La Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica (Aprie), que representa a una serie de empresas del sector (que suman 4.000 megavatios de ciclos combinados), convocó ayer a la prensa para comunicarle su opinión sobre esa propuesta ministerial, opinión que, grosso modo, queda resumida así: si el Gobierno finalmente aprueba esa Orden tal y como ahora mismo está redactada, y es efectivamente eliminado el pago por "servicio de disponibilidad", seiscientos puestos de trabajo quedarán en el aire. Según Aprie, la supresión de esa ayuda supondrá para sus asociados una merma de ingresos de unos 20 millones de euros, "que nos sirven -ha dicho su presidente, Alfonso Pascual- para pagar las nóminas de los trabajadores y los impuestos a los municipios en los que se encuentran nuestras centrales". Si desaparece la disponibilidad -ha avisado-, "parece complicado acometer obligaciones de pagos con empleados y municipios".
El servicio de disponibilidad es uno de los mecanismos de pago por capacidad
Los pagos por capacidad -que aparecen recogidos ya en el artículo 16 de la Ley 54/1997 (tiempos aquellos de gran incremento de la demanda)-, retribuyen a ciertas instalaciones grosso modo para que estén en guardia -tengan potencia disponible- por si acaso hay puntas de demanda, todo lo cual parece lógico en momentos de crecimiento económico (y de incremento de la demanda de electricidad), escenario característico de finales de los noventa y principios de siglo. Los números no dejan lugar para la duda. Véase.
La demanda de energía eléctrica en España alcanzó el año pasado (2017) los 268.140 gigavatios hora (GWh) y fue inferior a la registrada antes de la crisis: 276.849 GWh en 2007 (datos todos de Red Eléctrica de España), o sea, que el año pasado la economía española demandó menos electricidad -tres puntos menos- que hace diez años: un 3% menos... diez años después. En 2007 había 90.459 megavatios (MW) de potencia de generación instalados en España (que fueron suficientes para atender aquella demanda); al cierre de 2017 había 104.122.
El concepto de pagos por capacidad (pagos de los que disfrutan los ciclos combinados) incluye dos tipos de servicio
Uno es el incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo y el otro es el servicio de disponibilidad a medio plazo. El primero está destinado "exclusivamente a promover la construcción y puesta en servicio efectiva de nuevas instalaciones de generación", algo que ahora mismo -construir centrales de gas- no plantea nadie en España, habida cuenta de la evolución que ha experimentado el sector de las renovables (instalar un megavatio de potencia solar o eólica es cada vez más barato) y de los compromisos ambientales adquiridos a escala internacional por el país (política UE, Acuerdo de París).
El incentivo a la inversión le ha costado a los consumidores, según Greenpeace, más de 3.500 millones de euros en los últimos diez años, cuantía que ha salido de la factura de la luz y que ha ido a parar a las centrales de gas (y también a las de carbón, y otras) [Véase informe Ayudas opacas a las energías sucias en tu factura]. Según los datos de Aprie, ese incentivo, que tiene fecha de caducidad, dejarán de ingresarlo sus centrales de gas en 2020 (el 65% de ellas) y en torno a 2022 habrán dejado de ingresarlo el 80%
¿Y qué pasa con el otro mecanismo de pago por capacidad: el servicio de disponibilidad? Pues que el Gobierno quiere ahora eliminarlo (al menos así lo establece en su proyecto de Orden 2019 de Peajes), so pretexto de que por ahí va la nueva política energética europea, que, grosso modo, no quiere subvenciones (o subvenciones innecesarias, pues el sistema eléctrico nacional está ahora mismo sobredimensionado y realmente no haría falta que haya ciclos combinados disponibles por si acaso no hay agua en los pantanos, no brilla el Sol y no sopla el viento).
Y no haría falta porque ahora mismo (y aparte de los 26.000 MW de ciclos combinados, 4.000 de ellos asociados en Aprie)... Aparte de esos 26 gigas, hay (por si acaso) 7.000 MW de nuclear, 10.000 de carbón, más de 3.300 MW de bombeos, 870 megavatios de potencia termosolar (18 centrales con sistemas de almacenamiento por valor de 6.850 MWh) y mil megas más de potencia hidráulica en concesiones que debería recuperar el Estado en los próximos dos años. Todos ellos, almacenes de electricidad. ¿Hace falta pues pagar pagarle a los 26.000 MW de ciclos combinados por un servicio de disponibilidad por si acaso se dispara la demanda y no sopla el viento y no brilla el Sol y...?
El gran problema de los ciclos combinados es que no venden electricidad suficiente como para ser económicamente sostenibles, económicamente independientes (de las ayudas). Y no la venden porque hay mucha potencia renovable instalada -y el kilovatio renovable tiene prioridad de despacho por su condición de kilovatio limpio, no emisor de CO2-, y porque durante algunos años -denuncian desde Aprie- el legislador priorizó al carbón. Así, los ciclos combinados llevan muchos años operando al 15% de su capacidad o menos. A pesar de todo, han aguantado a la espera de su oportunidad.
