La Fundación Renovables le da el aprobado al Real Decreto-ley con el que el Gobierno quiere (1) reafianzar la recuperación del sector de las renovables, muy castigado durante la última década (2009-2018), pero muy activo durante los últimos 24 meses; y (2) apuntalar la reactivación económica que ha de suceder al cataclismo que está teniendo lugar en España desde mediados de marzo (el Fondo Monetario Internacional anunciaba ayer mismo que la española va a ser, junto a la italiana, la economía más dañada de la Unión Europea por la crisis que ha traído aparejada la pandemia, crisis que, en ambos casos -el español y el italiano- está siendo agravada por el peso que tiene el sector turístico en estas dos naciones).
El caso es que el Gobierno ha llamado a su RDL "de medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica", una reactivación que puede y debe tener su gran palanca en las energías renovables y en la eficiencia energética, según el discurso oficial que gasta el Ejecutivo, y según así mismo la inmensa mayoría de los actores del sector, incluida la Fundación Renovables, colectivo-laboratorio de ideas en el que convergen prestigiosos expertos de la escena energética española (procedentes de la universidad, la administración, las organizaciones no gubernamentales o la empresa).
La Fundación ha publicado hoy su análisis del RDL 23, un análisis exhaustivo que cabría resumir la frase con la que la Fundación concluye el comunicado que ha difundido hoy: "valoramos positivamente el paso dado, nos hubiese gustado que, en una crisis tan profunda, las medidas hubiesen tenido un calado e impacto temporal más exigente y un compromiso de cumplimiento más urgente". La Fundación considera que el Real Decreto-ley 23 supone una mejora en la planificación energética española "a largo plazo" que va a permitir, por una parte, que nuestro país acelere y alcance los objetivos energético-climáticos marcados para 2030, y, por otra, que materialicemos antes la tan necesaria reactivación económica.
O sea, que el Ejecutivo no pasa del aprobado
Porque son muchas las cosas que la Fundación echa de menos. En las dos dimensiones de lo regulatorio: en las formas (para empezar, ha echado en falta la participación pública en el proceso de desarrollo del RDL); y en los contenidos. A saber: la FR echa en falta en la nueva norma (1) medidas de política fiscal activa; (2) un apoyo explícito al sector del autoconsumo (uno de los más afectados por la crisis); (3) un plan de rehabilitación energética; y (4) sensación de urgencia. Porque la FR habla de "desarrollo laxo en los compromisos temporales de implantación y establecimiento", por lo que pide -como apuntamos ahí arriba- un "impacto temporal más exigente y un compromiso de cumplimiento más urgente".
Punto y aparte merece otra de las fallas que señala la FR
«Nos parece insuficiente que solamente se haya incorporado una ligera modificación en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, permitiendo a las entidades locales destinar en el 2020 el 7% del saldo positivo correspondiente al año 2019, para financiar exclusivamente gastos en vehículos eléctricos o estructura de puntos de recarga. Sin embargo, reincidimos en la necesidad de liberar no solo los saldos existentes como ya han pedido muchos alcaldes sino que estos recursos también se puedan destinar a proyectos de rehabilitación, infraestructura, eficiencia energética o autoconsumo; la derogación del Yugo Montoro de limitación de gasto a los ayuntamientos que se establece en la Ley Orgánica 2/2012 permitiría aumentar una capacidad y dinámica de agilización de recursos mucho mayor a las administraciones locales, algo que venimos reclamando desde la Fundación Renovables. La actuación en áreas urbanas es la base para la reactivación económica y social y creemos que es una oportunidad perdida la no modificación de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local de 1985 en aras a aumentar la capacidad de actuación municipal»
Quizá conviene repetir la última frase, por su calado: "La actuación en áreas urbanas es la base para la reactivación económica y social y creemos que es una oportunidad perdida la no modificación de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local de 1985 en aras a aumentar la capacidad de actuación municipal". Quede ahí para la reflexión.
Más allá de las fallas que ve la Fundación, que acabamos de repasar, y más allá del aprobado general (beneplácito) que de ella recibe el RDL, esta es la lectura pormenorizada que, de los principales extremos de la nueva norma, hace este colectivo-laboratorio integrado por expertos de reconocido prestigio en el sector.
• Acceso y conexión
La Fundación Renovables considera que es positivo que los titulares del permiso dispongan de un plazo máximo de 6 meses para solicitarlo. Así sí se evita -apuntan- la conversión de actos administrativos en especulativos, así como la saturación y congestión de dichos puntos. La FR sin embargo critica que el Real Decreto-ley recién aprobado dé plazos a los titulares de permisos que obtuvieron esos permisos en el año 2013: "Entendemos que, si no tiene un avance administrativo contrastable [el proyecto hipotético], deberían perder el permiso, o, al menos, darle un periodo de tiempo más reducido". [Sobre el particular, léase El Gobierno pincha la burbuja de las renovables].
• Redes de transporte y distribución
El RDL 23 detalla que el porcentaje de inversión anual en la red de transporte asciende de 0,065% al 0,075% del Producto Interior Bruto (PIB) de España durante cada uno de los años del trienio 2020-2022, mientras que el límite en la red de distribución se eleva del 0,13% al 0,14% con base en la tarifa eléctrica de todos los consumidores. Pues bien, según la FR, "esto supone una insistencia en el modelo concesional a los propietarios de dichas redes, sin que se incida en que el esfuerzo sea para avanzar en la digitalización del sistema, aumentado la rentabilidad por inversión y no una política efectiva y coherente de pago por uso que beneficie al consumidor, así como el empleo de inversiones RAB, es decir fijando la retribución a partir de una base regulatoria de activos".
• Comunidades de energías renovables
"Nos congratulamos -dice literalmente el análisis de la FR- de que la regulación española haya incorporado la nueva figura implementada por el derecho comunitario de las comunidades de energías renovables, como vehículos de conversión de los ciudadanos en sujetos capaces de producir energía renovable de forma colectivizada, permitiendo participar directamente a las personas físicas, pymes y autoridades locales en la nueva generación renovable". La Fundación confía en todo caso en que aún se avance más en el modelo expuesto por la actual Directiva de mercado eléctrico "incorporando con rigor, pero con plenitud, la figura de las comunidades ciudadanas de energía, que habrán de convertir a los consumidores en sujetos activos del nuevo sistema energético".
• Políticas fiscales y de inversión
Como apuntábamos arriba, la Fundación critica con dureza "la ausencia [en el RDL] de medidas para la utilización de la política fiscal con carácter activo para la promoción de iniciativas y para el gravamen del consumo de combustibles". La Fundación no ahorra calificativos, y considera esa ausencia "incomprensible desde el punto de vista de ser una herramienta clave para acelerar y agilizar objetivos". La incorporación como única medida de índole fiscal de la libertad de amortización en la realización de actividades de innovación y mejora tecnológica en la industria de la automoción "nos parece insuficiente -apuntan- y solicitamos que sea extensible a otras actividades industriales relacionadas con la sostenibilidad".
Análisis FR del Real Decreto-ley 23/2020: «En definitiva, aunque valoramos positivamente el paso dado, nos hubiese gustado que, en una crisis tan profunda, las medidas hubiesen tenido un calado e impacto temporal más exigente y un compromiso de cumplimiento más urgente»
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