La organización no gubernamental Alianza por la Solidaridad denuncia "cómo las grandes obras hidroeléctricas en América Latina, y especialmente en países de Centroamérica como Guatemala, en las que están implicadas empresas españolas, están destruyendo ecosistemas valiosos, a la vez que impiden el acceso al agua de decenas de miles de personas, generando pérdida de fuentes de alimentación y graves conflictos de división social". La oenegé, que trabaja desde hace 30 años en este continente, con proyectos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria, ha difundido hoy, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, un duro comunicado en el que denuncia "que las grandes represas o canalizaciones de ríos no sólo tienen efectos perversos sobre el medio ambiente, sino que no atienden a las necesidades de las poblaciones más necesitadas de su entorno".
Diecinueve empresas que han cometido abusos con los derechos humanos
Un caso paradigmático -explican desde la Alianza- es el de Guatemala, donde hay en marcha 30 hidroeléctricas y donde, según un reciente informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 19 empresas han cometido abusos con los derechos humanos. De ellas, el 42% serían extranjeras. Según la Alianza, instituciones como el Banco Mundial, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) o el fondo suizo Sifem han participado de la financiación de estas obras.
El informe mencionado -señala la Alianza- destaca cómo, "en 10 de los proyectos, no se ha consultado a las comunidades afectadas para que dieran su consentimiento libre e informado, lo que no ha sido óbice para que el Estado haya otorgado licencias para la explotación de los recursos naturales de los que viven las comunidades indígenas". Según esta oenegé, se estima que unas 150.000 personas de 500 comunidades, la mayoría indígenas, están siendo afectadas por estos proyectos.
Florentino
Dos de los proyectos más destacados, por sus dimensiones, se llevan a cabo sobre el río Cahabón, que, con sus 196 kilómetros de longitud, es uno de los más importantes de Guatemala. Sobre su cauce se construye el proyecto Oxec (Oxec I y Oxec II) y el proyecto Renace. Este último, con una obra ejecutada por la empresa española Cobra (ACS), presidida por Florentino Pérez, se encuentra ya su quinta fase en construcción. Desde Alianza por la Solidaridad se puso en marcha una iniciativa de recogida de firmas dentro de su campaña TieRRRa, en defensa de las inversiones responsables, cuyo objetivo es exigir que se paralice la obra hasta que se haga un informe de impacto ambiental de todo el proyecto y una consulta independiente a los afectados. Esta campaña ya cuenta con más de 21.300 firmas.
Según Alianza por la Solidaridad, tanto los proyectos Oxec como Renace han generado un fuerte conflicto social en el entorno del río Cahabón, sagrado para la población indígena y considerado como uno de los más ricos en biodiversidad del continente. Un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de representantes de las comunidades mayas q´eqchi´s logró hace unos meses que la Justicia parara las obras de Oxec I y Oxec II.
Lamentablemente, desde entonces -denuncia la oenegé-, "las presiones del sector empresarial han sido tan fuertes que, finalmente, según informan a Alianza desde las comunidades, la Corte Constitucional ha fallado que las obras Oxec I y Oxec II se reanuden al menos durante un año, aunque se reconoce que violaron sus derechos humanos al no haberse realizado consulta a la población". Asimismo, ese fallo conmina a realizar la consulta (que ya no será previa, como así lo señala el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo).
Según la Alianza, este fallo judicial afecta, asimismo, a la obra de Renace, que la empresa Corporación Multiinversiones (CMI) ha contratado con ACS y que canaliza más del 80% del cauce del río Cahabón, dejándolo prácticamente sin agua a lo largo de decenas de kilómetros. Renace, al igual que el proyecto Oxec, está siendo realizado sin haber consultado a la población indígena que vive del río. Este proyecto ha sido igualmente sometido a instancias judiciales por las comunidades q´eqchi´s.
Según Almudena Moreno, coordinadora del programa de Desarrollo Local Sostenible de Alianza por la Solidaridad, en activo en 17 países, “las comunidades indígenas y sus territorios, lejos de ser los primeros en obtener beneficios de estos proyectos hidroeléctricos, sufren los costes sociales y ambientales de estas inversiones". Moreno destaca en ese sentido que estas comunidades son además "muy dependientes de los recursos naturales".
Alianza por la Solidaridad recuerda, asimismo, la persecución que sufren los defensores ambientales y de los derechos humanos en América Latina, con especial énfasis en Guatemala. Honduras y El Salvador, países que han sido objeto de resoluciones del Parlamento Europeo en las que se denuncia la impunidad de los autores de estos hechos y los elevados niveles de violencia que impiden el libre ejercicio de derechos.
Asimismo, hace hincapié en el dificultoso proceso de reconstrucción del tejido social tras la paralización de este tipo de proyectos, como ha podido constatarse en el río Cambalán, también en Guatemala, donde tras un grave conflicto social y gracias a la presión de la ciudadanía y de las ONG, la empresa gallega Ecoener Hidralia renunció a su realización a finales de 2016. Sin embargo, el conflicto intercomunitario que se generó aún continúa y los daños creados en las comunidades serán de difícil reparación.
