La Fundación Renovables ha presentado esta semana su nueva declaración de principios para avanzar hacia «una nueva cultura de la energía» y apostar por una transición ecológica de mirada transversal. El manifiesto, presentado por el presidente de la fundación, Fernando Ferrando, y avalado por representantes de la sociedad civil, empresas, sindicatos y administración, marca la apuesta decidida de impulsar un cambio de modelo que sea capaz de integrar a toda la sociedad y a todos los territorios, sin dejar a nadie atrás.
Esta declaración de intenciones supone un antes y un después para la Fundación Renovables y gira en torno a cuatro pilares de actuación esenciales para conseguir democratizar la energía y alcanzar un nuevo contrato social:
La declaración se sustenta sobre el principio de que la energía es un bien básico y su acceso debe ser un derecho universal, ya que tiene un impacto directo en el desarrollo de la sociedad, el bienestar, el medio ambiente, el clima y la biodiversidad.
Desde la Fundación Renovables subrayan que la supervivencia de todas las formas de vida que tenemos en la Tierra exige el respeto de sus límites biofísicos, muchos de ellos ya sobrepasados o en riesgo de serlo, por lo que consideran urgente y necesario crear un nuevo modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia, las energías renovables y la participación de los consumidores en todos los mercados energéticos.
Los nuevos principios de la Fundación Renovables han visto la luz en un escenario dominado por la transversalidad de los discursos y recogiendo, en dos mesas de debate, los diferentes retos y oportunidades que se abren en torno a la transición ecológica. Desde la creación de un empleo verde y de calidad, hasta el despliegue de renovables con criterios de justicia social y territorial, pasando por el desarrollo de una movilidad sostenible, el impulso del autoconsumo y la lucha contra la pobreza energética.
En las jornadas han participado representantes de organizaciones sociales y ecologistas, como Oxfam Intermón o Greenpeace; miembros del sector sindical, como CCOO, y del sector empresarial, como el Grupo Español para el Crecimiento Verde; cooperativas energéticas, como Ecooo Energía Ciudadana; y personas pertenecientes a la administración, como el Ayuntamiento de Terrassa o la Asociación de Municipios y Entidades por la Energía Pública (AMEP).
