He de reconocer que siento vértigo ante la ofensiva anti renovable que se ha desatado en los últimos meses y que lejos de remitir va in crescendo con el agravante de que, incluso, algún gobierno autónomo hace de ella bandera. La defensa del territorio, del paisaje, el “renovables sí, pero así no”, son los síntomas de este brote, son ideas, lemas que ya hemos escuchado en el pasado y que hoy se centran, especialmente, en las grandes plantas fotovoltaicas, pero también afectan a proyectos eólicos.
Siento vértigo porque en cierto modo es un déjà vu, una pelea en la que ya me tocó participar hace 20 años. Hoy las circunstancias son completamente distintas (aunque solo sea por el tamaño del sector renovable, entonces insignificante), pero los argumentos se repiten. A mi entender los dos problemas principales es que, primero, una gran parte de la promoción renovable se hace de espaldas a la ciudadanía y, segundo, que en la oposición a los proyectos demasiadas veces se abordan los temas con orejeras, confundiendo el tocino con la velocidad y sin plantear alternativas.
Esta insurrección supone un obstáculo inesperado en una transición energética que parecía coger velocidad y ha dado pie a un debate que se ha prolongado en tribunas de opinión en defensa de las renovables como las de Xavier Pastor (el primer director en España de Greenpeace) o Joan Herrera, exdirector general del IDAE, que, a su vez, han tenido réplica de los colectivos movilizados.
El tema es lo suficientemente importante como para que la Fundación Renovables (FR) convocara a su Consejo Asesor para tratarlo, reunión que ha dado como resultado un documento recientemente presentado con el nombre de ‘Territorio y renovables. El desarrollo de las grandes plantas bajo criterios de inclusión territorial’. Contiene reflexiones muy interesantes que, en alguna medida, dan la razón a determinados planteamientos de los opositores, pero que, sobre todo, pone sobre la mesa soluciones, propuestas que sería muy conveniente tener en cuenta.
Arranca el documento con una idea del presidente de este Consejo Asesor, Javier García Breva: “la relación de la energía con el territorio no es neutral y su mal uso puede determinar la infelicidad de todos los que habitan en él”. Lamenta mi compañero en estas páginas de Energías Renovables que esta relación “no se planteó ni con los combustibles fósiles ni con la energía nuclear”. Efectivamente, ni parece que se plantea ahora, cuando la tramitación de instalaciones gasistas reciben menos oposición que un proyecto renovable.
Pero la postura de la FR no es ni mucho menos ponerse a la defensiva. Al contrario, después de dejar muy claro que la prioridad es la generación distribuida, el autoconsumo, las comunidades energéticas y la eficiencia, reconoce los problemas que plantean los mega parques fotovoltaicos y señala la “relación directa entre el modelo energético, el modelo territorial y el modelo económico”.
La FR plantea unas evaluaciones previas de los proyectos que vayan más allá de los impactos ambientales y que incluyan la ordenación territorial, la salud, la eficiencia, el empleo, los impactos sociales, etc. Pero, sobre todo, reivindica una mayor implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectan a su territorio y su consideración a la hora de repartir los beneficios socioeconómicos.
Somos conscientes de que la transición energética no será posible solo poniendo placas en nuestros tejados, aunque esto sea esencial, pero también sabemos que en nombre de esa transición no vale todo. ¿Por qué en lugar de esos mega parques no proliferan instalaciones medianas cercanas a los centros de población, con participación ciudadana?
El problema es muy complejo y ni siquiera los 50 folios del documento de la FR abarca en su totalidad. Pero lo que no vale son posturas radicales, descalificar el todo por las pegas de una parte. Y, definitivamente, no nos podemos permitir planteamientos de moratoria porque el cambio climático no entiende de parones.
