Voto en contra de Vox (único grupo parlamentario que se ha pronunciado hoy así), y abstenciones de PP y Más País. Algunas voces han protestado por la falta de diálogo en el proceso de redacción de la primera Ley de Cambio Climático de la historia de España, pero lo cierto es que el texto finalmente aprobado en la Comisión del Congreso ha recibido el sí del PSOE y de Unidas Podemos, lógicamente, pero también el de Esquerra Republicana de Catalunya, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y Teruel Existe, partidos que cuentan con casi 190 asientos en el Congreso de los Diputados, holgada mayoría absoluta, pues.
La ley que se ha aprobado hoy en la Comisión de Transición Ecológica es una ley "mucho más ambiciosa que la ley que salió del Ministerio", ha dicho el presidente de la Comisión de Transición Ecológica, Juantxo López de Uralde durante su comparecencia en el Congreso. El diputado ecologista ha dicho además que "algunos elementos de la Ley son históricos". Por ejemplo -ha concretado- "el poner fin a los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles (...), la prohibición de la minería del uranio, o la obligación para las ciudades de más de 50.000 habitantes de establecer zonas de bajas emisiones para luchar contra la contaminación urbana".
Además, hoy precisamente se ha aprobado una enmienda trasnsaccional (impulsada por Esquerra Republicana de Catalunya) para ampliar esa obligación a las poblaciones de más de 20.000 habitantes en las que se superen determinados límites de contaminación.
Juantxo López de Uralde: "esta es una ley que ha recibido un apoyo parlamentario muy amplio, lo que demuestra que se ha hecho un esfuerzo muy grande para sumar apoyos, y que ese esfuerzo ha dado resultados"
Uralde también ha destacado "el impulso a la rehabilitación energética de edificios, que todos sabemos que es uno de los mayores yacimientos de empleo, porque esta ley, además de ser una auténtica herramienta de lucha contra el cambio climático, lo va a ser también para la generación de empleo". El diputado de Unidas Podemos ha calificado así mismo de "relevantes" otros dos elementos: que "el despliegue de las renovables deberá hacerse de manera compatible con el patrimonio natural" y la creación de un comité de expertos científicos en clima. "En definitiva -ha dicho-, la Ley establece una hoja de ruta, un marco, que guiará el proceso de descarbonización de nuestra economía para los próximos años".
En la reunión de hoy en concreto se han aprobado dos enmiendas transaccionales. La primera que ha destacado el diputado de Unidas Podemos es la relativa a la revisión de los objetivos en 2023. "Lo que hemos hecho ha sido comprometer la revisión de los objetivos de la Ley en el año 2023. Creemos que esta es una buena noticia, porque de alguna manera cierra el debate sobre la ambición. Echamos a andar con la Ley, y esos objetivos se revisarán ese año y se revisarán al alza". La segunda de las enmiendas transaccionales es la que se refiere a la mencionada compatibilización de la instalación de renovables con la conservación del patrimonio natural.
Juantxo López de Uralde: "esta Ley es una buena ley, supone un paso adelante en esa hoja de ruta de reducción de emisiones de carbono; además, nos compromete a otras iniciativas legislativas vinculadas a las emisiones. En concreto, nos compromete a tramitar una ley de movilidad sostenible, y a otra, de revisión del sector eléctrico. Hay un compromiso que en algunos aspectos ya venía recogido en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, referido a revisar la forma en que se establece el precio de la energía, o revisar los windfall profits, beneficios caídos del cielo, derivados de la forma en que se crea ese precio de la energía"
La Ley ha recibido diversas críticas desde el movimiento ecologista y desde partidos como Más País. Las críticas se han centrado sobre todo en dos aspectos: la falta de diálogo suficiente en el proceso de elaboración del texto; y, fundamentalmente, su escasa ambición climática. El texto al que hoy ha dado su visto bueno la Comisión del Congreso (ahora debe ir al Senado para ser definitivamente aprobado) establece como Objetivo para la España de 2030 la reducción de un 23% de la emisiones de gases de efecto invernadero (-23% con respecto a las emisiones que registró España en 1990), cuando la Unión Europea ha situado ese listón en el -55% (con respecto a lo que emitió en 1990).
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