El Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de agosto el proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, medida con la que pretende rebajar la factura de la luz de los consumidores (el Ejecutivo quiere cubrir ciertos costes del sistema eléctrico con los ingresos extraordinarios que obtienen "las centrales de generación que no emiten CO2 y son anteriores al nacimiento del mercado europeo de carbono"). En concreto, la norma que plantea el Ejecutivo quiere recortar los ingresos que reciben las centrales nucleares, el 80% de la potencia hidroeléctrica instalada y los parques eólicos anteriores a la publicación de la Directiva 2003/87/CE, que creó el mercado europeo de CO2. Los elevados precios de este mercado (Emissions Trading System) se repercuten en el mercado mayorista de la electricidad y en la actualidad proporcionan a estas plantas unos beneficios extraordinarios (el dividendo de carbono, también denominado a veces "beneficios caídos del cielo"), que el Gobierno considera no adecuados.
Al objeto de determinar la cuantía del dividendo de carbono a detraer, el borrador normativo recoge una fórmula matemática que tiene en cuenta elementos como la producción eléctrica de las referidas instalaciones y el precio del CO2 en el ETS, a partir de su valor medio desde que el mercado se reformó en 2017 hasta la actualidad. De acuerdo con dicha fórmula, la minoración de ingresos puede oscilar entre los 199 millones de euros anuales con la tonelada de CO2 a 30 euros y los 1.691 millones con la tonelada a 100 euros. Con los actuales precios del ETS, el importe de la minoración sería de unos 625 millones, alrededor del 16% de la facturación media de las instalaciones.
Pues bien, sobre ello ha hablado hoy la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante una rueda de prensa, en Menorca, adonde ha acudido a anunciar la asignación de 755.383 euros destinados a, entre otros fines, "conservación de la biodiversidad y actuaciones de mejora en la gobernanza de la Reserva de la Biosfera de Menorca". Durante la rueda de prensa, y en respuesta a preguntas de los medios sobre el proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico, la ministra -informa Europa Press- ha señalado que, aunque la posición que defiende su socio de Gobierno (Unidas Podemos) es que, "cuanto antes esté en vigor el proyecto mejor", el Ministerio que ella dirige considera que, "dada la envergadura de las modificaciones" que se introducen "es correcto que todos los grupos parlamentarios se pronuncien al respecto" y se haga una tramitación "normal" en el Congreso. En todo caso, la ministra ha dicho hoy en Menorca que confía en que el Congreso aplique la tramitación urgente a este anteproyecto para que "pueda darle luz verde cuanto antes".
El proyecto de Ley propone que el 10% de la cantidad resultante se destine a combatir la pobreza energética; concretamente, ayudará a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social. Según lo que ha dicho hoy la ministra -informa Europa Press-, parte de lo recaudado servirá para financiar el 50% de la factura de más de 350.000 hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que son los consumidores vulnerables severos cuyo suministro es financiado, al menos en un 50%, por las administraciones públicas (el 50 % restante forma parte del bono social, que financian las empresas comercializadoras).
El otro 90% de lo recaudado cubrirá costes del sistema eléctrico, priorizando la financiación de los mecanismos de capacidad en vigor, y destinando el excedente a financiar los cargos del sistema eléctrico; en consecuencia -estimaba el Ministerio el pasado 3 de agosto-, bajará la factura final de todos los consumidores, "en un rango que abarca desde el 2,5% en el caso de un hogar hasta el 0,85% para una gran industria, según la actual coyuntura".
El proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico coincide en el Congreso con el proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, otra propuesta normativa para retirar de los cargos del sistema eléctrico la retribución regulada de las renovables históricas, la cogeneración y los residuos –más de 6.000 millones en 2020– de un modo progresivo durante un quinquenio.
El Gobierno asegura que la combinación de ambas normas, que forman parte de la "reforma energética estructural" que está acometiendo, "abaratará permanentemente la factura eléctrica de los consumidores". Según lo que ha dicho hoy la ministra -informa Europa Press-, el mecanismo permitirá reducir los precios finales de la factura eléctrica alrededor de un 4,8% para los consumidores domésticos y de un 1,5% para la gran industria.
Por otro lado, la ministra ha comentado que el precio de la luz ha caído "de forma significativa" este lunes porque ha habido viento y por la estimación de una demanda menor al dar tregua la ola de calor. Con todo, ha matizado que el hecho de que esté "muy por encima del año pasado" se debe también a que hubo "precios bajos" entonces por la caída de la demanda. Ribera ha insistido en que el Gobierno se ha centrado en rebajar la factura de la luz a través de la parte asociada a cargos y peajes y a la de fiscalidad.
Sobre el Fondo
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de junio el proyecto de ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. El Fondo persigue cuatro objetivos: (1) dar las señales adecuadas para la electrificación de la economía; (2) asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico; (3) aportar certidumbre a las inversiones para la transición energética; y (4) conseguir reducir la factura para hogares y empresas. La ley fue entonces calificada por el Ministerio de "reforma estructural". Lo que grosso modo plantea esa medida es sacar las ayudas a las energías renovables de la factura de la luz (las coloquialmente conocidas como primas son ahora costeadas, vía factura, por todos los consumidores) y que sean otros "sujetos obligados" quienes las costeen. La propuesta es que, a partir de ahora, las primas a las renovables (algo más de 5.500 millones de euros, M€) y a la cogeneración, o sea, al gas (algo menos de 1.500) sean costeadas por las comercializadoras de gas y de electricidad; los operadores de productos petrolíferos al por mayor; los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor; y los consumidores directos (al por mayor) de los productos anteriores.
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