El Ministerio para la Transición Ecológica ha presentado hoy su último Balance del curso, un balance en el que el departamento que dirige Teresa Ribera ha querido destacar particularmente ese extremo: la propuesta que ha hecho en Bruselas de "revisión del mecanismo de formación de precios mayoristas de la electricidad". Sobre el particular nos extenderemos unas líneas más abajo. Pero vamos por partes, porque el Balance que ha presentado hoy el Ministerio va mucho más allá de ese extremo. Para empezar, el Balance de Transición Ecológica destaca las que considera han sido a lo largo de estos meses sus tres líneas de trabajo principales: (1) la transformación y mejora estructural del sistema eléctrico (donde cabría la revisión susodicha); (2) la corrección de los desequilibrios que afectan a los consumidores y usuarios, en especial los más vulnerables; y (3) la activación de lo que denomina "nuevos resortes para avanzar en la estrategia global de transición hacia una sociedad descarbonizada, verde y resiliente frente al cambio climático". Todo ello, en un marco extraordinariamente singular, el de una escalada de los precios de la electricidad sin parangón.
La máxima prioridad en el ámbito energético ha sido, según el Ministerio, "impedir que la escalada de las cotizaciones internacionales del gas y otras materias primas impactase tanto en la recuperación del tejido productivo, tras lo peor de la crisis sanitaria, como en las economías domésticas, especialmente de las familias con menos recursos". Así, el Ministerio ha actuado -explica- en varios frentes con el fin de (1) contener el alza de los precios y (2) cumplir el compromiso de que las facturas finales de la electricidad de los hogares durante este 2021 sean "equivalentes a las de 2018, descontando la inflación" (finalmente la factura media 2021 ha ascendido a 613 euros; mientras que la de 2018 fue de 608, por lo que el compromiso habría quedado cumplido; los datos -613 y 608- son de Eurostat).
Bajada de impuestos
Según el Balance que ha publicado hoy el Ministerio para la Transición Ecológica, el Gobierno ha aplicado "una progresiva reducción fiscal sobre la electricidad que alcanza el 60%", que se prorrogará durante los primeros meses de 2022, hasta que los precios retornen a "valores asumibles". A la par -dice el Balance-, ha rebajado los cargos fijos sobre la factura eléctrica un 96% y ha amortiguado el impacto de la subida del gas en los pequeños consumidores y ha habilitado medidas de flexibilidad para los contratos de abastecimiento de gas de la industria, entre otras medidas de apoyo.
En el caso de los consumidores vulnerables, el Balance señala que "se ha mantenido el grueso de los elementos del escudo social frente a la crisis sanitaria, como la prohibición de cortar los suministros básicos por impago, que durará hasta el 28 de febrero de 2022, junto con la condición de beneficiarios del bono social a colectivos afectados por la pandemia, como trabajadores en paro".
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno: “hemos cumplido con la palabra dada y hemos actuado en todos los ámbitos que nos permite el marco normativo español y comunitario. Hemos puesto este tema en la agenda del Consejo Europeo, y vamos a seguir reclamando a la Unión Europea políticas activas para proteger a los consumidores, siempre con un enfoque de justicia y equidad social”
Bono
Respecto a la equidad social, el Ministerio recuerda que, en los últimos meses, ha ampliado los descuentos del bono social eléctrico con carácter general desde el 25% hasta el 60% y del 40% al 70% para los consumidores vulnerables severos hasta el 30 de abril.
Además, ha aprobado, "con carácter estructural y permanente", el suministro mínimo vital, que otorga seis meses adicionales a los cuatro meses en los que no se puede cortar la electricidad desde la notificación del primer impago, y ha duplicado la partida presupuestaria de este 2021 para el bono social térmico, "de modo que cada beneficiario reciba una media de 90 euros".
