El déficit de tarifa es la diferencia que hay entre lo que ingresan las compañías eléctricas vía factura de la luz y lo que el gobierno considera que deberían ingresar (o lo que los iniciados en la materia denominan "costes reconocidos"). A saber: el Ejecutivo le reconoce a las eléctricas unos costes (en materia de distribución, de transporte, de gestión comercial, de prestación de servicios extrapeninsulares, de política nuclear, etcétera, etcétera), le pone a continuación un precio concreto a cada uno de esos costes (precio que especifica periódicamente en el Boletín Oficial del Estado) y, por fin, si el mercado no cubre esos costes, el gobierno le dice a las eléctricas que no se preocupen, que esos costes los tienen reconocidos y que ya se les pagará en mensualidades o anualidades futuras. Pues bien, eso es, grosso modo, el déficit de tarifa.
Inflado
Numerosas organizaciones sociales y políticas (asociaciones de consumidores, sindicatos, oenegés ecologistas) denuncian desde hace años que esos costes están inflados. Algunas, incluso, han solicitado en el Congreso una auditoría de esos costes, para saber con precisión cuánto se está pagando por cada uno de esos conceptos. La iniciativa más ambiciosa en ese sentido fue emprendida por el grupo parlamentario Izquierda Plural el pasado 26 de junio. Ese día, ese grupo -integrado por los diputados de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, y Chunta Aragonesista- presentó una moción (véase el texto íntegro) que proponía la puesta en marcha de una "auditoría energética independiente" que determinase con claridad "la composición del déficit tarifario".
300 diputados
El objetivo de esa iniciativa era (es) revisar la retribución de la producción, transporte, distribución y demás conceptos que integran la factura para saber cuánto suma cada concepto y sacar de ella todo lo "prescindible". Pues bien, la propuesta fue tumbada por el voto de 300 de los 323 diputados presentes aquel día en el Congreso de los Diputados. O al revés: solo 23 dieron el sí a la auditoría energética. Votaron no, o sea, que votaron en contra de auditar todos esos costes, 195 diputados del Partido Popular, Foro Asturias, Convergència i Unió (CiU) y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Se abstuvieron 105 diputados del PSOE, Coalición Canaria y PNV. Solo 23 dieron el sí: los promotores de la iniciativa y, asimismo, Coalició Compromís, UPyD, Geroa Bai, Esquerra Republicana de Catalunya y Bloque Nacionalista Galego.
Más en distribución y más en transporte
Así las cosas, este año, el déficit de tarifa ha vuelto a crecer de manera desbocada: hasta 4.098 millones de euros (M€), según ha revelado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El informe publicado ayer por la CNMC señala, entre los "hechos más relevantes en relación a estos costes", que en 2013 se ha incrementado la partida destinada a la distribución (hasta alcanzar los 5.126 M€; 5.003 en 2012) y ha crecido también el coste que el gobierno le reconoce al transporte (1.597 M€; 1.477 en 2012). De los 5.126 M€ primeros (véase página 10), las cinco grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On e Hidrocantábrico (EDP)- se llevan, ellas solas, más de 4.800. Los 1.597 M€ del transporte se los lleva casi exclusivamente otra empresa privada, Red Eléctrica de España.
102 mil megavatios instalados, frente a una demanda instantánea máxima de apenas 40 mil
Otro de los costes (regulados) que ha encarecido el Ejecutivo Rajoy en 2013 ha sido el denominado Sistema de Interrumpibilidad, que valoró en 2012 en 505 M€ (véase página 8) y ha subido hasta los 748 en 2013, aplicándole así una subida del 50%. Con este concepto -la interrumpibilidad-, el gobierno paga a ciertas empresas que consumen mucha electricidad para que, en caso de emergencia, paren las máquinas y liberen esa electricidad para satisfacer eventuales urgencias del sistema. Los más críticos explican sobre el particular que, si bien esa cautela era necesaria antaño, no parece tan necesaria hoy en día, cuando en España hay más del doble -108.148 MW instalados- de la potencia necesaria para satisfacer la demanda instantánea máxima, que en 2013 se ha quedado en 40.277 MWh.
Las energías renovables, único factor positivo
Otra partida que ha encarecido sobremanera el Ejecutivo Rajoy en el ejercicio 2013 ha sido la denominada "Compensación insulares y extrapeninsulares con cargo a las tarifas de acceso". En 2012, ese concepto/coste supuso 473 millones de euros. En 2013, ese precio ha subido hasta los 903, según la CNMC. Y, por fin, las energías renovables, cuya prima supuso 6.101 M€ en 2012 y 6.745 en 2013 (un 10% más). Eso sí, el incremento del coste de la prima renovable constituye el único que responde a un incremento de partida real. Pues en 2013 las instalaciones renovables generaron más electricidad que en 2012, mientras que el sistema, muy al contrario, demandó menos energía (un 2,1% menos, según Red Eléctrica de España); transportó consecuentemente menos electricidad; distribuyó menos; facturó menos; produjo menos kilovatios extrapeninsulares; e interrumpió... sencillamente... nada (porque no hubo necesidad). ¿Único dato positivo? Las renovables generaron 68.279 gigavatios hora (GWh) en 2012 y hasta 78.571 GWh en 2013 (un 15% más, aunque solo cobraron un 10% más).
