El Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre ("por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía") ha sido convalidado por 172 votos a favor (PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Podemos, el Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria), 171 en contra (PP, Vox y el diputado de UPN) y 7 abstenciones (las de Junts, que han sido determinantes para que saliera adelante este RDL). Junts asegura haber acordado con el PSOE su abstención en este decreto del Gobierno a cambio de la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que a su juicio ponía en peligro la amnistía.
Sea como fuere, el RDL, que contiene una larga lista de medidas de carácter energético, sale adelante. Entre esas medidas destacan las mencionadas hasta aquí y, así mismo, y por ejemplo, la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva; descuentos del bono social eléctrico del 65% para los consumidores vulnerables, del 80% para los consumidores vulnerables severos y del 40% para los hogares trabajadores con bajos ingresos; un nuevo "instrumento financiero", denominado Fondo de Coinversión (FOCO), que estará dotado con 2.000 millones de euros, y cuyo objetivo es atraer "empresas privadas que acometan inversiones en España en actividades alineadas con los objetivos del Plan de Recuperación como la transición energética"; y tipos impositivos reducidos sobre los suministros de electricidad, gas natural, combustibles de biomasa empleados para la calefacción -como pellets o briquetas-, así como para los suministros de calor.
En fin, que el Pleno del Congreso convalidó ayer un real decreto-ley que ha dejado una retahíla interminable de medidas (en materia de energía). Aquí las repasamos todas, una a una. [A la derecha, el Congreso salido de las elecciones de julio. La única diferencia a día de hoy es que los cinco diputados de Podemos han salido de Sumar, que queda ahora con 26 escaños, y se han integrado en el Grupo Mixto, que comparten con BNG, CC y UPN].
De lo fiscal
• El Parlamento ha decidido mantener, con su sí a la convalidación de este Real Decreto-ley, una cierta rebaja fiscal sobre el IVA de la electricidad que consumen los hogares. El tipo de IVA será el reducido del 10% sobre todos los componentes de la factura de las entregas de electricidad. Dicha medida abarcará todo el año 2024. El anterior tipo impositivo (el de 2023) era del 5%, por lo que este año, aunque el tipo será también reducido (10%), la medida supone que se dobla ese tipo. Eso sí: antes de la crisis energética, la tributación era del 21%.
• El IVA del gas será del 10%, y estará vigente del 1 de enero al 31 de marzo de 2024. Este tipo de IVA (10%) también se aplicará además a pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción. En este segundo caso, sin embargo, el periodo comprendido para aplicar el tipo abarcará el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de ese mismo año. Antes de la crisis, el IVA en ambos casos era del 21%. En 2023, el tipo aplicado era del 5 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural, briquetas y «pellets» procedentes de la biomasa y a la madera para leña.
• El Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) mantendrá asimismo una "reducción en su tipo impositivo" en el primer semestre de 2024. Este impuesto alcanzaba el 5,113% antes de que el Gobierno empezara a impulsar medidas. En 2023 el IEE ha estado fijado en el 0,5%. Ahora, y durante el primer trimestre de 2024, el tipo del IEE quedará fijado en el 2,5%. En el segundo trimestre, pasará al 3,8%. Pagan los consumidores en la factura.
• En cuanto al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía (que pagan los productores de electricidad), el Gobierno ha decidido impulsar lo que denomina como "una recuperación gradual del mismo tras el descenso de los precios de la electricidad y la normalización del mercado eléctrico". Este impuesto (7%) estuvo suspendido durante 2023. "Durante 2024 -informa el Gobierno-, la base imponible será el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica". Eso sí, en el primer trimestre -matiza el Ejecutivo-, esta base será minorada en la mitad de las retribuciones que correspondan a la electricidad incorporada al sistema. En el segundo, lo será en una cuarta parte de las retribuciones de la electricidad incorporada al sistema.