En el plano europeo, el Gobierno ha planteado la adopción de medidas extraordinarias para afrontar la extraordinaria coyuntura de las cotizaciones, como (1) la revisión del mecanismo de formación de precios mayoristas de la electricidad (véase declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a partir del 0'52'') y como (2) la revisión de la operativa del mercado de CO2, o la compra centralizada de gas, consiguiendo el apoyo de varios socios (entre ellos, Francia e Italia), que representan -recuerda Transición Ecológica en su Balance- el 45% de la población de la Unión Europea.
La velocidad de la transición
Junto a estas actuaciones, el Ministerio que dirige Ribera asegura está apostando por (1) acelerar la transición energética y (2) hacer de España "una referencia mundial en el despliegue de energías limpias y la descarbonización, como la mejor forma de reducir el impacto de la volatilidad internacional de las materias primas y conseguir una recuperación económica justa y sostenible a largo plazo".
En este sentido, Transición Ecológica destaca los siguientes hitos
(1) la celebración de una subasta de renovables "que arrojó precios de unos treinta euros el megavatio hora [30 €/MWh], del orden de diez veces más bajos de los que ha registrado el mercado mayorista de la electricidad estos días;
(2) la aprobación de la Hoja de Ruta del Autoconsumo, con actuaciones de impulso ya en marcha, como una partida de ayudas por valor de 1.320 millones con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia;
(3) el fomento de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, introduciendo la obligación de instalarlos en los edificios no residenciales, los aparcamientos públicos y las principales gasolineras del país;
(4) la reciente aprobación en Consejo de Ministros de la Hoja de Ruta para el Desarrollo de la Eólica Marina y de las energías del mar en España, que fija un objetivo de tres gigavatios (3.000 megavatios) de eólica flotante en 2030, el 40% del total de la meta europea (que es siete gigavatios, 7 GW). En este epígrafe de su Balance semestral, el Ministerio recuerda que ya ha dispuesto una primera dotación de 200 millones de euros para reforzar las plataformas de ensayo (para dispositivos de aprovechamiento de las energías marinas) "y ofrecer los mejores bancos de pruebas de nuevas tecnologías". En ese sentido el Ministerio está convencido de que "el despliegue de la eólica marina y otras, como la extraída de las olas y/o las mareas, contribuirá a potenciar el liderazgo industrial español en las energías renovables, y la creación de empleo estable y cualificado";
(5) el lanzamiento de un pionero Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) cuyo objetivo último es "desarrollar conocimiento, capacidades industriales y nuevos modelos de negocio para reforzar el liderazgo español en el proceso de transición energética". Este proyecto estratégico (ERHA) ha sido dotado por el Ministerio con un presupuesto de 6.900 millones, movilizará una inversión total superior a los 16.300 millones y permitirá generar más de 280.000 puestos de trabajo sostenibles y de calidad (sobre el particular, léase Sánchez apuesta por la "nacionalización" de la transición energética);
(6) por fin, el Ministerio detalla en su Balance que ha avanzado en los trabajos de recuperación ambiental de zonas mineras degradadas en Asturias y Castilla y Léon –donde recalarán 150 millones del PRTR–, ha lanzado el primer concurso de acceso a la red de transición justa, en el nudo Mudéjar, de Teruel, y acaba de aprobar más de 90 millones en ayudas para infraestructuras municipales en el marco de los convenios de transición justa.
Economía circular
Otra de las dimensiones en las que opera el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es la relativa a la economía circular. Y ahí, el departamento que dirige Ribera asegura ha progresado en la ejecución de los compromisos adquiridos en la Estrategia Española de Economía Circular (2020) y en el I Plan de Acción de Economía Circular (PAEC) -dotado de 1.529 millones-, aprobado en mayo pasado y en el que "se sientan las bases -dice- para un nuevo modelo de producción y consumo, reduciendo al mínimo la generación de residuos y aprovechando los que no se pueden evitar".
