Esa es la letra, la letra del discurso que desgranó ayer la ministra (casi 55 minutos duró su presentación, que fue seguida con mucha atención por todos los portavoces de los grupos parlamentarios). El mensaje de Ribera fue, grosso modo, tal y como sigue: los combustibles fósiles son muy caros y contaminan; el diseño actual de los mercados es obsoleto (llegó a calificarlo de "absurdo"); el resultado de esos factores (y de otros, como el incremento del precio del CO2) es la subida del precio de la luz, que ha alcanzado en este mes de septiembre valores que giran en torno a los 71,35 euros; y, por fin, la solución es "una reforma urgente del sistema eléctrico evaluando los impactos y que no deje a nadie en el camino", una reforma que ha de conducirnos a un nuevo paradigma energético en el que las tecnologías no gestionables serán “el elemento central del sistema” y en el que el almacenamiento será el “eje estratégico”.
Más concretamente, la ministra presentó ayer una "propuesta de reacción inmediata" -a la que denominó plan de choque-, que se ha comprometido a enviar "próximamente" al Consejo de Ministros y anunció, como gran medida estrella, la suspensión ("su reducción a tipo prácticamente cero") del impuesto a la generación de electricidad (el impuesto del 7%). La suspensión -Ribera insistió en ese término: suspensión- derivará en un ahorro de unos mil millones de euros para los consumidores (euros que dejará de ingresar Hacienda). Según Ribera, la suspensión de ese impuesto, que instituyó por cierto el Gobierno Rajoy, supondrá un abaratamiento inmediato de la factura de la luz de entre el 2 y el 4%.
La ministra insistió ayer en varias ocasiones en que generar electricidad a partir de combustibles fósiles es caro y está sujeto a una gran volatilidad. Frente a esa opción, "a mi juicio -explicó Ribera en primera persona- necesitamos un sistema capaz de aprovechar el potencial digital, el potencial renovable, maximizando la eficiencia e integrando a los múltiples y variados actores que ya son una realidad". En ese sentido, la ministra destacó ayer dos apuntes: (1) un modelo "eficiente y renovable" no solo es posible, sino que, además, "facilita la estabilidad en precios"; y (2) la generación distribuida y el autoconsumo "son la punta de lanza de un cambio en ciernes en el que hay ya madurez suficiente".
Hay madurez tecnológica, pero hace falta restablecer la confianza para que vuelvan los inversores, o sea, el dinero. Y aquí empiezan los números
"Queremos impulsar un cambio [horizonte 2030, dijo la ministra] que conlleva una movilización superior a los 100.000 millones de euros pero con el que podríamos ahorrarnos 400.000 y generar beneficios adicionales asociados a innovación o industria". Ribera considera que "hay que repensar el sistema" y ayer hizo una propuesta muy concreta: anunció en sede parlamentaria un "nuevo paradigma energético en el que las tecnologías no gestionables serán el elemento central del sistema". Más aún, matizó: "no podemos llamarlas no gestionables, simplemente tenemos que aprender a gestionarlas. Y el almacenamiento es el eje estratégico para la gestión óptima y ofrece la seguridad que necesita el sistema eléctrico".
Confianza
"Todo esto es potencial que requiere confianza por parte de los inversores", ha dicho la ministra. Y la confianza ha quedado rota desde que, en 2010, el Gobierno comenzara a aprobar medidas controvertidas (retroactivas) que han causado un grave perjuicio al sector. Ahora mismo -ha dicho Ribera-, hay 42 arbitrajes presentados ante los tres foros internacionales de arbitraje, la Cámara de Comercio de Estocolmo, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial. Las cuantías reclamadas internacionalmente por los demandantes se estiman en unos 10.000 millones de euros.
"A las demandas internacionales -ha añadido Ribera-, hay que sumar los 5.000 millones de euros reclamados por inversores españoles ante los tribunales nacionales en relación a los cuales ya existen sentencias firmes por un valor cercano a 1.000 millones de euros a pagar por el estado por cuestiones tan variadas como la estimación arbitraria del coste del pago de la deuda o ajustes no justificados de elementos relevantes de las tarifas"
La factura
“La composición de la factura del pequeño consumidor es clarificadora –ha asegurado la ministra: el 50% de lo que paga se destina a financiar estructuras de transporte, distribución, peajes y otros cargos. El 22, al sistema de tributos, y solo el 28% a la energía realmente consumida. En el caso del gran consumidor, la financiación de la estructuras de transporte, distribución y peajes representa el 28, el sistema de tributos, el 21, y la energía realmente consumida, el 51”.