• Se mantienen los límites aplicados al crecimiento de la Tarifa de Último Recurso de gas (TUR), que impiden un incremento de coste de la materia prima por encima del 15%, limitando la subida trimestral aproximadamente al 5%, así como la existencia de la TUR vecinal, al que pueden acogerse las comunidades de propietarios con calefacción central de gas natural. El precio máximo que podrá alcanzar el butano seguirá establecido en 19,55 euros por bombona.
• Los cargos de la electricidad se mantendrán en el mismo nivel que ahora durante todo 2024, esto es, alrededor de un 55% por debajo del nivel que tenían en 2021, antes del estallido del conflicto en Ucrania.
• Se extiende seis meses más la reducción del 80% de los peajes de la industria electrointensiva.
Según el Gobierno
«Todas estas medidas garantizarán el objetivo de mantener una reducción significativa de la factura de productos energéticos de los hogares, en particular durante el periodo invernal. Lo que se compaginará con la normalización de los precios de mercado, que han experimentado rebajas sustanciales con respecto a los periodos de mayor tensión, como el récord de los precios del mercado mayorista de 2021 y la invasión rusa en Ucrania iniciada en febrero de 2022»
Medidas de protección
El Ejecutivo anunció ayer que ha decidido prolongar, durante seis meses con carácter general, la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables; ha decidido así mismo prolongar los descuentos reforzados del bono social y las tres categorías de beneficiarios; una fiscalidad reducida para gas y electricidad; los vigentes cargos de la electricidad; las ayudas para las tarifas reguladas de gas (TUR) o la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva, entre otras medidas. Todo ello, "en vista de la persistencia de las tensiones inflacionistas y de la incertidumbre que continúa afectando a los mercados internacionales, ahora también por la guerra en Gaza".
Quedan aprobados descuentos del bono social eléctrico del 65% para los consumidores vulnerables, del 80% para los consumidores vulnerables severos y del 40% para los hogares trabajadores con bajos ingresos.
Todas estas disposiciones de protección -explica el Ejecutivo- se financiarán "con cargo al superávit registrado en el sistema eléctrico durante 2022 y el que pueda registrarse en 2023" así como con "partidas específicas recogidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado".
Nueva potencia renovable
Especial mención merece la ampliación, en tres años, del plazo de tramitación de nuevos proyectos de generación de energías renovables, que era una demanda del sector. Con el objetivo de potenciar la generación de energía renovable y la industria asociada a la transición ecológica -explica el Gobierno-, ha sido ampliado hasta los ocho años (antes eran cinco) el plazo de tramitación de nuevos proyectos de renovables. A ello podrá acogerse, "de forma voluntaria", cualquier promotor.
Así lo explica el Gobierno
«Con la intención de potenciar la industria europea asociada a la transición energética y de evitar tensiones en la cadena de valor que pueden encarecer los proyectos y aumentar las importaciones de bienes de equipo, el Ejecutivo ha modificado los hitos de la tramitación administrativa que deben cumplir los nuevos proyectos de energías renovables que estableció el Real Decreto-ley 23/2020,
Con esta modificación también se propicia una incorporación ordenada de las nuevas instalaciones que aumente la visibilidad de la senda para cumplir los objetivos nacionales de producción de energía limpia fijados para 2030 y beneficiar más a toda la economía en un contexto de creciente electrificación.
Por lo tanto, el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Construcción del proyecto se incrementa seis meses, hasta los 49 meses. Además, los promotores podrán prolongar desde los cinco hasta un máximo de ocho años el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación; sólo tendrán que indicar el semestre en que prevén la entrada en servicio de la instalación, con carácter vinculante. El plazo total máximo de tramitación para los parques eólicos marinos y los bombeos hidroeléctricos pasa a ser de nueve años»
Los hitos, uno por uno
El título III del RDL 8/2023 está dedicado a la energía, y se compone de cuatro capítulos. Pues bien, es precisamente el capítulo I el que recoge lo que denomina las medidas "para la incorporación ordenada de las instalaciones de producción de origen renovable en el sistema eléctrico".
En su exposición de motivos, el Gobierno destaca que en la actualidad existe un importante contingente de proyectos renovables acumulados en torno a unos mismos hitos regulados en el Real Decreto-ley 23/2020, hitos que obligan a los promotores a concentrar su desarrollo y ejecución de proyectos "en un periodo de tiempo ajustado".
