El Gobierno ha decidido hacer decaer el impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que vencía el próximo 31 de diciembre, al no contar con el apoyo de Junts "que no apoyará la permanencia del impuesto si esto perjudicaba una inversión de 1.100 millones de euros en Tarragona", pero sí apoya el impuesto a la banca. Primero Repsol y luego Cepsa anunciaban hace unos días su intención de deslocalizarse y no invertir en España si el impuesto a las energéticas se hacía permanente. En el caso de Respol -después de conocer la intención del Ejecutivo de hacer permanente el impuesto- anunciaba que elegía el Complejo Industrial de Sines, en Portugal, para invertir 15 millones de euros en un proyecto de hidrógeno renovable. Por su parte, Cepsa anunciaba que paraliza sus inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno en España "debido a la incertidumbre regulatoria y fiscal en el país y ante la posibilidad de que el impuesto extraordinario a las energéticas pueda convertirse en un gravamen permanente".
Contrarios a la decisión de tumbar el impuesto energético se ha mostrado Bildu, Esquerra Republicana (ERC), y Sumar, que han introducido enmiendas para convertir en permanente el impuesto tal como está concedido ahora a tenor de los beneficios que empresas energéticas y financieras han registrado en sus últimos ejercicios. En concreto, Sumar quiere transformar los gravámenes temporales a la banca y las energéticas en impuestos permanentes, pues ya consigue recaudar 2.900 millones de euros al año en dos sectores "que tienen beneficios extraordinarios". Por su parte, ERC y Bildu proponen la permanencia de sendos tributos y un aumento en el tipo impositivo "a la vista de los beneficios récords anunciados en los últimos meses tanto por la banca como por las empresas energéticas". En los dos últimos años la Agencia Tributaria ha recaudado 2.427 millones por esta figura.
El impuesto especial a las compañías energéticas fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en julio de 2022 e instituido por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en noviembre de ese año. El impuesto en cuestión grava un 1,2% la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.