El precio
El máximo histórico del precio de la luz se alcanzó en enero de 2002 -ha concretado la ministra-, con 103 euros por megavatio hora; el máximo mensual fue registrado en enero de 2006, con 76,5 euros. "En septiembre de 2008, en lo que llevamos de mes -ha dicho Ribera-, la media gira en torno a 71,35 euros, una tendencia que creemos es imposible resolver sin una intervención adecuada de los reguladores con medidas que van más allá de lo coyuntural". Solo será posible un precio "estable, predecible y razonable" -había dicho la ministro por la mañana en el el Pleno del Congreso- si maximizamos el potencial renovable y la eficiencia energética y caminemos hacia la electrificación de la economía.
Las reglas, obsoletas, de un mercado en el que ahora compiten tecnologías que no existían cuando el regulador ideó las normas
La ministra considera que el actual mercado eléctrico, mayorista, está regulado "por una normativa concebida para un sistema eléctrico claramente diferente al actual" (ahora son muchos los megavatios de potencia que generan con coste casi cero –el viento, el sol-, cuando en los ochenta y los noventa las tecnologías renovables eran solo un sueño; además, ahora ya están amortizadas muchas inversiones –hidráulica, nuclear- cuya retribución podría ser revisada a la baja dentro de lo razonable). La ministra ha criticado así “un mercado que es marginalista, pero que da lugar a situaciones un tanto absurdas, como por ejemplo que tecnologías con costes marginales muy bajos determinen el precio máximo del mercado en el 50% de las horas en julio: en julio la hidráulica representaba el 23% de la casación; la eólica, el 18%; la solar el 4,5 y la hidráulica de bombeo un 5%”.
La ministra propone un modelo de remuneración para las tecnologías renovables que sea “eficiente, atractivo e integrado en un nuevo diseño de mercado”. Sobre el mercado mayorista dice lo siguiente: ”tenemos marco retributivo claramente deficiente con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías: suben los precios sin estar acompasados con un aumento de los costes en la mayoría de las tecnologías mermando el poder adquisitivo de las familias y poniendo en riesgo la competitividad de las empresas”
Materias primas y ceodós
"Los precios de las materias primas y el CO2 son costes rápidamente internalizados y que marcan las decisiones de los inversores y operadores", dijo ayer la ministra, para, a continuación, concretar números: en 2016 un tonelada de carbón costaba (media anual) 53 euros; en lo que llevamos de 2018 estamos en 76; actualmente el precio es de 100 euros la tonelada. "En el caso del barril Brent, que en gran medida es la referencia fundamental para entender la evolución del precio del gas natural, hemos pasado de 44 dólares el barril en 2016 a 72 en 2018; ahora está en 78. En menos de de dos años, el precio de la tonelada de CO2 ha pasado de 5 a 25 euros, nivel alcanzado hace pocos días. Hoy está en torno a 20.
"No tiene sentido -ha dicho Ribera- mantener en el modelo de generación de electricidad a una tecnología como el carbón, que es responsable del 17% de la electricidad que se genera, pero del 58% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético"
“Entender que la señal de coste sobre el CO2 marca la evolución de los inversores y de la política energética en Europa es importante”
Pobreza energética
“Se calcula que en el año 2016 cuatro coma seis millones de ciudadanos eran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada”. El precio de la electricidad para el consumidor medio se incrementó un 4,6 en el año 2017 y la factura del gas, un 6,2. “Estos precios –ha dicho Ribera- contrastan con las muy inferiores subidas que se producen en salarios y prestaciones sociales”.
¿Qué propone el Ministerio para la Transición Ecológica en materia de pobreza energética?
“Dar continuidad al actual bono social. Eso sí, pensamos que hay que introducir con carácter inmediato una serie de mejoras que incrementen la protección y faciliten -sobre todo esto: faciliten- el acceso al mismo por parte de la población con derecho a ello”.
La ministra ha señalado, entre las medidas concretas, las siguientes: incrementar los límites con derecho a descuento, darle un tratamiento especial a las familias monoparentales, desarrollar medidas de protección a la infancia, y colaborar con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con la Federación Española de Municipios y Provincias para facilitar el acceso a estos servicios a través de sus servicios sociales. Además, el Gobierno quiere complementar el bono eléctrico con un nuevo bono social para calefacción –“bono térmico”, ha dicho Ribera- que permita sufragar los gastos de los hogares durante el próximo invierno”. Por fin, es fundamental –ha dicho la ministra- elaborar estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética: “tenemos la intención de presentarla antes de seis meses y que debe dar un marco de actuación para los próximos años”.
En la actualidad hay en España más de 26 millones de consumidores domésticos con una potencia contratada inferior a diez kilovatios, más de 11 millones de clientes acogidos al precio voluntario de pequeño consumidor, y más de 15 millones de clientes acogidos al mercado libre. [En la imagen, la ministra, al final de la sesión de ayer].
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