Más de diez mil millones de euros de beneficio bruto y un beneficio neto que ha ascendido concretamente a 3.611 M€, casi un 20% más que en 2018, cuando registró un beneficio neto de 3.014 M€. Son los dos grandes números que ha hecho públicos Iberdrola en su última Junta General de Accionistas, en la que la compañía ha anunciado que "la remuneración total para el accionista se ha elevado a 0,42€/acción, un 5% más que el año anterior". Frente a los beneficios crecientes, la multinacional que preside José Ignacio Sánchez Galán ha publicado además los datos referidos al pago de impuestos en España, cuyo importe vuelve a bajar: 3.642 millones de euros entregó Iberdrola a la hacienda pública española en 2018; cien millones menos al año siguiente, en 2019 (3.529); y menos aún en 2020: 3.380. En fin, incremento sustancial de los beneficios, y descenso considerable de la aportación fiscal. Así las cosas, los accionistas han dado su visto bueno a la gestión de la dirección de la empresa en la Junta General que tuvo lugar en Bilbao el viernes, y las 27 propuestas incluidas en el orden del día han contado con un voto positivo superior al 98%.
El presidente de la compañía ha agradecido la confianza de sus accionistas: "pueden estar seguros -ha dicho- de que en Iberdrola mantendremos (...) nuestro compromiso con la defensa de sus intereses, señores accionistas, y los del resto de nuestros grupos de interés". Iberdrola tiene más de 600.000 accionistas, pero los principales paquetes de acciones pertenecen al fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), al fondo estadounidense Black Rock Inc y al banco público noruego Norges Bank. [Abajo, a la derecha, parque de generación global de Iberdrola a 31 de diciembre de 2020].
La del viernes pasado ha sido la segunda Junta General de Accionistas 100% telemática de la compañía y la primera del Ibex 35 que ha permitido el voto mediante un código QR. El presidente de la compañía, José Ignacio Sánchez Galán, se ha dirigido a los accionistas desde la Torre Iberdrola de Bilbao, desde donde ha reafirmado el compromiso inversor de la compañía para contribuir a paliar las consecuencias de la pandemia y consolidar la recuperación económica y el empleo: “en 2020, alcanzamos nuestro récord de inversión, con unos 10.000 millones de euros, que este año batiremos de nuevo, llegando a los 17.000 millones de euros” (dato referido a la actividad global de la compañía). Estas inversiones han permitido la puesta en servicio de cerca de 4.500 megavatios verdes en 2020 (en todo el mundo) y comenzar la construcción de otros 8.700 MW (dato también referido a todo el mundo).
Sánchez Galán también ha hablado de empleo: “desde comienzos de 2020, hemos realizado pedidos a nuestros proveedores por 18.000 millones de euros, gracias a los que se han podido preservar 400.000 puestos de trabajo en nuestra cadena de valor; 85.000 de ellos en España”. En ese periodo, además, la compañía asegura ha incorporado "6.000 nuevos profesionales".
El quórum ha sido del 65,83% del capital social (la Junta General de Accionistas ha sido telemática). Además, y, según Iberdrola, "este año, la Junta ha registrado un relevante incremento de participación de inversores institucionales, nacionales e internacionales". Todos los bloques de acuerdos incluidos en el orden del día han sido respaldados con un voto afirmativo superior al 98%, distribuidos del siguiente modo:
Grupo 1 (resultados de la gestión): 98,52%.
Grupo 2 (sistema de gobernanza y sostenibilidad): 98,48%.
Grupo 3 (retribución del accionista): 99,49%.
Grupo 4 (Consejo de Administración): 94,23%.
Grupo 5 (autorizaciones y delegación de facultades): 99,68%.
Grupo 6 (votaciones consultivas): 91,67%
José Ignacio Sánchez Galán: “contemplamos con satisfacción el acuerdo casi unánime acerca de la necesidad de acelerar la transición energética y afrontamos este contexto global de apuesta por la electrificación desde una posición sólida y diversificada geográficamente, que se verá reforzada en los próximos años con nuestro plan de inversiones de 75.000 millones de euros hasta 2025. Y que podría alcanzar los 150.000 millones de euros a 2030, para triplicar nuestra capacidad renovable, hasta situarla en 100.000 MW a final de la década, con al menos, 12.000 MW eólicos marinos, y seguir expandiendo y reforzando nuestras redes de transporte y distribución para atender una demanda creciente de electricidad”
Actividad internacional
La dirección de Iberdrola ha destacado durante la Junta las adquisiciones realizadas en Estados Unidos, como es el caso de PNM Resources, la eléctrica de Nuevo México y Texas; en Brasil, con la compra de la distribuidora de Brasilia; y en Australia, con la integración de la principal compañía de energía renovable del país, convertida en Iberdrola Australia. Asimismo, ha subrayado la creación de nuevas plataformas de crecimiento en el mercado eólico marino en países como Suecia, Irlanda, Polonia y Japón.
También ha concretado el avance en alianzas estratégicas “con empresas como Volkswagen, Renault o Mercedes en el sector automovilístico; Total, BP o Mitsubishi Power, en el energético; Mapfre, en el financiero; y con multitud de compañías industriales -ha dicho Sánchez Galán- con las que estamos impulsando el hidrógeno verde, las energías renovables y la eficiencia energética”.
