No es la primera vez que se plantea esa participación estatal. Es más, hay muchas naciones en todo el mundo en las que el estado es dueño de una compañía eléctrica, o gasística, o petrolera, porque son muchos los estados que consideran que estas compañías, que nos proveen de suministros básicos, son "estratégicas" para la nación. Más aún, en España ya hay participación estatal en la propiedad de las instalaciones renovables. Lo que ocurre es que los que participan aquí son otros estados: la empresa estatal noruega Statkraft, por ejemplo, está desarrollando ahora mismo en territorio español centenares de megavatios fotovoltaicos; la estatal italiana Enel está haciendo lo propio con centenares de megavatios eólicos, que tiene repartidos en proyectos que está impulsando por media España; el fondo soberano de Catar es el principal accionista de Iberdrola, compañía que no está participada por el estado español, pero sí por el catarí (a través de ese fondo), y que también está impulsando la instalación de muchos megavatios renovables aquí.
O sea, que plantear que "el sector público debería participar más en la propiedad de las instalaciones renovables" no es algo nuevo, ni exclusivo, desde luego, de un sindicato. Sea como fuere, esa es en todo caso una de las muchas propuestas que abre a debate el informe «Reducir el impacto ambiental de las instalaciones renovables», un estudio, obra de la secretaría confederal de Medio Ambiente y Movilidad de Comisiones Obreras (CCOO), que se centra en eso: el impacto que puede causar en el medio ambiente patrio un desarrollo no responsable de las instalaciones de generación de energías renovables. Comisiones entra así en un debate público que está calentando aún más el ya de por sí ardiente escenario energético nacional, un debate que viene de la mano del aluvión de proyectos eólicos y fotovoltaicos al que asiste España en estos meses, un aluvión que puede quedar resumido en un guarismo: el operador del sistema eléctrico nacional, Red Eléctrica de España, tiene sobre su mesa de tramitación proyectos por valor de 280 gigavatios de potencia, cuando el Objetivo 2030 de España es tener ese año 160 gigas operativos (hoy tenemos 110). En efecto: 280 parece más bien un guarismo de otra dimensión.
Hay en fin muchos proyectos, y una competencia feroz por llegar el primero. Y eso está suscitando preocupación en muchos colectivos, que ya han empezado a denunciar la permisividad de determinadas administraciones, que estarían dando luz verde a iniciativas de gran impacto sobre el medio. El debate ha llegado a tal extremo que algunos actores del sector han solicitado incluso una moratoria renovable que ha obligado a la mismísima ministra a pronunciarse sobre el particular.
Así empieza «Reducir el impacto ambiental de las instalaciones renovables», de Comisiones Obreras
«El acelerado desarrollo que se está produciendo en España de las energías renovables está produciendo un acalorado debate social, especialmente en las zonas rurales donde se proyectan las grandes instalaciones solares y eólicas. Al calor de ese debate han surgido numerosas plataformas territoriales y algunos manifiestos, entre ellos el de científicos especializados en biología. En cualquier caso el sindicato tiene que abordar esta cuestión para tener capacidad de respuesta a esta polémica social. Para centrar este debate conviene empezar afirmando que las afecciones medioambientales de las grandes instalaciones renovables son reales y que hay que abordarlas»
Comisiones Obreras alerta sobre cuatro impactos ambientales potenciales
● Ocupan suelo que en el caso de las plantas solares (fotovoltaicas o termosolares) puede ser muy amplio y pueden afectar a paisajes valiosos, o de recreo o a zonas agrícolas productivas.
● Pueden tener impacto en la biodiversidad, en el caso de los parques eólicos, particularmente en las aves, y en el caso de las plantas solares, afectando al tránsito de fauna y a la fragmentación de sus hábitats. "A este respecto -matizan desde Comisiones- hay que tener en cuenta que tanto en los parques eólicos como en las plantas fotovoltaicas más recientes se han mejorado mucho las medidas de reducción de los impactos sobre la fauna y flora respecto de los construidos hace tiempo".
● Utilizan muchos materiales de muy diverso tipo (acero, aluminio, vidrio, plásticos, metales y tierras raras…), algunos escasos, que hay que extraer, muchas veces de zonas con conflictos sociales o bélicos y en condiciones laborales inaceptables, y transformar, y que además, después de su vida útil, se convierten en residuos que no son fáciles de gestionar adecuadamente. En este terreno hay mucho que mejorar introduciendo medidas de economía circular para la recuperación de materiales (palas de aerogeneradores, módulos fotovoltaicos…) con proyectos industriales y de I+D+i.