En la actualidad, y de acuerdo con la legislación vigenet (RDL 23/2020 y artículo 185 del RDL 5/2023, el plazo máximo para acreditar el hito de la autorización administrativa de construcción se encuentra fijado en cuarenta y tres meses. Pues bien, el RDL ahora convalidado aumenta ese plazo en seis meses más, hasta alcanzar los cuarenta y nueve meses.
Además, el RDL 8/2023 también posibilita que aquellos promotores que quieran prolongar el plazo para obtener la autorización administrativa de explotación puedan hacerlo de forma voluntaria, hasta un máximo -como se dijo- de ocho años, e indicando el semestre en el que va a entrar en servicio su instalación, siendo esta fecha vinculante.
Más sobre los hitos: en relación con los hitos administrativos, el Ejecutivo ha observado -explica el RDL- que las instalaciones de bombeo y las futuras instalaciones de eólica marina requieren tiempos, tanto de tramitación como de construcción, muy superiores a otras plantas de tecnología renovable, "por lo que se considera adecuado extender el plazo para obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva de estas instalaciones hasta los nueve años".
Subastas
También merece mención especial la incorporación en el RDL convalidado de "criterios cualitativos" en las subastas de renovables. Estos -apuntan desde el Ejecutivo- reconocerán "el valor añadido social y ambiental de la industria europea". Las subastas para otorgar el Régimen Económico de Energías Renovables -explica el Gobierno- podrán así incluir criterios de adjudicación no económicos con una ponderación máxima del 30%, como la contribución a la resiliencia, la sostenibilidad ambiental, la innovación, el impacto socioeconómico del proyecto u otros aspectos que mejoren la integración de las renovables en el sistema eléctrico.
El decreto elaborado por el Gobierno de coalición PSOE-Sumar y ahora convalidado reconoce en su exposición de motivos que la industria europea, "que hasta ahora venía siendo la principal proveedora de los equipos y componentes de las instalaciones eólicas ubicadas en territorio comunitario", viene sufriendo en los últimos meses importantes dificultades, habiéndose reducido su porcentaje de participación en la fabricación de estos equipos a nivel mundial. Las consecuencias negativas que tendría la consolidación de esta tendencia, además del impacto en el empleo y en el tejido empresarial, afectarían -explica el decreto- a la autonomía e independencia de la Unión Europea.
«Esta situación ha motivado la respuesta inmediata de la Comisión Europea, que el pasado 24 de octubre aprobó el Paquete Europeo sobre la Energía Eólica, que incluye un Plan de Acción con un conjunto de medidas a desarrollar de forma urgente en colaboración con los Estados miembros.
La acción número 4, dentro del segundo pilar «Mejora del diseño de las subastas», prevé que los Estados miembros incluyan en las subastas de renovables criterios cualitativos objetivos, transparentes y no discriminatorios.
Expone la Comisión Europea que las subastas que incluyen solo criterios económicos no son capaces de ponderar los altos estándares medioambientales y sociales de los productos europeos ni tampoco tienen en cuenta la necesidad de disponer de una cadena de suministro resiliente.
Por lo tanto, señala la necesidad de que los Estados miembros revisen de forma urgente el diseño de las subastas para lanzar las señales de inversión adecuadas a toda la cadena de suministro.
La incorporación de criterios adecuados de precalificación y baremación, que sean objetivos, transparentes y no discriminatorios, que reconozcan el valor añadido de los productos y promocionen el desarrollo industrial pueden apoyar el desarrollo una industria eólica innovadora y competitiva.
Esta medida beneficiaría asimismo indirectamente a otras tecnologías, incluyendo la industria solar»
Autoconsumo
El RDL convalidado ayer establece por otro lado que queda reservado, "para garantizar la evacuación de los excedentes de las instalaciones de autoconsumo", el 10% de la capacidad "de todos los nudos de la red de transporte de electricidad reservada para celebrar concursos de acceso". El Gobierno se compromete además a facilitar "el acceso a los fondos para autoconsumo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con modificaciones puntuales en el Real Decreto 477/2021, habilitando a las comunidades autónomas -encargadas del reparto de fondos territorializados- a reducir la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de adjudicación".
