Muchos titulares hay en La siniestra historia de El Musel. O cómo la industria del gas fósil convirtió España en una adicta al gas, que así suena el largo título del informe que acaba de publicar la organización ecologista Greenpeace España, un informe que denuncia el lavado verde (greenwashing) de Enagás, compañía que presume de “descarbonizar” el sistema energético pero que, en realidad -apuntan los ecologistas-, está impulsando la puesta en marcha o la reactivación de diversas infraestructuras gasistas, como por ejemplo El Musel, que es una planta regasificadora ubicada en Asturias. Además, se da una curiosa circunstancia: "en realidad -advierten los autores del informe-, Enagás no financia las inversiones en El Musel: los peajes y cánones por el uso del sistema gasista (gasoductos, instalaciones de almacenamiento y regasificación) los establece el Estado en el mercado regulado y los pagan los consumidores españoles en su factura".
Todo ello se ha traducido -concreta Greenpeace- en que, en 2022, los “ingresos regulados” de la compañía gasista supusieron el 99,3% de sus ingresos totales, un total de 957 millones de euros. ¿Conclusión? "Cuanto más construye Enagás, más dinero recibe del Estado español", denuncian los ecologistas. El resultado para la compañía es un ganar-ganar. La clave de la jugada es que el negocio le resulta rentable a esta compañía privada -apuntan desde Greenpeace- aunque la instalación de gas no se utilice.
Puertas giratorias
El consejero delegado de Enagás es Arturo Gonzalo Aizpiri, hombre fuerte del equipo que dirigía la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona en el primer Gobierno Zapatero, equipo en el que despuntaba entonces una cierta joven, Teresa Ribera. Narbona es hoy presidenta del PSOE; Ribera, ministra. Aizpiri fue nombrado consejero delegado de Enagás el año pasado. En el consejo de administración se encuentran igualmente otros nombres bien conocidos, como la exministra del Partido Popular Ana Palacio, los exministros de gobiernos del Partido Socialista Obrero Español José Montilla y José Blanco. Y, por fin, el presidente ejecutivo de la compañía, Antonio Llardén, ocupó varios cargos en el Gobierno de Felipe González, con el que asumiría incluso la secretaría general de Comunicaciones (Llardén acompañó hace unos meses al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en su viaje a Argelia, adonde el ministro socialista iba a reunirse con la cúpula gasística de aquel país para "asegurar el suministro de gas a España").
El caso de El Musel, infraestructura que fue declarada ilegal por la Justicia en 2012, es particularmente sangrante: porque esta regasificadora gijonesa opera además con gas procedente de fractura hidráulica (fracking), una técnica extractiva prohibida en España y Europa por sus nefastas consecuencias medioambientales y sobre la salud, pero que en Estados Unidos es muy habitual.
Los titulares o lo que Greenpeace cataloga como "las principales revelaciones del informe"
• Las siete terminales de regasificación que hay en España, incluida la de El Musel, están infrautilizadas porque España tiene más capacidad de gas de la que necesita.
• El argumento de que las susodichas infraestructuras van a “ayudar a eliminar las importaciones de gas ruso” es falso: España es actualmente el mayor importador de la Unión Europea de gas licuado ruso.
• El argumento de que Europa necesita seguridad energética y de que estas infraestructuras son una herramienta para alcanzar esa seguridad energética es falso. Muy antes al contrario -apuntan desde Greenpeace-, Europa ya se enfrenta a un exceso de capacidad de gas y, además, la demanda está disminuyendo, "tendencia que se verá reforzada por los compromisos europeos de reducción de demanda de gas, por lo que no hay necesidad de suministros adicionales".
Francisco del Pozo Campos, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace: “El Musel es un ejemplo más de cómo los operadores de gas están utilizando el miedo a la escasez de suministro de gas en Europa para desviar la atención de la transición energética’ hacia la ‘necesidad de seguridad energética’"
• Varios países de la UE están construyendo sus propias instalaciones de regasificación y no necesitan el suministro español de gas licuado procedente de Estados Unidos.
• La importación a Europa de gas licuado procedente de los Estados Unidos se ha disparado en 2022, como consecuencia de la guerra de Ucrania y las sanciones que la Unión Europea ha impuesto al gas ruso. España, que es el segundo mayor importador de gas de Europa, representó un 17% del total de estas importaciones, lo que supone un aumento del 117% en comparación con el año anterior. Por si fuera poco -adelantan desde Greenpeace-, los contratos a largo plazo que empresas como Naturgy, Endesa, Iberdrola y Repsol han firmado con proveedores de gas licuado de Estados Unidos pretenden mantener la dependencia de España del gas hasta 2042.
