Oxfam Intermón considera en primer lugar muy grave el hecho de la ley deje "al 99% de las empresas" libres de responsabilidad, y que ignore a muchas firmas de "sectores que favorecen la explotación laboral". En segundo lugar, Francia ha protegido a los bancos e inversores para que puedan seguir financiando "constantes violaciones de derechos humanos y la destrucción del medio ambiente". En tercer lugar -continúa Oxfam-, Alemania ha dificultado "el acceso a la justicia para las personas y comunidades afectadas por los abusos de las empresas". Según María Bardolet, responsable de Sector Privado y Derechos Humanos de Oxfam Intermón, "este acuerdo es fundamental para reforzar la obligatoriedad de las empresas en torno a los impactos negativos que su actividad genera a lo largo de su cadena de valor, porque la realidad nos demuestra que la voluntariedad no es suficiente". Bardolet recuerda en ese sentido la catástrofe del Rana Plaza en Bangladesh, "en la que murieron 1.134 trabajadoras textiles en condiciones deplorables y más de 2.000 resultaron heridas". Desde entonces -recuerda-, se han seguido sucediendo "múltiples desastres humanos y ambientales en grandes proyectos mineros y energéticos en diferentes zonas del planeta”. Las nuevas normas empresariales de la UE "protegen -denuncia así Oxfam- a los financiadores de combustibles fósiles".
María Bardolet, responsable de Sector Privado y Derechos Humanos de Oxfam Intermón: “desde Oxfam Intermón seguiremos luchando para que estas obligaciones se reflejen cuanto antes en la normativa española y que las empresas españolas sean responsables de sus impactos. Esta regulación es vital para las relaciones entre España y América Latina, teniendo en cuenta que las mayores empresas españolas obtienen el 23,3% de sus ingresos exteriores de Latinoamérica y que casi la mitad (47%) de sus plantillas fuera de España está en países latinoamericanos"
Estas son las propuestas que plantea Oxfam Intermón para su inclusión en las normas de diligencia debida de la UE
• Que apliquen a todas las empresas. La ley sólo cubre a las grandes empresas. Para las empresas de la UE, sólo aquellas con más de 500 empleados y más de 150 millones de euros de facturación. El alcance sólo se extiende a empresas con 250 empleados y 40 millones de euros de facturación de un conjunto restringido de sectores de alto riesgo, incluidos el textil, la agricultura, la minería y la construcción;
• que apliquen a toda la cadena de valor. Esto significa que debe cubrir a todas las personas afectadas por el negocio de la empresa, incluidas aquellas que utilizan sus productos y servicios. El acuerdo alcanzado hoy -apuntan desde Oxfam- cubre a los proveedores (upstream). Los clientes solo están cubiertos de forma muy limitada, ya que no incluye la venta o el uso de productos y servicios;
• que se incluya al sector financiero. Los bancos y los inversores que financian la destrucción del medio ambiente y las violaciones de los derechos humanos no deben quedar libres de culpa. Como resultado de la presión de Francia, el acuerdo no responsabiliza a los actores financieros por los impactos de sus inversiones en los derechos humanos y el clima. Sin embargo, los grandes bancos e inversores tendrán que adoptar un plan de transición climática;
• que se obligue a las empresas a adoptar e implementar un plan de transición climática en línea con el Acuerdo de París y vincular la remuneración de los directores de las empresas a su implementación. La nueva ley obliga a las empresas a elaborar un plan de transición climática y “hacer todos los esfuerzos posibles” para implementarlo, pero sin tener que rendir cuentas si no lo hacen. Las empresas muy grandes (con más de 1.000 empleados) deberán introducir incentivos económicos a su dirección para favorecer la aplicación del plan;
• que se eliminen los obstáculos para que los supervivientes de abusos empresariales accedan a la justicia, dar a los sindicatos y organizaciones la posibilidad de presentar demandas ante los tribunales y responsabilizar a las empresas de demostrar que respetaron sus obligaciones de diligencia debida. El acuerdo prevé la posibilidad de que los supervivientes responsabilicen a las empresas si no cumplen con sus obligaciones de diligencia debida, pero la presión de Alemania añadió obstáculos a sus reclamaciones. Los sindicatos y otras organizaciones que trabajan en pro del interés público podrán acudir a los tribunales en nombre de los supervivientes, pero la carga de la prueba seguirá recayendo en los supervivientes;
• que se haga que las empresas rindan cuentas por todas las formas de trabajo infantil en sus cadenas de suministro. El acuerdo deja la puerta abierta a excepciones para niños de hasta 12 años;
• que se exija a las empresas que garanticen que los trabajadores de sus cadenas de suministro ganen un salario digno o un ingreso digno. El acuerdo alcanzado hoy requiere que las empresas adapten sus planes de negocios, estrategias, operaciones y prácticas de compras para abordar el riesgo de que los trabajadores en su cadena de suministro no reciban un salario digno o un ingreso digno.
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