Así, y según el Balance hoy presentado, la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular ultima su tramitación parlamentaria en el Senado. Este texto, sobre el que pivota todo el paquete de economía circular, fija por primera vez limitaciones a los plásticos de un solo uso, como los vasos para bebidas y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50% en 2026 con respecto a 2022 y un 70% para 2030. Prohibirá la introducción en el mercado de ciertos productos como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos y cualquier producto hecho con plástico oxodegradable y fija un impuesto sobre los envases no reutilizables, y tasas sobre el depósito en vertederos e incineración para incentivar la prevención, la reutilización y el reciclado.
El reto demográfico
El Gobierno -detalla el Ministerio en su Balance- ha impulsado un Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico. Este Plan, resultado de la acción entre los distintos ministerios en la lucha contra la despoblación, presenta "un alto grado de avance desde su aprobación en marzo de 2021: ya se han iniciado el 77% de las medidas -asegura el Ministerio- y se han movilizado más de 3.000 millones de euros, un tercio del presupuesto previsto para 2021-2023". En ese sentido, Transición Ecológica destaca las líneas de acción en materia de eficiencia energética, movilidad sostenible, saneamiento o digitalización.
Entre las actuaciones específicas en municipios de menos de 5.000 habitantes, el departamento de Ribera ha lanzado ayudas para proyectos de eficiencia energética y desarrolla una Red de Centros orientados al Networking Empresarial, la Cooperación y el Teletrabajo (Conect), que comenzará a desplegarse en las provincias con mayor vulnerabilidad territorial (Soria, Cuenca y Teruel).
Transición Ecológica, junto al Ministerio de Universidades y la CRUE, avanza además en el desarrollo del Programa Campus Rural, que permitirá a 200 estudiantes universitarios realizar prácticas formativas en municipios españoles de menos de 5.000 habitantes durante el curso académico 2021/2022. Por primera vez, las universidades públicas españolas podrán implementar este modelo de inmersión rural que pretende reconectar a los jóvenes con el territorio y favorecer el papel de la universidad en la reactivación de las zonas en riesgo de despoblación.
Asamblea Ciudadana por el Clima
El Balance que ha publicado hoy el Ministerio destaca también la celebración, hace solo unos días, de la primera sesión de la Asamblea Ciudadana por el Clima, "un foro pionero en España, que nace con la vocación de buscar para alcanzar soluciones que contribuyan a combatir la emergencia climática". Según Transición Ecológica, la Asamblea Ciudadana para el Clima es una de las líneas de acción prioritarias de la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, y abre un nuevo canal de participación pública a través del intercambio de conocimiento y el debate para avanzar en la respuesta al cambio climático en nuestro país.
También a lo largo de este semestre, el Ministerio ha lanzado las directrices de creación de Zonas de Bajas Emisiones, un documento que servirá de guía para que las entidades locales puedan diseñar e implantar áreas de movilidad restringida de vehículos. Según Transición Ecológica, "la correcta implantación de estos espacios permitirá mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos, contribuirá a la mitigación del cambio climático y permitirá recuperar el espacio público para el peatón, al tiempo que se impulsa la eficiencia energética en los medios de transporte".
Más allá de la energía, las emisiones y el clima
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene además (aparte de las relativas a la energía, las emisiones y el clima) competencias mucho más estrechamente relacionadas con la biodiversidad o la planificación hidrológica. A partir de aquí, y aunque no son objeto específico de nuestro medio, sintetizamos lo que sobre el particular señala el Balance presentado hoy.
En cuanto a conservación de la biodiversidad, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada este mes, completó con una transferencia de 226,75 millones de euros a las comunidades autónomas, el total de 462 millones comprometidos en julio pasado ante este órgano de coordinación entre administraciones para inversiones de protección y conservación de la biodiversidad marina y terrestre, la restauración de ecosistemas e infraestructuras verdes, y el desarrollo de una gestión forestal sostenible.
Y un apunte sobre especies emblemáticas de nuestra fauna. Si la recuperación del lince ibérico fue la gran noticia del primer semestre, ahora también la cerceta pardilla empieza a salir de la zona crítica en la que se encontraba hace sólo dos años. Según los últimos datos del proyecto LIFE para su conservación, la población se ha multiplicado por cinco y ha pasado de apenas 89 ejemplares a comienzos de 2019 a 458 a comienzos de este año.
