La Fundación Renovables (FR) ha difundido un comunicado en el que señala que ha recibido “con decepción” la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tras analizar el contenido aprobado durante su tramitación y que ahora pasará al Senado. Pese a recibir su aprobación "con satisfacción", la FR destaca que, “de las más de 758 enmiendas presentadas, las admitidas a trámite no han cumplido su función de mejorar, desarrollar y dar un mayor alcance de actuación a la nueva Ley, sino que han abierto huecos para seguir promoviendo prácticas contaminantes que pueden retrasar la transición ecológica”. Según la Fundación, una vez revisado el articulado y las enmiendas aprobadas, “no podemos sino reflejar una desilusión objetiva al observar las carencias, que podían haber sido subsanadas, perdiendo así otra oportunidad para hacer una reforma profunda del marco legal y de seguir un camino que difícilmente podremos recuperar hacia la creación de un futuro sostenible”.
La Ley de Cambio Climático, que enfila ya su recta final, y que pasa por ser una de las más importantes que ha de ver esta legislatura, fija una serie de "objetivos mínimos nacionales para el año 2030". Son, fundamentalmente, cuatro: (1) reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23% respecto del año 1990; (2) alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42%; (3) alcanzar en el año 2030 una sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable; y (4) mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5%, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria. Además, "se autoriza al Consejo de Ministros a revisar al alza los objetivos establecidos".
En la reunión de ayer, última de la fase Congreso (previa al Senado), se han aprobado dos enmiendas transaccionales. La primera es la relativa a la revisión de esos objetivos en el año 2023. "Lo que hemos hecho -ha dicho Uralde en el Congreso, en rueda de prensa posterior a la aprobación- ha sido comprometer la revisión de los objetivos de la Ley en el año 2023. Creemos que esta es una buena noticia, porque de alguna manera cierra el debate sobre la ambición. Echamos a andar con la Ley, y esos objetivos se revisarán ese año y se revisarán al alza". La segunda de las enmiendas transaccionales es la que se refiere a la obligación de compatibilizar la instalación de renovables con la conservación del patrimonio natural. Según la Fundación, “una primera revisión en 2023 de los objetivos denota en sí misma la poca fuerza y ambición con la que se aprueba la Ley”.
La FR considera que ese objetivo demuestra la no apuesta por la mejora del aire en nuestras ciudades “y, consecuentemente, de la salud de la ciudadanía”. La Fundación Renovables propone un incremento de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 “por encima del 50%, estableciendo un 100% para 2050, y alcanzar un 50% de penetración de renovables en el consumo final de energía y un 80% en el sistema eléctrico en 2030, llegando al 100% de ambos objetivos en 2050”. Respecto al objetivo de electrificación de la demanda energética plantea un 50% en 2030 y un 80% en 2050. La FR denuncia además que la electrificación de la demanda de energía sigue sin aparecer en el articulado.
La Fundación también se muestra crítica con el artículo 8, que asegura “favorece la continuidad de los procesos de explotación y exploración de hidrocarburos que hayan obtenido la licencia antes de la entrada en vigor de la Ley, prohibiendo los que sean posteriores”.
Combustibles
El colectivo de expertos recibe “con escepticismo” que se haya incluido una enmienda en el artículo 11, por la que se consideran los combustibles alternativos, no solo para el transporte aéreo, como se proponía previamente, sino en todo el transporte: “esto supone una puerta trasera para la entrada del gas que puede desacelerar la transición energética, con riesgo de incumplir los objetivos y, además -aseguran-, implica que la inversión, que se debiera enfocar en fuentes renovables, se siga derivando a los combustibles”. Por otro lado -concluye la FR en lo que este extremo se refiere-, conlleva “no electrificar los consumos energéticos y aletargar los procesos de combustión térmica, con las emisiones asociadas a cada combustible, además de no apostar decididamente por crear una industria competitiva y fuerte de vehículos eléctricos dejando de lado la movilidad sostenible”.
La Fundación Renovables también es muy crítica con las propuestas de actuación urbanas, que “se circunscriben principalmente -dice- a temas de movilidad y en municipios de más de 50.000 habitantes (148 municipios de los 8.131 existentes en España, que incluyen el 68% de la población), relegando al 32% restante o, lo que es lo mismo, al 98,2% de los municipios”.
Con respecto al transporte, la Ley mantiene la prohibición de la venta de vehículos ligeros impulsados por combustibles fósiles para 2040, cuando se ha demandado que se adelantara a 2030.
Fundación Renovables
«Demandamos que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tenga mayor amplitud de cambio y de exigencia normativa, puesto que debe englobar en su articulado el desarrollo, la fijación, los plazos, las revisiones y el alcance de todos los objetivos, planes y estrategias de sostenibilidad. La nueva Ley es más mediática que funcional, con una escasa ambición que pagarán las próximas generaciones y sin consonancia con la emergencia climática a la que nos enfrentamos»
