La vicepresidenta ha apoyado la formación en el Congreso de una Comisión específica para estudiar las causas de la escalada de precios de la electricidad y ha insistido en la vocación del Gobierno en diseñar un sistema eléctrico basado en las renovables a partir de una transición energética justa: “trabajar en medidas estructurales, junto con medidas coyunturales y con seguimiento particular del impacto social que pueden tener los momentos más convulsos de esta transición, es clave. Por eso debemos seguir ahondando, sin perder de vista el impacto redistributivo que los costes tienen para convertir esta transformación llena de grandes beneficios a medio plazo en algo llevadero para el conjunto de los ciudadanos, algo socialmente justo, no solamente pensando en las señales a los inversores, pensando sobre todo en los ciudadanos”.
En este sentido ha anunciado la ampliación de la protección social mediante la aprobación del suministro mínimo vital. Incluida en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, su entrada en vigor aportará una protección adicional a los consumidores vulnerables, al impedir que se les corte el suministro eléctrico de un modo temporal -cuatro meses adicionales a los cuatro meses ya contemplados en la normativa vigente en caso de impago- y de acuerdo con los servicios sociales.
Prolongación de la suspensión del impuesto al 7%
Ribera también ha anunciado que el Ejecutivo prolongará hasta final de año la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que grava con un 7% los ingresos de las empresas generadoras y que éstas -ha dicho- repercuten en el precio del mercado mayorista, para mantener su efecto positivo sobre las facturas de los consumidores. La suspensión de este impuesto fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio únicamente durante el tercer trimestre del año.
Ribera ha recordado que, gracias a esa reducción impositiva y a la rebaja del IVA desde el 21% hasta el 10%, los consumidores que tienen contratado el suministro eléctrico en el mercado libre “están pagando menos de lo que pagaban antes del crecimiento de precio del mercado mayorista”. La aplicación de ambas rebajas fiscales tiene un impacto del 12% en los hogares.
Menor volatilidad del mercado
La vicepresidenta también ha subrayado el firme compromiso del Gobierno para conseguir que la factura de la luz quede lo más alejada posible de la volatilidad y del incremento de los precios del mercado mayorista. Para ello, ha dicho, trabaja en varias medidas de carácter estructural, medidas que en ningún caso -ha dicho- serán contrarias a la normativa europea. “Vamos a entablar la batalla con nuestros colegas europeos, pero este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario, porque es lo peor que se puede hacer: no hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido económico de este país que adoptar medias frontalmente contrarias al marco comunitario; acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país, acaba convirtiéndose en multas”.
Integrar indicadores estables en el PVPC
Así, la vicepresidenta ha anunciado que una de las líneas de trabajo para limitar la variabilidad de la tarifa regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), medida reclamada por las asociaciones de consumidores, pasa por “integrar en parte una cesta de indicadores más estables que permitan mantenernos en horquillas de precios”. Acto seguido ha advertido que “esta mayor seguridad supone que se interiorice parte de la prima de riesgo de reducción de la volatilidad y por tanto hay que ser cautos con respecto a cuáles son los indicadores a los que se indexa y en qué momento se produce esta indexación”.
Otra de las líneas consiste en reducir el volumen de la energía que participa en el mercado mayorista, de modo que éste “se convierta en un mercado de ajustes pero contemos con otros sistemas de determinación del precio que cumplan las reglas del derecho europeo, pero que beneficien directamente a los consumidores”.
Achicar el mercado mayorista
Ribera ha especificado que entre estos sistemas para “achicar” el mercado mayorista se hallan la contratación bilateral, en la que España es el principal mercado europeo; el autoconsumo; las comunidades energéticas locales; el fomento de la eficiencia energética; las subastas de renovables -cuyo sistema reduce la factura de los consumidores- o la regulación de los mercados de capacidad y almacenamiento “para evitar que, como ocurre ahora, las centrales de ciclo combinado de gas, vendan a precios de escasez”.
La vicepresidenta así mismo ha recordado que confía en que el Congreso apruebe cuanto antes los dos proyectos de Ley que le ha remitido el Gobierno, el que actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico y el que crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, porque reducirán progresivamente el recibo final de los consumidores, hasta un 15% en el caso de los hogares cuando se apliquen en su totalidad.
Ordenar el uso del agua embalsada
Con relación a la producción hidroeléctrica y el aprovechamiento de los embalses, la vista de la alarma social generada durante este mes de agosto por la “escandalosa reducción de los volúmenes de agua embalsada”, y por el hecho de que la hidroeléctrica ha marcado el precio del mercado eléctrico más de la mitad de las horas este verano, Ribera ha señalado que el Gobierno tomará “las decisiones pertinentes”, afirmando que ya está trabajando en la aplicación del artículo 55 de la Ley de aguas.
El objetivo de esta actuación regulatoria es ordenar el uso del agua embalsada “no solamente como un recurso de contenido económico que pueda ser turbinado, sino como un recurso ambiental de primer orden y con una incidencia social de primer orden”.
La vicepresidenta tercera del Gobierno se ha opuesto sin embargo a una intervención pública para fijar precios máximos o mínimos en el mercado mayorista, tal y como le demanda su socio de coalición, Unidas Podemos.
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*Artículo 55 de la Ley de Aguas. Facultades del organismo de cuenca en relación con el aprovechamiento y control de los caudales concedidos.
1. El organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos.
2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía.
3. Cuando existan caudales reservados o comprendidos en algún plan del Estado que no sean objeto de aprovechamiento inmediato, podrán otorgarse concesio nes a precario que no consolidarán derecho alguno ni darán lugar a indemnización si el organismo de cuenca reduce los caudales o revoca las autorizaciones.
4. La Administración hidráulica determinará, con carácter general, los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y de los vertidos al dominio público hidráulico que deban establecerse para garantizar el respeto a los derechos existentes, medir el volumen de agua realmente consumido o utilizado, permitir la correcta planificación y administración de los recursos y asegurar la calidad de las aguas. A tal efecto, los titulares de las concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier título tengan derecho a su uso privativo, estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados.
Asimismo, establecerá la forma de cómputo de los caudales efectivamente aprovechados cuando se trate de caudales sobrantes de otros aprovechamientos.
Las comunidades de usuarios podrán exigir también el establecimiento de análogos sistemas de medición a los comuneros o grupos de comuneros que se integran en ellas.
La obligación de instalar y mantener sistemas de medición es exigible también a quienes realicen cualquier tipo de vertidos en el dominio público hidráulico. Los sistemas de medición serán instalados en el punto que determine el organismo de cuenca, previa audiencia a los usuarios. Las comunidades de usuarios podrán solicitar la instalación de un único sistema de medición de caudales para los aprovechamientos conjuntos de usuarios interrelacionados. En el ámbito de las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, las medidas previstas en el presente apartado se adoptarán por el Ministerio de Medio Ambiente.
5. Las empresas suministradoras de servicios energéticos a que hacen referencia la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos y la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, facilitarán la información que les sea solicitada por el Organismo de cuenca en el ejercicio de sus competencias, en relación con las potencias instaladas y los consumos de energía para extracción de aguas subterráneas.