Contexto
Iberdrola ha comunicado a sus accionistas por otro lado que su acción se ha revalorizado en 2020 un 27,5% (frente a una caída del 15,5% del Ibex-35). Según la empresa, "esta evolución, junto al dividendo abonado, permitió registrar una rentabilidad total al accionista del 32,7%". En el ejercicio, la capitalización ha superado los 70.000 millones de euros. Así -presumen desde la compañía-, Iberdrola se ha situado "como una de las tres eléctricas más grandes del mundo por valor bursátil, la empresa con más peso en la Bolsa española, una de las 15 primeras compañías de Europa por capitalización de todos los sectores y una de las 150 mayores del mundo".
Beneficios caídos del cielo
Durante su discurso ante los accionistas, el presidente de Iberdrola se ha mostrado en contra de la iniciativa con la que el Gobierno quiere acabar con los denominados beneficios caídos del cielo. ¿Qué son?
Cuando el legislador cambia las normas del juego y alguien sale perjudicado, ese alguien protesta y, si tiene peso suficiente, exige y obtiene una compensación por ese perjuicio. Sucedió con los Costes de Transición a la Competencia. La historia es, muy resumidamente, tal y como sigue. El gobierno del Partido Popular (presidía la nación entonces José María Aznar) liberalizó el mercado eléctrico en 1997 (Ley del Sector Eléctrico 54/1997, de 27 de noviembre). Las grandes eléctricas (asociadas en Unesa) reclamaron entonces una indemnización -los Costes de Transición a la Competencia (CTCs)- porque sostenían que habían hecho unos cálculos y unas inversiones a la luz de un marco distinto -mercado no liberalizado- y que, en el nuevo marco -mercado liberalizado- el precio de la electricidad bajaría de la mano de la presumible mayor competencia que introducía esa nueva norma y no podrían amortizar sus inversiones tal y como habían previsto dado el marco anterior. El gobierno de Aznar atendió entonces esa reclamación, y aunque no estaba obligado jurídicamente a ello, estableció una indemnización -CTCs- por valor de casi 12.000 millones de euros (cantidad luego ajustada a 8.663 M€, como máximo).
Con el mercado de emisiones ha pasado exactamente lo contrario. Los mismos actores -los propietarios de hidroeléctricas y nucleares (Endesa, Iberdrola y compañía)-, actores que sí se quejaron cuando la nueva Ley del 97 cambiaba las reglas del juego (algo que presumiblemente iba a perjudicarles), actores en fin que se quejaron entonces y obtuvieron una muy pingüe compensación/indemnización (Costes de Transición a la Competencia), pues esos mismos actores no se han quejado ahora. No se han quejado del cambio regulatorio de 2005 (ese año fue creado el mercado de emisiones) y llevan 16 años sin quejarse. Porque ese otro cambio regulatorio (el del mercado de emisiones)... les ha ido para bien, les ha propiciado los denominados" beneficios caídos del cielo".
Pues bien, ahora, el Gobierno ha decidido cortar el grifo, porque los "beneficios caídos del cielo" están alcanzando una desmesura obscena, ya que esos beneficios dependen del precio del CO2 y ese precio ha crecido en solo un año... un 150% (ahora está por encima de los 50 euros la tonelada). El Ejecutivo calcula que -con el CO2 a esa altura- esos beneficios ascienden a mil millones de euros. ¿Y qué va a hacer el Gobierno? Acabar con esa formidable sobre-retribución y destinar esos mil millones de euros, en un 90%, a financiar los costes regulados relativos a las energías renovables y en el 10% restante, a financiar la factura de los consumidores vulnerables severos.
¿Y qué le ha dicho Sánchez Galán a sus accionistas? Pues, grosso modo, que quiere seguir embolsándose los beneficios caídos del cielo.
Las joyas de la intervención de José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola
«Confiamos en que el Anteproyecto de Ley recientemente presentado en nuestro país, que introduce cargas injustificadas sobre tecnologías no emisoras, sea reconducido a lo largo de su tramitación para buscar soluciones que garanticen la coherencia plena entre la política energética que apueste por la descarbonización y un marco normativo y regulatorio estable y fiable»
«El principal beneficiario de los altos precios de la electricidad, sobre todo en un escenario como el actual con un elevado precio del CO2, es la Hacienda Pública, que recibe, no solo unos cuantiosos impuestos proporcionales al precio de la energía, sino también los ingresos por la venta de derechos de CO2, que este año podrían alcanzar los 2.500 millones de euros»
«Pueden estar seguros de que en Iberdrola mantendremos una actitud dialogante, pero también nuestro compromiso con la defensa de sus intereses, señores accionistas, y los del resto de nuestros grupos de interés»
Los números de un gigante
Iberdrola, compañía multinacional que produce, distribuye y comercializa electricidad, declara una plantilla de más de 35.000 personas y unos activos superiores a 122.000 millones de euros. La compañía ha declarado en 2020 "un beneficio neto de 3.611 millones de euros", un 4,2% más que en 2019. Los principales accionistas de esta empresa son el fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), el fondo estadounidense Black Rock Inc y el banco público noruego Norges Bank. La compañía asegura suministra energía a cerca de 100 millones de personas, principalmente en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México. Iberdrola presume de ser "el primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo". Este es su parque global de generación de electricidad.
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