El discurso del Gobierno es el siguiente: hay que partir de la premisa de que la principal amenaza para la biodiversidad es el cambio climático, y, para enfrentarse a él y transformar el sistema energético -consideran en el Ministerio- no basta con autoconsumo y comunidades energéticas locales, o sea, que serán necesarias "algunas plantas de tamaño industrial". El Ejecutivo -ha dicho la vicepresidenta- es no obstante consciente de la "creciente preocupación por parte de los agentes en el territorio", ante lo que estiman es "un aluvión de peticiones de proyectos renovables". Pues bien, para abordar la necesaria compatibilidad entre el despliegue renovable y la protección del medio ambiente, están los mapas de zonificación, una herramienta cartográfica ya disponible -ha explicado la ministra- que orienta la toma de decisiones de los responsables de planificación y promotores de proyectos de energías renovables, en concreto de la eólica y la solar fotovoltaica, al facilitar la identificación de los valores ambientales o figuras de protección que puedan afectar las decisiones de ubicación o diseño de estos proyectos. Eso sí -recuerdan desde el Ministerio-, la ordenación del territorio y la protección ambiental y de la biodiversidad son competencia de las comunidades autónomas, al igual que una buena parte de las funciones de evaluación de impacto ambiental, por lo que es capital fortalecer la colaboración entre Administraciones.
Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: "las centrales eólicas y fotovoltaicas tienen un gran conocimiento sobre cómo hacer compatible su desarrollo con otros usos para minimizar el impacto en el territorio y facilitar el uso de estos espacios. Debemos dar cobertura y trabajar con los actores locales que están desarrollando iniciativas que compatibilizan el desarrollo de estas plantas con otros usos, como es el caso de la agrovoltaica”
Con respecto a la necesidad de una moratoria que sirva para aclarar el panorama, la ministra ha sido muy explícita: “reivindicar una moratoria hasta que no haya nuevos planes de ordenación territorial -ha dicho- equivale a renunciar a una década entera, una década clave en la transición energética. No se puede partir de cero, se trata de reforzar los mecanismos existentes". Para Ribera tampoco es razonable rechazar de plano las nuevas soluciones tecnológicas (aerogeneradores, parques solares), que tienen menor impacto que todas las tecnologías energéticas desplegadas hasta ahora, además de ser ocupaciones desmontables con capacidad de introducir correcciones (de tamaño, de convivencia con especies y con otras actividades).
La ministra ha aludido también al impacto del volumen de trabajo en la Administración que supone una actividad promotora “no siempre seria sino con intención táctica”. A tal efecto se ha planteado la oportunidad de introducir una tasa de tramitación que sirva de filtro para priorizar proyectos maduros, solventes y compatibles con la menor afección ambiental, evitando así el colapso de las administraciones ante el aluvión de expedientes.
Instrumentos adicionales
Ribera ha reivindicado la necesidad de profundizar en los sistemas vigentes mejorándolos con instrumentos adicionales. Por ejemplo, en cuanto a nuevos desarrollos eólicos marinos y de la fotovoltaica flotante, se trabaja para identificar las zonas donde pueden ubicarse estos proyectos. En el territorio, por su parte, se podrían introducir en los concursos de los nudos de acceso criterios que tengan en cuenta el aprovechamiento de los recursos endógenos y los beneficios locales, mecanismo que ya se utiliza en los concursos de los nudos de acceso en zonas de transición justa.
La vicepresidenta ha explicado, además, que se trabajará con un grupo de académicos mixtos (ecólogos, tecnólogos, expertos en economía y desarrollo energético, geógrafos…) para mejorar la integración de tres grandes principios: las personas en el territorio, la biodiversidad y el paisaje y el cumplimento de los estándares de transformación del sistema energético.
La ministra ha insistido por fin en que el Gobierno mantiene un fuerte compromiso con el desarrollo de energías renovables responsables: “es la primera vez que tenemos acceso a formas modernas de energía con menor afección en el medio natural. Ni por emisiones, ni por calidad del aire, ni por riesgo para las aguas subterráneas o por gestión de residuos es comparable lo que significa la presencia de un aerogenerador o de una instalación fotovoltaica en un determinado territorio con las implicaciones de las grandes centrales que todavía existen en nuestro país” (en alusión seguramente a las centrales térmicas que aún queman carbón, diésel, fuelóil o gas natural en nuestro país, generando así electricidad, pero también emitiendo gases de efecto invernadero).