● Algunas tecnologías pueden necesitar agua para refrigeración (solar termoeléctrica) o limpieza (fotovoltaica).
El sindicato es así mismo consciente de la gran virtud de las renovables
"En cualquier caso -señala Comisiones en su informe-, a la hora de abordar los impactos de las renovables siempre hay que tener en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que evitan; por ejemplo, sólo la eólica ha evitado en España en los últimos 20 años alrededor de 400 millones de toneladas de CO2 al sustituir a las centrales térmicas en la generación de electricidad".
Esa cifra es superior, por ejemplo, a todas las emisiones de España en 2019, que ascendieron a 313 millones de toneladas. En realidad -reconoce Comisiones-, las energías renovables han sido en nuestro país el principal factor de reducción de las emisiones de GEI, porque en los sectores del transporte, la industria o los consumos en los edificios las emisiones prácticamente sólo se han reducido por efecto de la crisis de 2008 o más recientemente por la Covid.
El sindicato reconoce por otro lado que, "ante la situación de emergencia climática, es fundamental cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, de penetración de energías renovables y que incluso estos habrán de superarse, si tenemos en cuenta que la UE ha aumentado sus objetivos de descarbonización para 2030 de un 40% a un 55%" (el Gobierno de España ha fijado el objetivo de reducción de emisiones en el -23%, muy lejos pues del -55% de la UE).
A priori
Comisiones Obreras considera "muy importante" reducir "sustancialmente" los consumos energéticos y ve así mismo "conveniente" electrificar más la demanda de energía en sectores como el transporte, la industria y la edificación.
«Esto significa que en política energética tenemos que poner el foco en primer lugar en las medidas para reducir la demanda de energía y actuar para ello en todos los sectores económicos, no sólo con mecanismos para aumentar la eficiencia energética de equipos, sistemas o vehículos sino también, y sobre todo, con medidas de ahorro de energía, para evitar los altos consumos que ahora se producen en la movilidad de personas y mercancías o en la climatización de los edificios»
Los noes de Comisiones
● CCOO cree que "la idea de que cada territorio peninsular tiene que tender a ser autosuficiente no se sostiene"
Muchos colectivos de zonas rurales sostienen -señala en su informe Comisiones- que no necesitan estas instalaciones porque en su provincia o comunidad autónoma ya se genera mucha electricidad renovable, más de la que necesitan para su consumo, y que transportar esa electricidad a largas distancias ocasiona pérdidas y es mejor la generación distribuida más cercana a los centros de consumo. "Este planteamiento -considera el sindicato- obvia el hecho de que las energías renovables se pueden producir sólo donde hay recursos renovables (viento, sol agua, biomasa… y suelo) y que hay zonas con concentraciones urbanas o industriales que apenas pueden generar electricidad por no disponer de esos recursos". Partiendo de esas premisas, CCOO concluye que "es razonable procurar un cierto equilibrio territorial en el sistema eléctrico, pero la idea de que cada territorio peninsular tiene que tender a ser autosuficiente no se sostiene en nuestras condiciones territoriales y productivas".
● El autoconsumo no va a ser suficiente para abastecer todas las demandas
Otro argumento, ligado al anterior, es que lo que hay que hacer es desarrollar el autoconsumo fotovoltaico, que democratizaría la producción de energía y que debería abastecer los consumos de viviendas y empresas. "Por supuesto que estamos de acuerdo en que hay que desarrollar el autoconsumo y las comunidades energéticas lo máximo posible -dice Comisiones-, por ello somos parte activa de la Alianza por el Autoconsumo, que agrupa a organizaciones empresariales y sociales, pero también sabemos que el autoconsumo tiene sus límites y que por mucho que se promueva sería imposible cubrir con él un segmento elevado de los consumos eléctricos del conjunto de las necesidades sociales y productivas".
Varias organizaciones han estimado que no es previsible que se instale mucho más de seiscientos megavatios (600 MW) de potencia anual en autoconsumo, lo que nos llevaría a tener en 2030 unos 6.000 MW, algo que sería "totalmente insuficiente -según Comisiones- para garantizar el suministro eléctrico de nuestro sistema". Además, Comisiones destaca en su informe las "muchas dificultades" que aún tienen "amplios segmentos de la población o de las empresas" para financiar su instalación y "a pesar de su extraordinaria bajada de costes".
El sindicato asegura por otro lado que el autoconsumo no puede atender las necesidades de, por ejemplo, industrias de alto consumo eléctrico, por lo que concluye que "son necesarias pues instalaciones renovables centralizadas de generación eléctrica".
