La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha afirmado este jueves que la Administración regional no tramita contratos de luz y la responsabilidad de garantizar la seguridad y la integridad de la red de suministro eléctrico en la Cañada Real es de la compañía suministradora, UFD-Naturgy. Así han respondido desde el Ejecutivo después de que un grupo de vecinos se haya concentrado en la antigua vía pecuaria a las puertas de la Consejería que, apoyados por Más Madrid, Podemos e IU, han presentado 350 firmas para que la Comunidad se encargue de restablecer la luz los más de 4.000 afectados por la falta de suministro desde octubre de 2020. Además, desde la Consejería también han señalado que Naturgy cuenta ya con una resolución judicial que confirma que la red en el Sector 6 de la Cañada, que colapsó en 2020 "por la proliferación de enganches y manipulaciones ilegales, es irrecuperable debido a los enormes riesgos que entraña para la seguridad la situación en esa zona".
"Todas las Administraciones españolas coinciden en que la solución para los múltiples problemas de toda índole que afectan al Sector 6 es su desmantelamiento a través de un proceso de realojo en viviendas sociales, tal y como se estableció ya expresamente en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana de 2017, por la 'ausencia de las mínimas condiciones de habitabilidad' en dicho sector", añaden. Este consenso, han continuado desde el departamento regional, fue ratificado y relanzado el 15 de abril del año pasado, con la firma de una Hoja de Ruta y de un Protocolo de Realojos, suscritos por el Gobierno de la Nación, la Comunidad y los ayuntamientos de la capital y Rivas-Vaciamadrid. "En acelerar el realojo es en lo que están trabajando de forma coordinada todas las Administraciones firmantes", indican y recoge Europa Press.
Sin embargo, María López, representante de la plataforma cívica por la luz en Cañada Real, ha indicado que llegan a la Consejería de Medio Ambiente porque, de acuerdo con la resolución última del Defensor del Pueblo, de ella depende el Comisionado para Cañada Real, "que es el que tiene la obligación de impulsar el suministro legal y dar toda la información a las vecinos para que puedan hacer su contratación como corresponde". "El escollo de la solución está en el Estado en su conjunto, porque cada una de las administraciones tiene una responsabilidad. Venimos a la Comunidad de Madrid porque Cañada Real pertenece y está dentro del marco de la Comunidad de Madrid, que además hay un cargo específico, que es el Comisionado para Cañada", ha trasladado.
Por otro lado, López ha incidido también que el Pacto regional por la Cañada Real firmado por todos los partidos de entonces en 2017 se suscribió "para dignificar las condiciones de vida de las personas" que viven allí. "Es un plan que establece que la mayoría de personas, si hay que hacer alguna reubicación de la gente, se va a realojar dentro del propio territorio de Cañada. Mientras se dignifica la situación y se resuelve toda la situación urbanística, lo que hay que hacer es facilitar los suministros a las personas, porque la luz es un derecho elemental básico, es una necesidad para la vida y el propio Pacto regional lo señala", ha apuntado.
Según ha explicado la portavoz, el Pacto regional se encuentra ahora mismo en blanco, "se está incumpliendo fragantemente y se ha acordado un plan de realojos ahora mismo que vulnera completamente el Pacto, que apaga la voz de los vecinos porque no se les está escuchando, cuando ese es uno de los principios del Pacto regional". "Y se ha acordado unos realojos al margen de la legalidad, en el contexto de un desalojo forzoso, porque no olvidemos que aquí hay una serie de actuaciones como son derribos forzados, vertidos ilegales que también están denunciados, el Comisionado anterior está pendiente de juicio por delitos, se han declarado derribos ilegales, se está criminalizando y culpabilizando a la vecindad desde la propia Comunidad de Madrid; es decir, tenemos todos los elementos para que esto constituya un desalojo forzoso", ha apuntado.
El corte de luz, ha explicado la representante de la plataforma, es "un elemento más para echar a la población. "Lo hemos visto en muchísimas ocasiones, lo hemos visto incluso en películas, cuando quieres echar a la gente, ¿qué es lo que haces? Entonces, bueno, pues esto es lo que está sucediendo aquí", ha reprochado. Igualmente, ha afirmado que el argumento de la compañías de el uso fraudulento de la luz para plantaciones de marihuana es "una excusa vacía e indecente". "Realmente el decir que por un cultivo de marihuana se apaga la luz a 1.800 niños, realmente la valoración a mí que me sale es de profunda indignación, y creo que a cualquier persona que se le hiciera eso no merece ni calificativos. A nosotros eso nos parece una excusa, lo ha señalado incluso el propio Consejo de Europa", ha recalcado.
Sobre la situación de la Cañada Real
El pasado mes de noviembre, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, constataba que España ha vulnerado varios derechos recogidos en la Carta Social Europea en la Cañada Real Galiana, en Madrid, donde unas 4.500 personas, 1.800 de ellas niños y niñas, llevan más de cuatro años sin luz. La resolución, según explicaba en ese momento el secretario de políticas sociales de CCOO Madrid, Manuel Rodríguez, "constata la vulneración de los derechos que se recogen en la Carta Social Europea" y da un "plazo de cuatro meses" para que el Consejo de Europa "determine cuáles son las actuaciones que debe tomar el Estado español". Esta es una de las decisiones que adoptó el Comité Europeo de Derechos Sociales en su reunión plenaria en Estrasburgo del 9 al 13 de septiembre. Si bien, según han explicado fuentes del Consejo de Europa, no se hará pública hasta el 26 de febrero de 2025, cuatro meses después de su transmisión por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales al Comité de ministros del Consejo de Europa, si este no aprueba antes una resolución o una recomendación.
Desde CCOO se han mostrado satisfechos con esta decisión y se mantienen a la espera de conocer qué medidas determina el Consejo de Europa que deberán cumplir las administraciones en España para que dejen de vulnerarse esos derechos. "Entendemos que obligarán a que restituyan el suministro eléctrico de manera permanente", ha precisado Rodríguez. La demanda colectiva fue presentada hace dos años y medio, el 2 de marzo de 2022, por cinco organizaciones, entre ellas CCOO, ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. En su denuncia, las organizaciones demandantes alegaron que los cortes de electricidad, que comenzaron en octubre de 2020 y aún continúan, estaban teniendo un grave impacto negativo en la vida de al menos 4.500 habitantes, incluidos unos 1.800 niños.
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