La Fundación Renovables (FR) considera que las medidas que expuso para afrontar el problema del alto precio de la luz no se pueden quedar ahí, ya que “se trata de un problema que hay que abordar con una visión estructural y no coyuntural”. En esta línea, y con respecto a la pobreza energética, “la mejora del bono social que anunció es una buena noticia pero insistimos en que desde la Fundación Renovables apostamos por la creación de una tarifa social para consumidores vulnerables”, que incluya, entre otras variables, una renta mínima vital, IVA cero o la reducción del peso del término de potencia...
FR reconoce la importancia de los anuncios que Ribera ha hecho durante los más de cien días que lleva en el cargo, como la inmediata derogación del “impuesto al sol”, el cierre de centrales térmicas de carbón para 2025 o de las nucleares en 2028 –cuando la última cumple 40 años–, o el fin del diésel, además de la intención de acometer los cambios estructurales que sean necesarios para lograr una evolución racional de los precios de la electricidad. “Sin duda, ha llegado el momento de la acción. Es vital para la sociedad que avancemos de manera urgente en el cambio hacia un nuevo modelo energético. En esta línea, instamos a Teresa Ribera a que concrete sobre el calendario todas estas medidas. También a que revise toda la normativa que menoscaba al sector impidiendo su crecimiento o la confianza de los inversores, que devuelva la estabilidad regulatoria y acelere la reforma del sector eléctrico”.
Para la FR la situación energética de nuestro país “es insostenible”: la dependencia exterior de la demanda final energética es de un 83%, entre 1990 y 2015 las toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono (MtCO2) han aumentado un 20% y la instalación de potencia renovable ha estado interrumpida entre 2013 y 2018. Por eso, considera que sería imprescindible que España se sume a la senda de los Estados Miembro que están liderando la Transición Energética en la Unión Europea y acometa con urgencia las siguientes medidas:
• Cierre inmediato y sin coste de al menos cuatro centrales de carbón (Lada, Velilla, Andorra y Compostilla) y programación del resto para antes de 2025.
• Programación de cierre de todas las centrales nucleares, una vez haya finalizada la licencia administrativa en vigor para cada una de ellas (en 2024 cerraría la última de las centrales).
• Control del desarrollo de las subastas de potencia renovable realizadas en enero 2016 y mayo/julio 2017 de cara a forzar al cumplimiento de plazos.
• Modificación del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, para que sirva de instrumento para actuar en el ineficiente parque de viviendas.
• Reforma del sistema actual de precios de la energía que establezca como elemento fundamental una señal transparente, justa, solidaria y sostenible. Eliminación de los costes extra peninsulares, subvenciones ocultas y pagos por capacidad.
• Aprobación de una Orden Ministerial que asegure el derecho de los usuarios de electricidad a tener un acceso en tiempo real a sus datos de consumo que registran los nuevos contadores.
• Reversión de todas las concesiones hidroeléctricas caducadas, cumplimiento de los plazos por parte de las Confederaciones y adopción de medidas políticas de calado, distributivas y justas, en territorios afectados por el cierre del carbón.
A largo plazo, la FR considera que un apropiado proceso para culminar una transición energética sostenible y justa debería considerar, además, las siguientes propuestas:
• Reforma del sector eléctrico que modifique la retribución de la distribución y el transporte por la energía verdaderamente distribuida y transportada en lugar de por las inversiones y una tarifa eléctrica en función de la energía que se consuma y en la que los costes fijos se transformen en variables.
• Modificación de la fiscalidad en base al principio del que contamina paga, de manera que se convierta en un instrumento de cambio de hábitos de consumo.
• Adaptación de la Ley de Bases de Régimen Local, para lograr en las ciudades un cambio hacia la electrificación de la demanda
• Desarrollo de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana de 2013
• Anuncio de una Ley de derechos del consumidor energético.
Además, la FR considera imprescindible la electrificación de la demanda y la generación de electricidad con fuentes de energía renovable tal y como explica en su reciente documento ‘Hacia una Transición Energética Sostenible’ que recoge una batería de medidas de urgente aplicación de cara a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuya aprobación no debe dilatarse por más tiempo. “Entre los objetivos que recogemos en dicho informe está el de alcanzar para 2030 una electrificación de la energía final del 50% (actualmente es del 25%) y una cobertura de la generación de electricidad con renovables del 80% (hoy en día es del 40%).
La FR “confía en que las esperanzas renovadas que experimentamos cuando se produjo el cambio de Gobierno el pasado mes de junio y ayer durante la comparecencia de Teresa Ribera se conviertan pronto en objetivos cumplidos y que España acelere de una vez por todas su proceso de transición energética hacia un modelo más sostenible y justo”.