● La transición no puede hacerse solo con financiación de la ciudadanía o de pequeñas cooperativas
Otra línea argumental de crítica al modelo de desarrollo de megaparques (eólicos o solares) es que este es promovido por grandes empresas del sector energético o fondos de inversión que nos conducen a "un sistema centralizado y en manos de oligopolios que no tienen en cuenta las necesidades sociales ni están dispuestas a negociar el desarrollo de sus proyectos con los agentes locales del territorio".
Pues bien, Comisiones señala en su informe que "este aspecto no nos es ajeno, ya que el sindicato siempre ha denunciado la existencia de un oligopolio eléctrico que condiciona, entre otros factores, el precio de la electricidad, pero -matiza- no podemos pensar que el urgente despliegue de las tecnologías renovables se pueda hacer sólo con financiación de la ciudadanía, o de pequeñas empresas cooperativas o locales". Los parques eólicos, las plantas de biomasa eléctrica, los campos fotovoltaicos o las centrales termosolares "requieren inversiones muy altas (generalmente no menores de un millón de euros por megavatio) que no es posible financiar -señalan desde Comisiones- con aportes de la ciudadanía".
Es más: el sindicato considera que "en el sector de las energías renovables existe una amplia descentralización de la propiedad de las instalaciones" y que "la democratización de la propiedad de las renovables, sin ser tan distribuida como en otros países europeos, sí que está mucho más repartida que hace simplemente dos décadas".
Por fin, y en lo que a la financiación se refiere, Comisiones considera que es preciso plantear también "la conveniencia de que, desde el Gobierno, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), o desde entidades locales o agencias de la energía se promuevan instalaciones renovables, o que se rescaten concesiones hidroeléctricas próximas a caducar. El sector público -concluye- debería participar más en la propiedad de las instalaciones renovables".
● La ocupacion de suelos por parte de la fotovoltaica no es un problema
Comisiones reconoce que, en algunos casos, se ha podido producir la ocupación de terrenos agrícolas productivos, pero sostiene que, "en general", no puede considerarse como un problema significativo por dos razones. La primera, porque, por lo general, un terreno agrícola que es altamente productivo no compensa alquilarlo para uso energético y no es previsible que estas situaciones se vayan a generalizar. Además cada vez se evidencia más la compatibilidad de ambas actividades, la agrícola y la energética, a través de la “agrovoltaica”, es decir la instalación de paneles solares encima de cultivos que favorecen a estos generando además electricidad.
Y la segunda, porque la escala de la ocupación de terrenos de la fotovoltaica es muy pequeña en comparación con la superficie existente de cultivos agrícolas, de pastos o de otras infraestructuras. Suponiendo que se instalen los 30.000 MW previstos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, estos podrían ocupar, según el informe de CCOO, unas 60.000 hectáreas, cuando sólo las infraestructuras viarias ocupan ya 600.000 hectáreas ó 3,7 millones de hectáreas los regadíos: "aunque puede ser un problema puntual en algunos lugares respecto de algunos grandes proyectos no parece que represente en España un problema global", concluye.
● "No puede ser que rechacemos aerogeneradores por el simple hecho de que los vemos"
Comisiones considera que el factor paisaje "desde luego que hay que protegerlo, especialmente en zonas muy singulares desde el punto de vista del patrimonio natural o de un turismo de naturaleza". El sindicato añade aquí incluso zonas que aunque no tengan especiales valores de ese tipo estén muy próximas a localidades y/o se utilicen por la ciudadanía para su recreo, "pero no puede ser -matiza- que este aspecto se utilice para oponerse a cualquier instalación renovable porque esté cerca de unas casas rurales o se vea desde algún sitio concurrido (...); no puede ser que rechacemos aerogeneradores o paneles fotovoltaicos por el simple hecho de que los vemos".
Sobre el paisaje
«Esta cuestión es muy subjetiva y hay que encontrar un equilibrio entre avanzar en la descarbonización del sistema eléctrico y proteger el paisaje. En cualquier caso, hay que evitar la desproporción que ahora existe en España entre las instalaciones renovables centralizadas a gran escala y las de renovables distribuidas y autoconsumo, primando más a estas últimas, y plantear medidas que refuercen la planificación ordenada de las instalaciones y la reducción de sus impactos ambientales y territoriales»
Las soluciones que propone Comisiones Obreras
● El Plan 2021-2030 del Gobierno
El sindicato propone en su informe tener muy en cuenta lo que plantea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, "que tiene una Evaluación Ambiental Estratégica aprobada, establece objetivos de penetración de renovables y diversas consideraciones -insiste Comisiones- de cómo debe ser su despliegue".