Cogeneración
"Con el objetivo de aportar certidumbre a las instalaciones de cogeneración, biomasa y tratamiento de residuos", cuyos costes de explotación dependen esencialmente del coste del combustible, el Gobierno aprobó ayer los valores de referencia para calcular sus ingresos regulados a partir del próximo 1 de enero, como el precio de la electricidad y el gas en los mercados mayoristas.
La retribución a la operación que percibirán estas de instalaciones durante el primer semestre de 2024 asciende a 685 millones para la cogeneración y el tratamiento de residuos, y 2,23 millones para la biomasa. "Estas cifras -explica el Ejecutivo- no implican sobrecoste con relación a las estimaciones de la propuesta de metodología para actualizar la retribución a la operación que inició su tramitación en noviembre".
Impulso al almacenamiento hidroeléctrico de energía
El Gobierno considera el almacenamiento de energía "fundamental para la integración de grandes volúmenes de producción renovable y la electrificación acelerada de la economía". Y por ello ha integrado el almacenamiento entre los usos del agua, ubicándolo en tercer lugar en el orden de preferencia establecido, solo por detrás del abastecimiento a poblaciones y el uso agrario, y por delante de la producción de energía eléctrica y de otros usos industriales. Igualmente, se adaptan las concesiones de las centrales hidroeléctricas de bombeo para que se consideren como almacenamientos hidráulicos de energía y se propicie su repotenciación.
El decreto convalidado insta a introducir en la legislación de aguas, "a la mayor brevedad posible y para desbloquear la tramitación de los expedientes concesionales, un nuevo uso del agua, el de almacenamiento hidráulico de energía, y hacerlo de manera que se le conceda la prioridad perseguida por la ley de cambio climático y transición energética, incluso en los planes hidrológicos ya vigentes".
«La introducción de este nuevo uso se fundamenta en que el mismo no es en sí el industrial para producción de energía eléctrica, ya contemplado en la legislación de aguas, toda vez que las centrales hidroeléctricas reversibles son consumidoras de energía (la que se requiere para bombear agua desde el depósito inferior al superior es mayor que el que se genera cuando se turbina en sentido inverso), por lo cual su finalidad no es incrementar la producción de energía, sino almacenar energía cuando la oferta de electricidad supera a la demanda, para suministrarla – con cierta pérdida de rendimiento- cuando las otras energías no son capaces de atender la demanda»
«Los cambios legales han de prever una adaptación de las concesiones otorgadas a las centrales hidroeléctricas reversibles existentes, para que ex lege se consideren como de uso de almacenamiento hidráulico de energía, y se pueda atender de manera adecuada a su posible repotenciación. Y se prevé una retroactividad en los procedimientos concesionales de centrales hidroeléctricas reversibles ya iniciados para que puedan comparecer en competencia los titulares de concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos que puedan verse afectados por los mismos»
Eficiencia energética
El texto del real decreto-ley aprobado ayer por el Gobierno las deducciones de IRPF vinculadas a las obras realizadas con ese fin. Así, extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 todas las medidas destinadas a las reformas que ayuden a realizar un consumo más sostenible de energía, ya sea en casas particulares o en bloques de vecinos.
Estas ayudas, vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), permitirán deducirse un 20%, 40% o 60% de IRPF a quienes impulsen estas actuaciones sobre sus propiedades. Unos porcentajes sujetos al tipo de vivienda y a la profundidad de las obras que se realicen para lograr el objetivo de reducir el consumo y obtener los certificados correspondientes que así lo avalen.
Hay también prórroga en la "libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables".
Gravámenes energético, bancario y de solidaridad
El real decreto-ley incluye la prórroga durante 2024 de los dos gravámenes temporales previstos en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.
