Greenpeace, que denuncia que los partidos políticos "están plegándose a los intereses y presiones de las compañías energéticas contaminantes", señala que la Comisión de Hacienda, de hoy lunes, "debería hacer permanente" el actual gravamen temporal de solidaridad a los beneficios extraordinarios, para "atender a las poblaciones devastadas por la DANA y otros eventos extremos", explican desde la ONG en un comunicado.
La organización conservacionista se suma así a otras 36 organizaciones sociales, sindicales y ecologistas para demandar diez medidas para una fiscalidad más justa y verde, entre las que se encuentran, además de los impuestos a beneficios caídos del cielo a la banca y a las energéticas, el impuesto al lujo y los jets privados, el impuesto a alquileres turísticos o la eliminación del régimen fiscal sin tributación de las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), que también se votará hoy en la Comisión.
Mientras la clase política española se resiste a hacer pagar a las grandes energéticas, los Gobiernos están reunidos en la COP29 de Azerbaiyán, donde una de las cuestiones candentes es la decisión de hacer rendir cuentas a la industria fósil por la acción climática. Se estima que es necesario reunir, al menos, cinco billones de dólares al año para prevenir, adaptarse y cubrir las pérdidas y daños de los eventos meteorológicos extremos, exacerbados por la crisis climática en todo el mundo, por lo que Greenpeace exige que se aplique el principio de “quien contamina paga”, mediante impuestos justos y verdes que obliguen a la industria de los combustibles fósiles y a otros grandes contaminadores a soportar, al menos en parte, los gastos climáticos.
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España: "En un momento en el que toda la fuerza de la democracia debe atender y solidarizarse con las víctimas de la DANA, hay partidos que se pliegan a las grandes compañías para tumbar la justicia fiscal que necesitamos. Hemos visto cómo el dirigente de Repsol, la empresa más contaminante en España, está más centrado en los dividendos de sus grandes accionistas anglosajones y nórdicos que en la responsabilidad de la compañía con la sociedad en la que operan sus negocios. Es un comportamiento situado en las antípodas del compromiso, que sí están mostrando las personas voluntarias y de los servicios públicos en este momento".
El impuesto a las energéticas se creó, de forma temporal (2023-24), junto con el de la banca, para mitigar el impacto de la inflación y gravar los beneficios extraordinarios que obtuvieron estos sectores por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Los ecologistas señalan que, en lo que va de 2024, estos sectores han incrementado todavía más sus beneficios, en un mercado supuestamente "normalizado".
Por ello, ahora existe la posibilidad de que se haga permanente y que las empresas "paguen por los daños que ocasionan" a través de este impuesto, que a su parecer permitiría recaudar unos recursos adicionales que podrían financiar políticas públicas destinadas a amortiguar el impacto generado por el cambio climático.
Según los datos de Greenpeace, con la recaudación del impuesto a las energéticas en un solo año, se podría pagar parte del escudo social, económico y de reconstrucción de las zonas afectadas por los eventos climáticos extremos, como los sueldos anuales de 500 miembros de protección civil, 1.000 profesionales de la salud y 1.000 profesionales de servicios sociales para reforzar los servicios básicos, ayudas sociales a 50.000 familias vulnerables y rehabilitación de 20.000 viviendas para atender directamente a las familias damnificadas, así como una protección a 15.000 pequeños negocios y autónomos y a 30.000 agricultores familiares.
Carlos García Paret, coordinador de Incidencia de Greenpeace: "La sociedad necesita Administraciones públicas con capacidad y eficacia para atender los costes derivados del impacto del cambio climático, como los ocurridos este mes, e invertir en proyectos de futuro más adaptados a la nueva realidad climática. Para ello se requieren impuestos justos y que los que más capacidad económica tienen contribuyan más. España está cuatro puntos por debajo de la media europea en presión fiscal y hay margen para ello. Por eso, la sociedad civil está demandando a los políticos estar a la altura de este momento difícil que estamos viviendo y cerrar un acuerdo responsable".
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