El Gobierno quiere poner fin a las decenas de litigios millonarios emprendidos por los propietarios de las instalaciones afectadas por los recortes a las renovables emprendidas en 2013 y para ello les ofrece cobrar durante 12 años la remuneración actual del 7,39% si renuncian a pleitear. En caso contrario, si persisten en reclamar compensaciones, se quedarán con la nueva retribución, del 7,00%, y solo durante seis años, hasta 2025.
Los demandantes que cuenten ya con un fallo a su favor por parte de los tribunales internacionales, reconociéndoles el derecho a la indemnización, también pueden optar a ese régimen de retribución, mientras que las instalaciones no afectadas por el recorte percibirán la tasa del 7.09%.
Según ha subrayado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo, este real decreto ley "encaja dentro de las necesidades de transformación de nuestro modelo energético" e introduce "predictibilidad, seguridad y recupera la confianza de los inversores que se sintieron traicionados en 2013".
La norma, que entrará en vigor mañana, deberá ser convalidada por el nuevo Parlamento, que se constituirá el 3 de diciembre, y se aplicará desde el 1 de enero de 2020.
España acumula actualmente 45 procedimientos arbitrales en diferentes tribunales internacionales, como el Ciadi del Banco Mundial y la Cámara de Comercio de Estocolmo, por el recorte a las renovables, y la mayoría los está perdiendo. De los diez ya resueltos solo ha ganado dos, si bien el Estado tiene reclamados los perdidos, y ha solicitado la anulación de los pagos impuestos, basándose en la decisión de Bruselas que establece que estos litigios deben pasar por el Tribunal de Justicia de la UE.
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