Teruel Existe, una de las formaciones políticas más combativas contra los grandes proyectos renovables, como el polémico Clúster Maestrazgo, un proyecto de 760 MW y 175 aerogeneradores promovido el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) en la provincia de Teruel, ha lamentado “la falta de valentía” de las Cortes aragonesas para sacar adelante esta proposición de ley, según ha explicado el portavoz del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, en la rueda de prensa ofrecida en las Cortes en la que ha explicado esta propuesta legislativa.
Guitarte asegura que la medida "sería una forma de revertir económicamente las afectaciones de la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos en nuestro territorio, a la vez que permitiría compensar a aquellas áreas en las que no se instalen renovables por sus valores medioambientales".
En concreto, la Ley buscaba que la implantación de energía renovables en Aragón contribuyera a su desarrollo socioeconómico "y que se compense de alguna forma a aquellos territorios productores frente a los que solo son consumidores, ya que todos vemos que la mera implantación de renovables no crea trabajos ni riqueza en los territorios”, ha asegurado.
Guitarte ha señalado que la ley no sólo obedece a ese deseo de justicia hacia "las zonas de sacrificio" en aras de la transición energética, sino que responde a un mandato legal: el de la Ley 7/2021 de Transición Energética, cuyo artículo 25 establece que el despliegue de las energías renovables “perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio donde se realice el referido despliegue para activar su economía y combatir el declive demográfico”. El portavoz ha reivindicado ese mandato legal que “hasta ahora el Gobierno de España no ha desarrollado”.
Por ello, piden que “el IVA recaudado en la factura eléctrica se reparta entre los territorios productores de energía, en función a la electricidad que generan”. Esa recaudación, que se distribuiría a través de las diputaciones provinciales, “supondrían una recaudación de unos 180 millones de euros entre Zaragoza, Huesca y Teruel”, aseguran desde A-TE. Sin embargo, al ser el IVA un impuesto estatal, la prouesta hubiera tenido que pasar por el Congreso de haberse llegado a aprobar en las Cortes aragonesas.
Debate
El debate de la iniciativa en el hemiciclo aragonés ha contado con las intervenciones de los parlamentarios María Navarro (PP), Leticia Soria (PSOE), Juan Vidal (Vox), José Luis Soro (CHA), Álvaro Sanz (IU) y Alberto Izquierdo (PAR).
Desde el PP, que gobierna en Aragón, se argumentó su “no” a la Proposición, pero se abrió a buscar fórmulas de compensación para el territorio. María Navarro dijo que "ya existen tributos y fondos específicos que compensan a los territorios con instalaciones renovables", además de que "el Gobierno de Aragón sí está trabajando en el Plan Energético y apuesta por un modelo basado en el consumo cercano a la producción", según recoge la agencia EFE.
Por su parte, La socialista Leticia Soria, que aunque ha defendido la necesidad de garantizar el retorno de los beneficios a los territorios afectados, también ha coincidido con Navarro en que la propuesta del canon es similar a mecanismos ya existentes y que contiene "contradicciones y no define con claridad su forma jurídica".
Para el diputado de Vox, Juan Vidal, la iniciativa es un “texto mal concebido y peor redactado”. Además, ha acusado a sus impulsores de ofrecer “limosnas” a los territorios a cambio de permitir “la invasión de macroparques renovables” que, a su juicio, "no generan beneficios para los aragoneses ni frenan la despoblación", por lo que ha abogado por “frenar esta barbarie” para evitar que el medio rural se convierta en “un vertedero industrial de placas solares y aerogeneradores”.
IU, que se ha abstenido, ha compartido “la necesidad de proteger, planificar, parar y compensar” ante una “locura” de despliegue energético “absolutamente especulativo”, pero ha dudado de que la propuesta sea el mecanismo adecuado para lograrlo, ha señalado su portavoz, Álvaro Sanz.
El único grupo que ha votado a favor ha sido CHA, agrupación desde la que su portavoz, José Luis Soro, considerara que la proposición representa “un paso en la dirección correcta” para abordar la concentración de infraestructuras energéticas renovables y por eso la ha valorado como “un punto de partida” para avanzar hacia un modelo que garantice “justicia territorial, sostenibilidad y soberanía”, principios que considera "fundamentales para una transición energética que no sacrifique al medio rural".
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