Las medidas tienen por objeto ser más respetuosos con los territorios y conservar la biodiversidad de los ecosistemas, lo que ayudará a mejorar la aceptación e inclusión social de su desarrollo, en un momento en el que regiones y municipios se posicionan en contra de proyectos, por entender que no están respetando sus territorios y que no son percibidos como una oportunidad para su desarrollo. “Estas medidas de actuación deben ser aplicadas a todos los proyectos de renovables a gran escala, incluidos los que se encuentran en estado de tramitación”, explican desde la Fundación Renovables.
Esto no debe suponer retrasar la consecución de los objetivos a 2030 del PNIEC ya que hay peticiones con el acceso aprobado para más de 102.200 MW de fotovoltaica que superan con creces el objetivo planificado. Desde la Fundación Renovables (FR) consideran “urgente el desarrollo de una regulación que priorice la generación distribuida, con objetivos nacionales sectorizados para el autoconsumo, comunidades energéticas y generación distribuida, y la creación de una ordenación vinculante para las comunidades autónomas respecto a la generación con renovables a gran escala”.
Falta de control
Los expertos que han elaborado el documento constatan que “se está produciendo, en numerosas regiones de España, una falta de control y de criterios en la ordenación por la inexistencia de una planificación en la implantación, ocasionando una saturación de las administraciones locales y regionales para la tramitación de proyectos”. En Andalucía están en proceso de tramitación un total de 706 iniciativas, de las que 650 son plantas fotovoltaicas (92%) y 50 eólicas (7%), con una potencia total demandada de 21,4 GW, de los que 19,8 GW son de fotovoltaica.
Ante el panorama actual, el despliegue de proyectos a gran escala “debe, entre otros criterios, realizarse bajo unos parámetros de jerarquía en el desarrollo de renovables que priorice las alternativas del autoconsumo y la generación distribuida. Demandamos que se reserve capacidad de evacuación, allá donde se instalen grandes plantas, para el autoconsumo, además de la exención de petición de acceso y conexión para instalaciones cuya potencia a instalar sea inferior a la contratada”.
Planificar con criterios socioeconómicos y ambientales
El Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, abrió la posibilidad para procesos en concurso abierto pensando en la asignación de potencia disponible, incluyendo la posibilidad optativa de incorporar criterios socioeconómicos y ambientales en los concursos de acceso y conexión, posibilidad que ya establecía el Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles del Parlamento Europeo. La FR propone que el Estado garantice que la red y los nudos de media tensión tengan capacidad de evacuación para todos los proyectos de generación distribuida, junto con la creación de cupos de reserva obligatoria de potencia en la planificación energética y en las subastas. “Debemos maximizar la energía que se puede inyectar a la red apostando por la hibridación de renovables, priorizando parques eólicos existentes y nuevos con nueva fotovoltaica, apostando, además, por la repotenciación”.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó en diciembre de 2020 una zonificación ambiental para energías renovables con el objeto de dar a conocer las áreas más sensibles para su implantación, pero sin ningún carácter vinculante. Por ello, desde la FR proponen que las comunidades autónomas creen una planificación energética territorializada que contenga una zonificación socioeconómica y ambiental obligatoria y vinculante para la ordenación de las instalaciones a escala local y regional. La propuesta es crear la base de la redacción para noviembre y, posteriormente, durante la edición, desarrollar un proceso de participación pública (de tres meses de duración) y que quede aprobado a finales de marzo de 2023.
Revisar el PNIEC
También abogan por “revisar el PNIEC con carácter de urgencia para incluir una cláusula adicional con el contenido específico de ordenación del territorio que se comenta en estas propuestas, sobre toda la zonificación socioeconómica y un análisis de los impactos en el territorio”. La FR piensa que se deben modificar las Declaraciones de Impacto Ambiental para que los estudios sean sinérgicos, acumulativos y consideren la totalidad del desarrollo de un área delimitada previamente. Los proyectos se pueden considerar no aptos en función de la nueva información añadida, considerando los ya existentes, y evaluarlos en función del Reglamento (UE) 2020/852.
Analizando lo que sucede a nivel regional, ejemplos como el de la Región de Murcia, donde los proyectos en funcionamiento ya ocupan el 4% de la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) o un 5,8% de la de cultivos de secano, muestra que es necesario limitar el desarrollo, con el establecimiento de líneas rojas para la concentración de promotores. “En este sentido, proponemos crear una regulación (a través del PNIEC) estricta y limitante para permitir una utilización máxima de terreno para cada instalación de no más del 30% de la superficie SAU comarcal”.
Conjuntamente, hay que establecer límites en los diferentes nudos para que un mismo promotor no pueda obtener autorización administrativa mayoritaria de la capacidad disponible. Asimismo, se debe limitar la promoción e inversión para las empresas del grupo empresarial al que pertenece la distribuidora. En aquellas zonas en las que existan desarrollos fotovoltaicos próximos (menos de 5 km medidos ortogonalmente desde el punto más cercano), se exigirá la colaboración entre promotores para garantizar el análisis global del entorno y evitar la exclusión y un mayor impacto.
Rentas a los municipios afectados
En cuanto a la ordenación e integración local, se propone el “establecimiento de una renta de igual valor al pactado con el propietario del terreno, con un valor mínimo de 600€/MW/año, para ser percibida por los distintos municipios afectados. Y la creación de un Fondo Provincial para la Biodiversidad y Desarrollo Social (FPBDS) que, con carácter provincial, destine los fondos obtenidos de la fiscalidad a avanzar en el desarrollo social y económico y en la conservación de los ecosistemas”. Asimismo, creen que se deben establecer procedimientos de concentración parcelaria en aquellas zonas en las que se pretenda llevar a cabo una iniciativa global dentro de un área extensa, para el reparto de los ingresos de arrendamiento entre los diferentes propietarios del municipio y para la ubicación óptima de la central.
También se debería abrir la posibilidad de adquirir hasta un 25% de participación en la inversión a personas y entidades de la zona junto con la habilitación de espacios y mesas de participación social fomentadas desde la administración local.
Finalmente, proponen el establecimiento de cláusulas anti especulación y de limitación de actuaciones administrativas, mediante el establecimiento de un aporte, a los diversos FPBDS, de las plusvalías alcanzadas por la transmisión de las promociones.
En definitiva, “el objetivo no es bloquear los proyectos en tramitación o los que ya dispongan de autorizaciones administrativas, pero las diferentes comunidades autónomas deberán reevaluar su implantación y sus efectos según las diferentes zonas, teniendo en cuenta los criterios anteriores, con el objetivo de liberar a aquellos que cumplan los requisitos establecidos”.
La FR piensa que “nos estamos jugando alcanzar un modelo energético descarbonizado y ordenado a largo plazo. La rentabilidad financiera no puede ser el único criterio para el desarrollo de las energías renovables. Necesitamos un modelo de desarrollo que tenga en cuenta los territorios, su hábitat y sus gentes y que tenga una amplia aceptación social”.