● El ámbito municipal
Comisiones Obreras recuerda por otro lado el papel de lo local: la planificación urbanística, de competencia municipal, determina los usos de suelo a través de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o de Normas Subsidiarias (NNSS) y puede permitir o no -recalca CCOO- la instalación de plantas renovables a partir de esa normativa.
● La EIA
El instrumento de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) sirve para proyectos de muchos tipos, entre ellos los de plantas renovables de cierto tamaño. Están regulados en la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (EA) y por normativas de algunas comunidades autónomas que amplían los supuestos a considerar. Comisiones Obreras denuncia en su informe que "estos procedimientos administrativos no se realizan en ocasiones con rigor y permiten la aprobación de proyectos que luego producen ciertos impactos en la biodiversidad".
El sindicato denuncia además "otro problema": el que los promotores de grandes instalaciones "a veces presentan los proyectos fraccionados de manera que al no superar cada uno de ellos los cincuenta megavatios (50 MW) se tramitan a través de las Consejerías de Medio Ambiente, que suelen ser más permisivas que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico".
Frente a ello, el sindicato obrero pide "mucho rigor" para "todas las Evaluaciones de Impacto Ambiental", y considera que "en ingún caso es admisible que se rebajen los estándares ambientales de la normativa para permitir estas instalaciones".
Más aún: CCOO propone "descartar, o plantear la reducción, de los megaproyectos fotovoltaicos (por ejemplo superiores a 200 hectáreas) que se encuentren en zonas agrícolas o próximas a poblaciones o a espacios con cierto valor patrimonial".
● Que las comunidades autónomas señalen las zonas que deben quedar excluidas del desarrollo renovable
"Sería muy importante -dice el informe de Comisiones- que las comunidades autónomas establezcan una planificación que determine qué zonas de su territorio deberían estar excluidas por su impacto en la biodiversidad o por afectar gravemente a otros usos recreativos o agrícolas prioritarios, con independencia de que ya existen zonas excluidas por las normas relativas a espacios naturales protegidos". El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha creado un geoportal con una zonificación a nivel nacional de la sensibilidad medioambiental, pero es meramente indicativa para los promotores y entidades que lo quieran utilizar.
«En cualquier caso, no es razonable plantear moratorias generalizadas para nuevas instalaciones renovables para una provincia, comunidad autónoma o zonas amplias del territorio porque significaría retrasar la implantación de energía limpia de emisiones en un escenario de emergencia climática como el que estamos»
● Reserva de un porcentaje de la potencia a subastar para proyectos de menos de 10 MW
Alianza por el Clima, plataforma ciudadana y social, en la que participa CCOO desde su creación, ha planteado recientemente al Ministerio para la Transición Ecológica varias medidas para ordenar mejor el desarrollo de proyectos de renovables. Entre ellas, que en el mecanismo de subasta para nueva potencia renovable se reserve un porcentaje importante en las mismas para proyectos inferiores a diez megavatios (10 MW), "ya que son los proyectos más grandes, sobre todo en fotovoltaica -apuntan desde CCOO-, los que generan más problemas territoriales". Las subastas deberían además establecer criterios de condicionalidad priorizando proyectos en zonas de baja sensibilidad, de repotenciación o de hibridación.
● Agrovoltaica, fotovoltaica flotante, comunidades energéticas
También se reclama, por supuesto, potenciar mucho más el autoconsumo urbano e industrial y la generación distribuida con la figura de las Comunidades Energéticas Locales, así como proyectos que ocupen espacios en embalses de agua o en infraestructuras existentes o que se integren con otras actividades como la agrovoltaica, piscifactorías, etc.
● Graduación de la aptitud medioambiental del suelo
Las evaluaciones de impacto ambiental y la planificación autonómica que reclamamos deberían considerar una graduación de la aptitud medioambiental del suelo de cara a posibles proyectos de plantas renovables ya sean eólicas o solares. En ese sentido se deberían priorizar suelos urbanizables o suelos rústicos o no urbanizables sin valores ambientales relevantes, de terrenos degradados por otras actividades (mineras, vertederos…) o agrícolas de secano e improductivos o de escasa productividad, y por otra parte excluir o evaluar con mucha cautela los sistemas de alto valor natural o los sistemas agrarios productivos o con elementos de importancia para la biodiversidad, con independencia de que cuenten con figuras de protección específicas.
«En cualquier caso, sería deseable que los promotores de instalaciones establecieran, desde el principio del estudio de las posibles ubicaciones, un dialogo sincero con los actores locales, municipales, empresas, sindicatos y entidades sociales, para elegir las zonas más adecuadas y una dimensión razonable de los proyectos»
Informe «Reducir el impacto ambiental de las instalaciones renovables»
