Greenpeace ha difundido esta tarde un comunicado de valoración de la investidura en el que señala que esta legislatura que viene "es clave para afrontar la emergencia climática, que es la mayor crisis a la que se enfrenta la humanidad". Para ello -para hacer frente a ese desafío-, la organización ecologista propone, en primer lugar, la creación de una vicepresidencia que lidere "una transición ecológica justa más coherente, y en la que estén alineadas la economía y la agricultura". Además, la oenegé del arco iris adelanta otras dos propuestas disruptivas. ¿La primera? Reforzar las asambleas ciudadanas del clima ("reforzar la democracia participativa y la cultura de paz", dice literalmente) "para superar la polarización que relega la acción climática". ¿La segunda? Alineada con la anterior: un Pacto de Estado Ecológico "con todas las fuerzas políticas por el medio ambiente y por las próximas generaciones".
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España: "este Gobierno debe estar a la altura del mayor reto que tenemos ahora mismo como humanidad, la emergencia climática, y para ello debe impulsar con mayor ambición, urgencia y amplitud el desarrollo de la transición ecológica justa y que sus beneficios sean accesibles a la mayoría de la población. La ciudadanía tiene derecho a una factura asequible y verde, a un hogar confortable, a desplazarse de manera sostenible, a comer sano y a un ambiente saludable. Es el momento de apostar por un modelo socioeconómico dentro de los límites del planeta y que garantice vidas dignas para todas las personas"
Estas son las propuestas que le plantea Greenpeace "al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", para que impulse "de manera ambiciosa" y "desde el primer minuto de la legislatura" las transformaciones que la oenegé considera imprescindibles.
• Reforzar la Vicepresidencia de Gobierno de Transición Ecológica (hasta ahora ostentada por Teresa Ribera) y extender "y coordinar" la transición ecológica "con áreas como agricultura, economía, comercio, vivienda y transporte". La organización ecologista considera "fundamental" transformar el Instituto de Crédito Oficial y ponerlo "al servicio de la transición ecológica, la descarbonización total de la economía (vivienda, transporte, industria y sector primario) y el pleno empleo".
• Garantizar un escudo social justo y verde y acabar con los subsidios fósiles dañinos. Greenpeace plantea en ese marco la prohibición permanente de los cortes de suministro de la luz para las familias vulnerables, el desarrollo de medidas verdes de emergencia social y climática, un abono único de transporte público para toda la población y todo el territorio, la reforma urgente el mercado eléctrico y acabar con los beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas.
• Actualizar la ambición climática con nuevas metas a 2030. La oenegé del arco iris pide al menos 55% de reducción de emisiones respecto a 1990, "a través de la electrificación y la mejora de la eficiencia para reducir la demanda en el uso final de la energía, y un 100% de electricidad renovable".
• Apostar por una transición energética que integre plenamente a la ciudadanía y a los territorios. Con ese horizonte, Greenpeace pide duplicar la ejecución de la inversión en la rehabilitación energética de viviendas y edificios públicos en 2024 "con una apuesta central por la renovación térmica, el autoconsumo y las iniciativas locales y ciudadanas de renovables de proximidad así como mayor transparencia, participación y garantías ambientales para el necesario despliegue renovable de gran tamaño".
• Aprobar una ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte con objetivos claros de descarbonización, con foco en el transporte público, especialmente el tren, la electrificación, la bicicleta y los sistemas multimodales, y así garantizar una movilidad más eficiente, sostenible y justa en todo el Estado.
• Impulsar una gran transformación y restauración del mundo rural mediante una transición agroecológica justa que alcance el 30% de la superficie para 2030, un plan de eliminación del glifosato y una ley de Agricultura Familiar que apoye a la pequeña propiedad y a las personas que trabajan en el campo como actores centrales del cuidado de la alimentación y los ecosistemas.
• Un Pacto de Estado Antidesertificación que cierre los pozos ilegales, reduzca de manera justa el regadío en regiones en riesgo de colapso (Doñana, el Mar Menor y las Tablas de Daimiel… etc.). Ampliar el área de protección marina hasta el 30%, en coherencia con el liderazgo internacional, e impulsar la restauración de los ecosistemas y protegerlos frente a los incendios con un fondo de 1.000 millones de euros al año.
• Aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2024 con un 30% de inversión verde real, que reduzcan el gasto militar y se aparten de la carrera armamentística. Promover una reforma fiscal verde y justa, que refuerce y extienda de manera permanente los impuestos a grandes fortunas y grupos energéticos, elimine los subsidios fósiles dañinos y acerque a España a la media europea en presión fiscal y ambiental.
• Avanzar en democracia derogando los puntos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza), estableciendo una ley de acceso a la información de calidad y contra el fenómeno de las noticias falsas y reforzando las Asambleas Ciudadanas y otros instrumentos innovadores de democracia participativa así como acabar con el oligopolio energético.
• Liderar una Europa más verde y cohesionada y sin austeridad, con unas reglas fiscales que protejan y refuercen la transición ecológica y acaben con los agujeros fiscales, al tiempo que se promueve una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento alineado con el Acuerdo de París, la Convención de Biodiversidad y el Pilar Social Europeo. Promover el Pacto Verde Justo en la Agenda Estratégica Europea a partir de las elecciones.
• Un compromiso con la transformación del modelo productivo en favor de las personas y el planeta con el establecimiento de un panel de indicadores “más allá del PIB” para guiar la acción de gobierno al más alto nivel y producidos por el INE. Asimismo, reducir la huella ecológica y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en las cadenas de valor globales y las empresas mediante una ley ambiciosa de Diligencia Debida que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente.
• Firmar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y avanzar en una cultura de paz.
