Para el colectivo de jubilados es muy importante que se resuelva esta situación ya que el riesgo de pobreza es una realidad para 1,7 millones de mayores de 65 años. Hay, además, más mujeres mayores pobres que hombres, 1 millón frente a 700.000 varones, según los últimos datos del INE. Entre los 1,7 millones de mayores pobres, unas 450.000 personas (27%) vive en pobreza severa, es decir, con una renta máxima mensual de unos 535€ para una persona que viva sola.
Aunque el Gobierno ha puesto en marcha medidas para mejorar la situación, la pandemia del Covid-19 y el aumento disparado de los precios de la energía en estos meses ha agravado aún más esta situación. Las actuales medidas no cubren a toda la población que los necesita. Solo había 1,2 millones de beneficiarios del bono social eléctrico en 2021 y con el posible aumento de los beneficiarios en 600.000, llegaría a 1,8 millones, al extenderlo, según el nuevo paquete de ayudas del Gobierno como consecuencia de la guerra, a todos los perceptores del ingreso mínimo vital con contrato de suministro, al tomar como referencia la unidad de convivencia en vez de la unidad familiar.
Sin embargo, aquella cifra está alejada de las estimaciones que se obtienen a partir de los indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Con datos del INE referidos a 2020, hay entre 4,5 y 8 millones de personas afectadas por la pobreza energética. Según el INE, las personas que no pueden mantener su vivienda con una temperatura adecuada en invierno han pasado de 3,5 millones en 2019 a 5,1 millones en 2020, es decir, un aumento de 1,6 millones.
Además de no cubrir a toda la población en situación de pobreza energética, el bono social no está configurado como un derecho del consumidor vulnerable y no hay un organismo público encargado de asegurar su aplicación.
La Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO ha entregado los pliegos de firmas esta mañana en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en los que se exige medidas como:
• Revisar los criterios de acceso al Bono Social para que cubra a más colectivos en situación de pobreza energética y simplificar la carga burocrática y facilitar las gestiones para poder acogerse al Bono Social.
• Crear oficinas municipales de asesoramiento energético para orientar a los consumidores en el acceso al Bono Social y a subvenciones para rehabilitación energética de sus viviendas y sobre medidas de eficiencia energética y de cambios en la factura eléctrica.
• Prolongar la prohibición de cortes de suministro por impago a los consumidores vulnerables y subvención completa para los consumidores vulnerables de medidas de rehabilitación energética de sus viviendas o de sistemas de autoconsumo fotovoltaico.
• Reforma del sistema de formación de precios del mercado de la electricidad para eliminar los sobrebeneficios de las compañías eléctricas y un mayor control público de algunas de las actividades del sistema eléctrico.
