2024 ha sido un año en el que las incertidumbres se han ido transformando en miedo. Miedo porque todo lo avanzado en el reconocimiento de los derechos humanos y en nuestro compromiso con la transición ecosocial se va debilitando, porque la hegemonía y el ejercicio del poder de los más fuertes se está imponiendo, sin pensar que sus actuaciones, centradas en el cortoplacismo, debilitan la supervivencia del planeta. Cuando utilizamos el escenario BaU, Business as Usual, también en la energía, parece que pesa más preservar el balance y la cuenta de resultados a corto plazo que el bien común en un horizonte amplio. Ya hemos asumido que las políticas de mitigación deben dejar paso a las de adaptación que ayuden a paliar los efectos de fenómenos atmosféricos dramáticos cada vez más intensos y frecuentes, como el sucedido en la Comarca de Huerta Sur, en Valencia, el 29 de octubre. Esta catástrofe ha demostrado que carecemos de la memoria que tiene el agua, para pasar por donde pasó, y que las consecuencias del negacionismo y de un desarrollismo sin control provocan muerte y destrucción.
La vida sigue, y hemos celebrado, como todos los años, una COP, la número 29, y vemos cómo nos sentimos satisfechos por la victoria pírrica obtenida de no negar la transición de los fósiles a las renovables, aunque no se haya producido ningún avance y todo siga prácticamente igual, a pesar de haber sobrepasado los 1,5ºC de incremento de temperatura. Hemos descubierto, con el informe Draghi, que Europa debe llevar a cabo una reconversión profunda e invertir más de 800.000 M€ anuales, un 4,5% del PIB, si quiere competir con economías como la americana o la china, poniendo, ahora sí, especial énfasis en que no podemos pasar de depender del suministro de los combustibles fósiles a hacerlo de las materias primas y del equipamiento necesario, de países como China, para llevar a cabo la transición a las renovables. Esa realidad suele venir acompañada de posiciones políticas en las que se denuncia que nuestra apuesta y compromiso en la lucha contra el cambio climático y nuestro reconocimiento a los derechos humanos y medioambientales encierra una posición de debilidad frente a las políticas negacionistas de Estados Unidos o al capitalismo de estado de China.
El compromiso del nuevo PNIEC
En septiembre de 2024 se aprobó la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), después de un largo año de espera desde el envío del primer borrador a la Comisión Europea en junio de 2023. Esta actualización incluye un sensible incremento de objetivos tanto de potencia, en eólica y fotovoltaica, como en almacenamiento, electrolizadores, en el número de vehículos eléctricos matriculados y en la rehabilitación de viviendas. Este mayor compromiso nos debería llenar de satisfacción si no fuera porque la realidad de lo conseguido en el periodo transcurrido desde la entrada en vigor del PNIEC 21 hasta la aprobación de la actualización de septiembre de 2024 no está en línea con el incremento de ambición.
Si comparamos los nuevos objetivos con el histórico, podemos observar cómo, para lograr cumplirlos, habría que incrementar anualmente más de 4,5 veces la instalación de potencia eólica o 2,5 la fotovoltaica. También hemos incrementado el objetivo de vehículos eléctricos, pasando de 5 a 5,5 millones, cuando no hemos sido capaces de matricular en todo el periodo los 500.000 vehículos que hemos aumentado. Por otro lado, el objetivo de rehabilitación se ha incrementado un 15% y al ritmo que llevamos necesitaríamos casi 6 años para cumplirlo. Y, es más, hemos apostado por subir el objetivo de almacenamiento y de los electrolizadores y no tenemos aprobada la normativa para que se desarrollen… El desarrollo regulatorio no está adaptado a la realidad tecnológica de nuestro país ni al posicionamiento del sector empresarial y las necesidades y objetivos marcados. Las políticas de apoyo para que se cumplan los objetivos carecen de efectividad porque nunca han tenido ni los automatismos ni la inmediatez de aplicación que los grupos de interés si tienen.
Políticas más efectivas
Nuestra apuesta por la electricidad renovable como base de la transición energética, de uso directo o como medio para producir electrocombustibles, entre los que incluyo el hidrógeno (H2), exige, como dice el PNIEC, reforzar, actualizar y digitalizar las infraestructuras eléctricas, cifrando la inversión en más de 50.000 M€, situación que no es asumida por el sector eléctrico salvo que se produzca un incremento en la retribución que cifran en 200 puntos básicos (pb).
Necesitamos romper las barreras que la hegemonía y los monopolios creados regulatoriamente introducen y en este aspecto el papel de lo público es fundamental, no solo como regulador, sino como emprendedor e inversor, porque está claro que la estructura del sector y del mercado no generan la confianza que hemos depositado en ellos para alcanzar los ambiciosos objetivos fijados. Es el momento de reafirmar la necesidad y, lo que es más importante, la voluntad, no solo de mantener los objetivos, sino, de hacer todo lo necesario para que conseguirlos. Estamos viendo que la transición no se hace solo con subvenciones e instalando potencia, sino que requiere del compromiso de todos y de todas y quien tiene que asumir un papel más activo es el Estado, porque le hemos mandatado para hacerlo.
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