteligentes (60 millones); y gas natural, cien millones de euros en "tareas de exploración e investigación", cien millones de euros para resolver lo que no es en realidad sino toda una incógnita (estamos hablando de "indicios" conocidos en el territorio desde hace décadas), incógnita que llega además con mucha polémica, porque se da la circunstancia de que las técnicas exploratorias por las que ha apostado el gobierno PSOE-PP de Euskadi, técnicas agresivas obligadas por las características del presunto yacimiento, han sido prohibidas (estamos hablando de la fractura hidráulica, o fracking) por su impacto ambiental en varios países europeos. Léase el informe que sobre el particular ha elaborado el Instituto Wuppertal para el Clima, el Medio Ambiente y la Energía a instancias del Parlamento Europeo (Impacts of shale gas..., junio de 2011).
Y, por fin, el crudo de Canarias
Pero si el gas de Álava es un asunto espinoso, por sus muchas connotaciones (formidables inversiones públicas, potenciales afecciones ambientales que han derivado en la prohibición de esas técnicas en otros países, éxito muy discutible, dados los antecedentes bien documentados de los yacimientos de la zona en cuestión), más polémico aún ha resultado el visto bueno oficial que han recibido las exploraciones petrolíferas que Repsol quiere emprender en las inmediaciones de la comunidad que viera nacer al ministro de Industria, Canarias, donde otro yacimiento conocido desde antaño acaba de volver a la rabiosa actualidad. Y lo ha hecho ahora gracias a la aprobación de un real decreto, el pasado 16 de marzo, que convalida los "permisos de investigación de hidrocarburos" que ya habían sido otorgados a Repsol en el año... 2001. Otorgados hace más de una década y posteriormente paralizados "por un defecto de forma", según el gobierno. En fin, un caso muy similar al de Álava: desempolvamos un viejo proyecto y le damos vitola de novedad (curioso que todo ello suceda en una comunidad en la que ya está más que demostrado que el kilovatio eólico ya es más barato que el térmico). De cualquier manera, el problema en el caso canario es que los hipotéticos impactos ambientales podrían afectar al único sostén de la economía de aquella comunidad, su sector turístico. Y los antecedentes del riesgo de este tipo de prospecciones submarinas no son nada tranquilizadores (aún está reciente el trágico accidente, y posterior marea negra, que sufriera la petrolera británica BP en el Golfo de México).
Ruleta rusa
En fin, cien días de ruleta rusa: prospecciones petrolíferas submarinas (ruleta rusa) a la vera de la meca del turista occidental (la primera fuente de ingresos de Canarias es el turismo); exploraciones en pos del gas de Álava que le van a costar al erario público de Euskadi cien millones de euros porque seguramente ninguna empresa privada estaría dispuesta a jugársela (ruleta rusa) por unos "indicios" (por otra parte conocidos desde hace décadas); prórrogas atómicas para instalaciones que fallan, se desacoplan durante días y "no pasa nada" (ruleta rusa), prórrogas que generan basura que al final acaba costando al erario público cementerios de 700 millones de euros; apuestas programáticas sin sentido (el gas), que parecen ignorar la ausencia de ese recurso en suelo patrio y la dependencia a la que estamos obligados (España importa prácticamente el cien por cien del gas que consume), apuestas de gobierno (ruleta rusa) que parecen ignorar que el gas que llega a España de allende las fronteras es, encima, cada vez más caro: el último informe, el del pasado mes de noviembre, de "Supervisión del Mercado Mayorista de Gas" de la Comisión Nacional de Energía dice exactamente (véase su página quince) que el "coste de aprovisionamiento de gas natural en frontera española" para el mes de noviembre de 2011 acumula ya un incremento del 90% respecto al valor de julio de 2009 (no hay error tipográfico: incremento del 90% desde julio de 2009); ruleta rusa para el ahorro (el gobierno acaba de sustraerle más de 600 millones de euros al IDAE, instituto nacional de promoción de ahorro); y ruleta rusa para las renovables, esas que ya generan uno de cada tres kilovatios en España. Sí, ruleta rusa para el ahorro y las renovables, que son las dos únicas vías de la independencia energética y de la mejora de la competitividad de la economía española, ergo de la independencia económica.
