Un paque eólico (o fotovoltaico, o termosolar, o la combinación de todos ellos) de cien megavatios, cada semana, durante los próximos treinta meses. El objetivo gubernamental es en realidad trienal (2020-22), pero el primer semestre del corriente ya es agua pasada y del 20 ya solo quedan los seis meses que vienen (semestre segundo incierto que comienza además a la sombra del fantasma del Covid). Sea como fuere, el Ejecutivo publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado un RDL (23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica) que pone negro sobre blanco cierto guarismo: 12.000. "En el periodo 2020-2022 el parque renovable deberá aumentar en aproximadamente 12.000 MW". Y eso significa que España va a tener que ponerse a cien, en estos 30 meses, si quiere cumplir con lo recién suscrito. Porque la cuenta está muy clara: para redondear esos 12.000 en el horizonte dicho, hay que instalar una media de cien a la semana.
Una cosa tienen clara todos los actores del sector: la clave de esos cien megas-semana (la clave del horizonte 12.000) la tienen las subastas, que efectivamente aparecen recogidas en el RDL 23 de marras. ¿Problema? Pues, según la Fundación Renovables, que la nueva norma "deja en el aire varios puntos clave de cómo se llevarán a cabo [esas subastas]". El Gobierno ha anunciado que subastará "la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas". Y ha anunciado que "la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía". O sea, que si un promotor ofrece producir un megavatio hora a 10 euros y otro a 12 euros, gana la subasta el que va a la baja. Gana él (el productor), y gana el consumidor final, que seguramente podrá comprar por consiguiente la electricidad más barata que si ese número de principio hubiese sido más elevado.
El Gobierno ha anunciado eso... y ha firmado toda una declaración de principios sobre las subastas, que podrán distinguir "entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica...". O sea, que el Gobierno no quiere que todas las tecnologías sean tratadas por igual, como si todas fuesen iguales. Porque no es lo mismo un parque fotovoltaico, que se "apaga" a las 18.00 horas en febrero y no vuelve a producir hasta mañana... que una termosolar con tanques de sales térmicas, que puede acumular el calor del día en esas sales y liberarlo por la noche para producir electricidad entonces. Por eso el RDL anuncia que las subastas "podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de...". El problema es que el RDL no va mucho más allá de la declaración de intenciones.
Y ello preocupa a la Fundación Renovables, colectivo-laboratorio de ideas en el que convergen prestigiosos expertos de la escena energética española (procedentes de la universidad, la administración, las organizaciones no gubernamentales, la empresa). La Fundación ha revisado exhaustivamente el RDL que acaba de aprobar el Gobierno y valora "positivamente" que las subastas tengan en cuenta aspectos de los proyectos como las características técnicas, el tamaño o los niveles de gestionabilidad, pero, al mismo tiempo, critica algunas fallas en la nueva norma. ¿La principal? "Se dejan en el aire varios puntos clave de cómo se llevarán a cabo". La FR alerta, por una parte, y urge por otra (en dos sentidos) a la Administración: (1) "esperamos que, por su radical importancia, no se demore el desarrollo reglamentario"; y (2) "entendemos que es necesario disponer de un calendario explícito".
Esta es la revisión completa que la Fundación Renovables hace del RDL 23/2020
