La subasta de interrumpibilidad para 2018 comienza hoy en Valladolid con importantes novedades. La principal, que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha decretado un período de aplicación de la misma de solo cinco meses, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018. La segunda novedad se refiere al número de bloques. Según el calendario publicado mediante resolución el pasado mes de octubre, la subasta de interrumpibilidad de este año se desarrollará desde hoy y hasta el viernes, 22 de diciembre. En las pujas, los grandes consumidores de electricidad lanzarán ofertas por ocho bloques (8) de noventa megavatios (90 MW), dos bloques menos que el año pasado.
Pues bien, según el sindicato USO (Unión Sindical Obrera), "esto puede poner en serios aprietos el futuro de una o dos empresas, en función de la asignación". En la última subasta -informa USO-, Alcoa se hizo con cinco de los grandes bloques (tres para la factoría de Lugo, uno para A Coruña y uno para Avilés), dos fueron a parar a AZSA y uno para Ferroatlántica, ArcelorMittal y Grupo Celsa.
Además, se subastarán entre 340 y 412 bloques de cinco megas, que suman entre 1.700 y 2.060 MW. El precio de salida para cada megavatio del bloque de cinco megas será de 150.000 euros, frente a los 270.000 por cada mega del bloque de 90 MW. En ambos casos -critica USO-, supone una rebaja respecto a la subasta del año precedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 160.000 euros y el de 90 MW, de 310.000 euros. La rebaja no obstante también afecta al período, que en este caso se limita a cinco meses.
La Federación de Industria de USO ha criticado la rebaja del precio de salida y pide además una subasta "de un mínimo de tres años, con lo que se daría mayor seguridad jurídica y se facilitará la realización de inversiones con el objetivo de ganar competitividad y estabilidad en el empleo". Además, solicita al Ministerio que abarate "el coste de la tarifa energética para las empresas electrointensivas para eliminar así el diferencial de coste que en algunos casos es superior al 30%, y revindicamos un trato fiscal especial". Según USO, "con la combinación de ambas reivindicaciones, la industria española podría competir en igualdad de condiciones que los países de nuestro entorno".
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