Aprie afina el discurso y entre líneas viene a solicitarle al Gobierno la prórroga del servicio de disponibilidad para que sus asociados puedan aguantar el sprint final hasta que llegue el momento en el que los ciclos combinados sean realmente necesarios (y rentables). ¿Cuándo? Cuando cierren el carbón y la nuclear. "Aguantamos porque la salida del carbón y la nuclear haría que los ciclos combinados tendrían rentabilidad en medio plazo si duplicamos la conexión con Francia", ha dicho Daniel Fernández, vocal de la asociación, señalando, quizá involuntariamente, lo que parece cada vez más evidente: que las interconexiones con Francia, tan bienqueridas por el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, no son tanto para venderle a Francia nuestras energías renovables como la vía de salida de los kilovatios de gas españoles que no tienen salida en el mercado nacional
Incisos aparte, el núcleo del discurso que enunció ayer Aprie sería grosso modo que el ciclo combinado está llamado a ser la tecnología que haga posible la transición energética en tanto en cuanto alcanzamos un modelo renovable. "El ciclo combinado es la tecnología crítica y clave para la transición", ha dicho el presidente de la asociación, Alfonso Pascual. "¿Qué transición quieren ustedes hacer -ha preguntado Fernández, retóricamente, al Gobierno- eliminando la disponibilidad? Así se está empujando a esos 26 gigas a una situación insostenible".
A pesar de todo, el presidente de Aprie es optimista
Pascual cree que el Ministerio atenderá las alegaciones que la Asociación va a enviar (hoy o mañana) y que la Orden acabará recuperando el servicio de disponibilidad. El presidente está convencido de que, en el marco de la transición energética en la que ya estamos embarcados como nación, "hay hueco, hay futuro y somos necesarios". Fernández también apunta en la misma dirección: "cualitativamente se ve un futuro razonablemente bueno". Aprie cree que, conforme vayan cerrando el carbón y la nuclear, el gas irá siendo más necesario. Se atreven incluso a dar una fecha: en torno al año 2022, 2023. Los ciclos combinados -apuntan desde la Asociación- pueden llegar a operar "unas 2.500 horas durante una serie de años" (durante el último quinquenio han operado en torno a las 1.000 horas y fueron diseñados para operar 7.000).
La propuesta de Aprie es concreta, en fin: señores del Gobierno, continúen ustedes ayudándonos como lo han hecho hasta ahora mediante ese mecanismo -la disponibilidad-, para que, a la vista de ese horizonte de promisión (de corto-medio plazo), mantengamos nuestras instalaciones en marcha. En el aire están -han apuntado desde la Asociación- seiscientos puestos de trabajo. "El servicio de disponibilidad es un balón de oxígeno", ha resumido el presidente de la Asociación, en la que están integradas empresas como Engie, Shell y Aliq. "Tenemos que defender las comarcas en las que están nuestros activos, con todas las empresas auxiliares" y el servicio de disponibilidad es la clave, han apuntado. La duda es: ¿cuántos megavatios de ciclos combinados son realmente necesarios?
La Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar publicó un informe hace unos meses según el cual, si España instala 18.000 megavatios de nueva potencia termosolar de aquí a 2030, el país puede prescindir de toda la potencia nuclear (algo más de 7.000 megas), de toda la potencia de carbón (10.000 megavatios) y del 40% de los ciclos combinados (podríamos prescindir de 10.000 megas). Es decir, que el parque de generación nacional podría ser, en ese Horizonte 2030, muy limpio. El sector está perfectamente preparado para abordar esa empresa y la termosolar es tecnología de respaldo (porque puede almacenar el calor solar en enormes tanques de sales, sales que se mantienen durante muchas horas a elevada temperatura, temperatura suficiente como para generar con ese calor electricidad -solar- por la noche).
Las soluciones están. Ahora toca priorizar. ¿Subvencionamos la minería del carbón (y a las térmicas que lo queman) o ayudamos a las comarcas mineras en su transición hacia un modelo limpio? ¿Ayudamos a la termosolar para que acelere su curva de aprendizaje y llegue a ser tan competitiva como la eólica o la fotovoltaica -que ya no necesitan ayudas- o seguimos subvencionando al gas para que aguanten los 26.000 megavatios de potencia instalada, algunos de los cuales no funcionaron ni una sola hora el año pasado? ¿Realmente son necesarios todos esos megavatios de gas para darle respaldo al sistema? ¿Deben ser todos subvencionados o conviene empezar a ayudar a determinadas comarcas? ¿Encajan en el marco legal europeo estas "subvenciones opacas"? (Así las califica Greenpeace en su informe). ¿Cuáles son las prioridades?
Artículos relacionados
• El sector del gas quiere más dinero
• El gobierno asigna más dinero al gas natural que a la sanidad pública
• Más mecanismos de subvención para el gas y el carbón que en ningún otro país de la Unión
• España gasta entre tres y ocho veces más que Gran Bretaña en asegurar el suministro