Nueva planificación
La planificación hidrológica constituye uno de los capítulos centrales de la acción del Ministerio. Después de casi seis meses sometidos a consulta pública, los proyectos de planes hidrológicos de cuenca de tercer ciclo (2022-2027) entran en la fase de incorporar aquellas alegaciones que mejoren su contenido, de cara a su aprobación antes del próximo verano. Con un nuevo enfoque de adaptación a la realidad del cambio climático y de sostenibilidad en el uso de las masas de agua dulce, la nueva planificación permitirá abordar la gestión del agua en España durante los próximos seis años, en sintonía con los principios y estrategias del Pacto Verde Europeo.
Los planes de cuenca no sólo establecen el volumen de agua del que disponemos en cada demarcación, sino cómo priorizar sus usos y cómo gestionar riesgos crecientes de grandes avenidas y las fases de sequía. Además, definirá unos caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas, reducirá las presiones que soportan las masas de agua, mejorará los sistemas de depuración, la gran asignatura pendiente en nuestro país, y fomentará el ahorro y la reutilización de este recurso esencial.
Precisamente para mejorar la coherencia normativa en todo el territorio y facilitar la posterior puesta en práctica de los nuevos planes hidrológicos de cuenca y los planes especiales de sequía, el Ministerio acaba de actualizar el Reglamento de la Planificación Hidrológica. Sustituye así al vigente desde 2007, con el objetivo de ajustarse a las líneas del Pacto Verde Europeo y, en general, a las políticas nacionales e internacionales adoptadas en materia de agua en los últimos años.
El Mar Menor
Frente a la grave crisis que atraviesa la laguna del Mar Menor, cuya última manifestación fue el episodio de mortandad de fauna en agosto como consecuencia de un nuevo pico de contaminación por exceso de nutrientes vertidos a la laguna, el Ministerio ha elaborado un completo Marco de Actuaciones Prioritarias específico, con el objetivo de abordar e intervenir en la principal causa del problema que ha motivado el estado de eutrofización del Mar Menor. El Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor fue presentado en Murcia por la vicepresidenta en noviembre pasado y cuenta con un presupuesto de 382 millones de euros a ejecutar entre 2022 y 2026. "Se trata -destaca el Balance- de la mayor inversión en restauración ambiental prevista en un entorno natural específico en todo el territorio nacional".
Además, a finales de noviembre el Consejo de Ministros declaró de interés general del Estado las obras de protección y recuperación ambiental del Mar Menor recogidas en el Marco. Esta consideración permite iniciar de inmediato las actuaciones más urgentes dentro del planteamiento general. La mayoría de estas medidas se orientan a mejorar la respuesta frente al riesgo de inundaciones, eliminar las afecciones directas y buscar un efecto tampón o amortiguador de impactos, así como una naturalización del entorno inmediato de la laguna.
Teresa Ribera: “el Mar Menor no puede seguir recibiendo agresiones y la declaración de interés general posibilita una acción sin demoras, coordinada y según los principios que debe seguir toda la restauración lagunar y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza”
En paralelo, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha intensificado los esfuerzos para actuar contra las 8.500 hectáreas de regadíos ilegales identificadas en la cuenca vertiente del Mar Menor. A fin de restablecer la legalidad, se han incoado y tramitado expedientes sancionadores en distintas fases a más de 7.300 hectáreas, por no disponer de derechos de agua. Además, se han remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia 248 expedientes que afectan a 3.722 hectáreas y se han enviado 101 apercibimientos de ejecución subsidiaria para precintado y desconexión, por un total de 1.244,38 hectáreas.
Se ha avanzado además en la normativa que permitirá un mayor control en las principales presiones que influyen en el estado de la laguna del Mar Menor y se trabaja intensamente también en la protección del borde litoral.