Además, contempla la futura revisión de ambos gravámenes para su plena integración en el sistema tributario. De la misma manera, también se prevé una posible concertación con las comunidades de País Vasco y Navarra.
El texto plantea además el establecimiento en la Ley de Presupuestos Generales de 2024 de un incentivo para que los obligados al pago en el sector energético accedan al mismo si realizan inversiones estratégicas desde 1 de enero de 2024.
El Ejecutivo ha prorrogado así mismo la aplicación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas mientras no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en las comunidades autónomas. Circunstancia que está vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica.
Por fin, se crea un nuevo instrumento financiero, el Fondo de Coinversión (FOCO), que estará dotado con 2.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU que se despliegan en la segunda fase del Plan de Recuperación.
El objetivo de este fondo es contribuir a la transformación del modelo productivo español mediante la atracción de inversión extranjera hacia empresas privadas que acometan inversiones en España en actividades alineadas con los objetivos del Plan de Recuperación como la transición energética.
Y un apunte más, no menor: las empresas beneficiarias de ayudas directas -recalca el Gobierno- no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos hasta el próximo 30 de junio.
Del acceso y la potencial especulación con los permisos
El RDL ayer convalidado presta así mismo especial atención a otro de los problemas que se vislumbran en el más corto plazo: el del acceso a unas redes a las que se quieren conectar cada vez más actores. La exposición de motivos que incluye el RDL dice así.
«A lo largo de los últimos meses, a la vista de los datos facilitados por los gestores de las redes de transporte y distribución, se está observando un fuerte aumento de las peticiones de acceso a las redes para conectar nuevos consumos. Los principales solicitantes son instalaciones de producción de hidrógeno, centros de procesamiento de datos e instalaciones de almacenamiento. Al igual que ya sucedió con la generación en el periodo 2018 a 2020, se observa un crecimiento extraordinariamente rápido y que en algunos casos los proyectos comienzan a desarrollarse rápidamente, pero en otros no. Este eventual acaparamiento de permisos de acceso a la red para grandes consumos, unido a que los permisos de acceso de consumo no tienen una caducidad claramente definida aconsejan tomar medidas que permitan evitar el acaparamiento especulativo de los mismos por proyectos que no tienen una clara visibilidad para su desarrollo»
Por esta razón -concluye el RDL- se introduce una nueva regulación que establece que, en los casos en que exista competencia por el acceso para demanda en un determinado nudo de la red de transporte, su adjudicación se realice mediante un procedimiento de concurso en el que se tengan en cuenta criterios de madurez de los proyectos, volumen de inversiones asociadas y contribución a la descarbonización de la demanda energética, entre otros.
Se establece la caducidad de los permisos de acceso y conexión si en el plazo de 5 años desde su obtención no se realiza un contrato técnico de acceso por una potencia equivalente de, al menos, el 50 % de la capacidad de acceso del permiso. Para los permisos ya otorgados se establece un periodo transitorio para constituir las garantías necesarias y los plazos de caducidad comenzarán a computar desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley.
Electrointensivas
Se extiende durante seis meses el mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva, ya que este colectivo de consumidores sigue manteniéndose particularmente expuesto a la incertidumbre internacional.
Bono social
Se extienden asimismo, hasta el 30 de junio de 2024 los descuentos del bono social de electricidad, la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables y la aplicación temporal del bono social de electricidad a los hogares trabajadores con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética. También se prorrogan medidas fiscales, en los términos anteriormente señalados.
Gas
También se prorroga hasta el 30 de junio de 2024 la tarifa de último recurso de gas natural aplicable temporalmente a las comunidades de propietarios de hogares, aprobada inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2023.
Caso La Pereda
La central térmica de La Pereda, en el Principado de Asturias, se está planteando el cambio de combustible desde los residuos mineros a otras fuentes de energía más limpias. En este proceso de transformación se considera adecuado otorgar al nudo de la red de transporte La Pereda 220 kV (el nudo en el que se conecta la central) la condición de Nudo de Transición Justa, al asimilarse su situación a la del cierre de otras centrales térmicas de carbón.
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