"El refuerzo de esta dependencia del gas -explican desde Greenpeace- aleja a España y Europa peligrosamente del objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento global de la temperatura a 1,5°C".
En este marco, y a punto de comenzar la CoP28, que tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái, Greenpeace demanda "un acuerdo para la eliminación rápida, justa y equitativa de los combustibles fósiles".
María Botella, de la campaña contra los Combustibles Fósiles de Greenpeace: “los operadores de gas han estado utilizando la crisis energética para lucrarse mientras nos abocan a décadas de dependencia del gas y al pago de la factura por parte de la ciudadanía”
La organización ecologista también critica con dureza la hipótesis de los gasoductos-hidrogenoductos. A saber. Enagás plantea -explican desde Greenpeace- que la infraestructura de gas podría reutilizarse para transportar hidrógeno, pero la viabilidad técnica y económica del transporte de hidrógeno a través de esos gasoductos ha sido puesta en cuestión por numerosos expertos.
Francisco del Pozo Campos, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace: “necesitamos una transición hacia una alternativa justa y sostenible a los combustibles fósiles que sólo puede lograrse mediante iniciativas como la rehabilitación energética de edificios, el ahorro y eficiencia energética, la electrificación, la instalación de fuentes de energía renovable y la promoción del autoconsumo y las comunidades energéticas. Iniciativas que en su conjunto crearían más trabajo que los combustibles fósiles, impulsarían la economía y supondrían una mejora significativa de la calidad de vida para la ciudadanía asturiana. Tal cambio ayudaría a su vez a nuestro país a transitar hacia la descarbonización y la autosuficiencia en materia energética. Esto es posible con el apoyo de los Gobiernos central y regional, en forma de políticas fiscales adecuadas y formación”
La UE y el gas
Tras más de 48 horas de negociación de las instituciones comunitarias en torno a la reforma del mercado del gas y el hidrógeno, el llamado “Paquete del Gas”, finalmente se ha sabido que la UE deja la puerta abierta a que la planificación y gestión de gran parte de la futura infraestructura de hidrógeno de Europa quede en manos de la industria del gas fósil. El acuerdo, además, no contiene una hoja de ruta clara para la eliminación del gas fósil. Por otro lado, hoy se publica la lista de proyectos prioritarios para la UE. Se prevé que dicha lista incluya proyectos tan controvertidos como el H2Med o el EastMed: el primero para exportar hidrógeno verde de la Península Ibérica a Francia y el segundo para importar gas de Israel a Grecia, con el potencial de avivar conflictos y profundizar la crisis climática. Ambos mantendrán a flote la industria de los combustibles fósiles con fondos europeos.
Francisco del Pozo Campos, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace: “el hidrógeno verde es un recurso precioso, su producción tiene un coste ambiental y otros impactos en el territorio, por lo que la UE no debe planear quemarlo de cualquier manera. Permitir que la industria del gas planifique y gestione una nueva red de hidrógeno sería un conflicto de intereses que conduciría a un exceso de inversión en infraestructuras innecesarias y a un uso derrochador del hidrógeno para fines como la calefacción doméstica. La UE debe dejar de quemar gas fósil lo antes posible y basar la transición en la eficiencia, la suficiencia y las energías renovables electrificando gran parte de la demanda y dejando el hidrógeno para sectores difíciles de descarbonizar”
Enagás SA es una empresa gasista propietaria y gestora de la red nacional de gas. Su principal accionista es el fondo estadounidense BlackRock (accionista referente también en Iberdrola y EDP). A continuación le siguen Amancio Ortega (5%), la Sociedad Española de Participaciones Industriales (5%), el Bank of America Corporation (3,6%) y el estado de Abu Dabi (3,1%). El contrato de capacidad adicional de gas en la planta de El Musel fue a parar a Endesa, que puede utilizar esta terminal para introducir gas licuado estadounidense en Europa. En 2014, Endesa firmó dos contratos con la empresa estadounidense Cheniere Energy Inc por un total de 2,25 millones de toneladas (3,06 bcm) de gas licuado que estarán en vigor hasta 2039. Los cargamentos en virtud de dichos contratos comenzaron a llegar en 2019 y, desde entonces, son un elemento clave de la cartera de gas de Endesa y del auge actual del comercio de gas licuado estadounidense con España. El principal accionista de Endesa es el estado italiano.
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